Menéndez dijo que el tribunal que lo juzga es “incostitucional”
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl general retirado sostuvo que “la ley vigente cuando la subversión marxista pretendió tomar las instituciones era el Código de Justicia Militar”, por lo que el único cuerpo por el que aceptó ser procesado es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Para el ex hombre fuerte del Tercer Cuerpo, en la década del 70 el Ejército comandó una “guerra contrarrevolucionaria”, de la que se reconoció comandante en Córdoba, para “enfrentar y vencer al terrorismo marxista” y a “terroristas subversivos” que -según afirmó- “no abandonaron la lucha política” y ahora “usan las instituciones para juzgar a quienes defendieron la patria”.
“Yo soy el único responsable por la actuación de mi tropa y a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada ni menos privar injustamente de su libertad”, agregó el represor, quien además aseguró que el proceso que comenzó el martes pasado viola el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En este proceso, Menéndez es juzgado junto a los militares retirados Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone, por el secuestro, torturas y asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, en 1977. Excepto Menéndez, que desconoció el proceso, los otros imputados negaron los cargos formulados por la Fiscalía y la querella y que fueron leídos por el presidente del Tribunal Oral Número 1, Jaime Díaz Gavier, secundado por los vocales Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará.
En la primera parte de la audiencia, la defensa de los acusados pidió la recusación de un miembro del tribunal, el vocal Otero Alvarez, lo que fue rechazado por la Fiscalía y querella y denegado por el propio tribunal tras un acuerdo por mayoría con abstención del acusado.
El pedido de apartamiento del vocal se basó en que Otero Alvarez fue secretario penal del fallecido ex juez Adolfo Zamboni Ledesma, a quien se lo acusó de estrechas relaciones con el Ejército durante la dictadura. El abogado oficial Máximo Liva recordó que el vocal está acusado por su actuación en aquellos años ante el Consejo de la Magistratura, a partir de una denuncia del secretario de Derechos Humanos Luis Baronetto, y su actuación en el juicio podría estar afectada por un eventual jury.
“No está garantizada la habilitación subjetiva de Otero Alvarez”, dijo el defensor en la segunda jornada del primer juicio de Córdoba por los delitos de la dictadura militar. El tribunal aceptó además la inclusión de dos pruebas nuevas ofrecidas por la querella: por un lado, copia de los libros de guardia de la ex seccional 11, de barrio Alto Alberdi, del día que fueron asesinados las víctimas en la esquina de las avenidas Colón y Sagrada Familia. La segunda prueba que se integra al material de la causa es un análisis de sangre obtenida en La Perla.
La fiscalía integrada por Maximiliano Hairabedián, Graciela López de Filoñuk y Fabián Asís, y la querella compuesta por los abogados de HIJOS, Claudio Orosz y Martín Fresneda, acusan a los imputados de secuestrar a las victimas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1977, trasladarlas al centro de detención La Perla, torturarlas ferozmente y luego matarlas a balazos el 15 de diciembre del mismo año.
Menéndez, Rodríguez, Acosta, Manzanelli, Vega, Diaz, Padován y Lardone, están acusados de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos (Brandalisis, Lajas, Palacios), tormentos agravados (Brandalisis, Lajas, Palacios y Cardozo). De homicidio agravado de las cuatro victimas están acusados Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone.
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