Militantes de la CCC pidieron la renuncia de Ferreyra y que se forme ?una comisión investigadora?

Esta vez, acercaron a los distintos bloques del Concejo Deliberante un proyecto de resolución en el que solicitan que la actual directora de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreyra, sea separada de su cargo hasta tanto se resuelva la situación judicial, y se conforme una comisión investigadora que analice en profundidad el tema. Además, pidieron el uso de la Banca XXI en la próxima sesión.

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Así, el conflicto por el intento de desalojo de tres familias de un grupo de lotes en Arlt y Paraguay, en Villa Cordobita, se profundiza, aún más con la denuncia penal radicada en Azul el viernes pasado por “Asociación ilícita y tráfico de influencias” de funcionarios municipales, judiciales y abogados que “negocian terrenos fiscales y utilizan herramientas legales para desalojar a familias”, según fundamentan.

En diálogo con El Eco de Tandil, Griselda Altamirano, dirigente de la CCC, explicó ayer que se habían acercado una vez más al Municipio para presentar un proyecto con la fundamentación de lo que vienen diciendo desde la semana pasada y que se hizo público. Recordó que el viernes radicaron una denuncia penal en la fiscalía de Azul, y según los pasos legales “muestran que van a tener que derivar la denuncia a nivel local y, si los fiscales actúan correctamente, se van a tener que excusar, y va a volver la denuncia, y quien va a investigar va a ser un fiscal de Azul”, señaló.

En la Municipalidad, informó que “vinimos a entregar un proyecto de resolución, en donde pedimos específicamente que, en relación a esta denuncia penal y como involucra a una funcionaria pública, sea separada de su cargo en tanto se resuelva la situación judicial, y además que se forme una comisión investigadora en relación a los elementos de prueba que nosotros encontramos en la causa 1814/13, donde intentan desalojar a estas cuatro familias”.

Consideró así que “hay una contradicción entre su rol de funcionaria pública y haber avalado y sido testigo para desalojar a estas cuatro familias en situación de vulnerabilidad social”.

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En este sentido, Altamirano ratificó que “hay un tráfico de influencia porque ella inicia sus tareas en el área de legales en 2003, siendo secretaria del entonces responsable, Juan Pablo Frolik, donde se producen los primeros intentos de posesión de estas personas, con cerco,  y empiezan a pagar impuestos municipales”.

“Distintas cosas que -remarcó- no se pueden entender cómo han tenido acceso Estanislao Campos, Roberto Melillo y Gabriel Occhi, como pagar impuestos municipales a nombre de Tandilia cuando ningún impuesto municipal llega a ninguna de las direcciones porque nosotros no tenemos número de puerta, como se dice, y ningún recibo de Tandilia ha llegado”.

“Ellos tienen esos recibos -afirmó-, no sólo eso, sino que en 2007, tenemos, y figura también como prueba en esta causa, un recibo del área de Legal y Técnica por el pago de honorarios en las costas judiciales que inicia el Municipio contra Tandilia sobre apremios, se les habilita a estas personas, incluso le expiden un recibo que dice Estanislao Campos poseedor a título de dueño, y luego de eso hacen el traspaso a su nombre de los recibos municipales”.

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Denunció entonces que “nosotros entendemos que ahí hay un delito desde el área de Legal y Técnica, ya que solamente se puede hacer el traspaso de los nombres a título de una persona que sea el dueño o por lo menos que presente un boleto de compra venta, no a un poseedor a título de dueño”.

 

“Una gran impunidad”

“Nosotros creemos que ha habido una gran impunidad y que han venido con este modus operandi durante muchos años”, aseguró Altamirano, al tiempo que contó que además “lo que pedimos al Concejo es que investigue los casos de usucapión de los últimos 10 años junto con los abogados patrocinantes, se haga una comisión investigadora que objetivamente analice si hay nombres que se repiten”.

Advirtió en medio de la denuncia que “tenemos acceso a los juicios de usucapión de los últimos 7 años y vimos apellidos que se repiten muchísimo”, aunque aclaró que “no tenemos acceso a los abogados patrocinantes, pero sí, y todo el mundo lo sabe, esto que todo el mundo sabe y nadie dice, es que hay abogados que se dedican pura y exclusivamente a litigar en estos juicios de usucapión. Lo que no saben los abogados que son honestos o que pretenden hacer su actividad como corresponde es de dónde sacan los datos estos abogados para estar litigando y hacer juicios de usucapión constantemente. Nosotros lo sabemos: es desde adentro de la Municipalidad”.

 

La acusación

Altamirano confirmó así que “nosotros acusamos a Zulma Ferreyra porque son los elementos de prueba que tenemos alrededor de esta causa, pero será la comisión investigadora y la Justicia las que determinen mayores responsabilidades”.

Consideró en este sentido que “los funcionarios que están y aparecen ahí son en realidad el último eslabón de la cadena, por eso pedimos que la Justicia investigue y llegue hasta el mayor responsable. Por eso, también, en el pedido de informe, queremos que se investigue al responsable del área de Legal y Técnica, Juan Pablo Frolik, entre 2003 y 2007, que es donde se produce la mayor cantidad de filtración de datos catastrales y es la fecha donde se emite este recibo por las costas en un juicio y se le habilita a estas personas el pago de impuestos municipales”.

“Creemos que hay responsables políticos, que un empleado no emite un recibo sino que hay alguien que decide que esto sea así, entonces, queremos que se investigue en profundidad”, insistió.

Por último, la dirigente de la CCC local señaló -tras las declaraciones públicas de la directora señalada- que “Zulma salió a decir que es una cuestión política y que por eso, como ella es funcionaria del gobierno radical, nosotros le pegamos”, a lo que aclaró que “no estamos diciendo que el gobierno radical es corrupto, estamos diciendo que ella es corrupta”.

“Durante años nos han acusado de ser los piqueteros de Lunghi por pegarle al Gobierno nacional, somos coherentes en nuestra política y en lo que planteamos. Ellos se metieron con gente que no tiene recursos para hacer un negocio. Lo que estamos diciendo es que hay funcionarios inescrupulosos y corruptos en el Poder Judicial y local, y que se tiene que investigar y destituir a los responsables. Es la única manera de que no sean salpicados los que realmente quieren hacer algo para transformar las cosas”, concluyó.