Militantes de Territorio Cultural se movilizaron al Municipio para reclamar la compra de lotes

Ayer por la mañana, militantes de Territorio Cultural, agrupación que a nivel nacional depende del Frente Popular Darío Santillán, realizó una movilización y protesta en el hall central del palacio municipal, en reclamo de la posesión de terrenos ubicados en Villa Gaucho y de la conexión del servicio de energía eléctrica. 

El grupo de manifestantes acompañó con bombos y banderas, mientras algunos referentes elevaron un petitorio a los distintos bloques de concejales y aguardaron que el jefe de Gabinete Juan Pablo Frolik los recibiera. Finalmente, el encuentro no se concretó porque el funcionario estaba en otra reunión en Cerro Leones. 

En diálogo con El Eco de Tandil, uno de los referentes de la agrupación, Juan Arrizabalaga, explicó que “hace un año que venimos reclamando al Municipio terrenos fiscales para el desarrollo de un barrio comunitario en Villa Gaucho, de familias en situación de vulnerabilidad habitacional”. 

El representante de Territorio Cultural informó que entre julio y octubre del año pasado se reunieron con el jefe de Gabinete en unas quince oportunidades y explicó que “no obtuvimos ninguna respuesta. Ante esa situación, terrenos que estaban en quiebra, sin retribución impositiva provincial ni municipal y sin uso social ni familiar, decidimos hacer posesión de hecho para que el Municipio compre el terreno y nosotros comprárselo en cuotas sociales”.

Se trata de diez parcelas, ubicadas en Marzoratti 1550, destinadas a construir casas para nueve familias y un centro social y cultural. El  espacio ya presenta seis construcciones en pie y hay tres familias que están habitando. “El objetivo también es desarrollar el espacio social para seguir con la labor comunitaria que ya realiza la organización en Villa Gaucho”, precisó Arrizabalaga. 

Junto al petitorio para lograr el dominio de las tierras y para ser provistos del servicio de energía eléctrica, los militantes presentaron un proyecto del barrio, una tasación de un martillero que valuó en 280 mil pesos el inmueble y “una propuesta de solución que tiene que ver con esa oferta o discutir otros instrumentos legales y transparentes que hay para solucionarlo que tienen que ver con la expropiación también”.

El militante aseguró que el terreno nunca fue utilizado y que parte de los datos catastrales se los brindó Juan Pablo Frolik, “que se negó a dar información sobre terrenos fiscales ante la propuesta transparente. Nosotros no queremos que acá nadie haga una propuesta por abajo de la mesa ni nada por el estilo, queremos debatirlo en todos los bloques, de forma transparente y que la ciudadanía sepa cómo se va a resolver”.

También sostuvo que “el dinero es poco en referencia a la situación de nueve familias ante situación de vulnerabilidad. Alguna respuesta el Estado tiene que dar”. 

 

Duras críticas

 

Arrizabalaga cuestionó que el oficialismo salga por los medios a reivindicar que tiene una política de viviendas cuando con la agrupación ha mantenido más de quince reuniones y “nos ha mentido, bicicleteado”. Por este motivo, defendió el proyecto, porque “ofrecemos una solución de fondo; los alquileres son paliativos”.

Advirtió que seguirán construyendo en el lugar e indicó que “el Estado tiene que garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda. Las políticas públicas que hay en torno a la tierra y a la vivienda son dos: el Plan Federal, que impide que accedan familias de más de dos hijos, lo cual deja a gran parte de los barrios populares afuera de esa situación, y la otra fue el sorteo de lotes que hubo luego de mucho conflicto de viviendas, en el cual dejan afuera a la gente que gana menos de 2.500 pesos, cosa que el Municipio ha mentido a los medios y estaba filtrando las listas el día anterior al sorteo”.

Por este motivo, concluyó que “hay una franja importante de la población que no accede a ninguna política de vivienda, entonces hay familias que no pueden seguir ante la especulación inmobiliaria que hay en esta ciudad, de la cual el Gobierno radical es cómplice, no pueden seguir pagando porque no tienen”.

El 75 por ciento del terreno está inmerso en dos procesos de quiebra y el propietario del otro 25 por ciento radicó una denuncia por usurpación, “pero ha declarado legalmente que está dispuesto a venderlo a los poseedores de hecho y que el Municipio tome las responsabilidades en el caso para resolverlo”. 

Sobre los beneficiarios, relató que “se armó un grupo de familias en situación de vulnerabilidad el año pasado dentro de la organización social de gente de Villa Gaucho y de otros barrios de los alrededores o que participaban en la organización y tenían esos problemas. Nos empezamos a organizar en asamblea y a hacer el reclamo”.

Las viviendas son de autoconstrucción y al no contar con la tenencia de las tierras, Territorio Cultural se ve imposibilitado de gestionar para obtener materiales o la financiación de unidades habitacionales. 

“No estamos inventando nada. Que usen los instrumentos públicos del Estado y legales para resolver constructivamente. Todas las partes lo quieren resolver, todos han declarado abiertamente la voluntad de resolverlo, falta la voluntad política del Municipio, porque no es un tema financiero”, dijo Juan Arrizabalaga y mencionó que los docentes por la vivienda han comprado lotes a 10 mil pesos cada uno. *