Municipios aumentan tasas, una medida que podría tomar Lunghi para equilibrar cuentas

Varias comunas de la provincia de Buenos Aires ya decidieron un nuevo retoque en sus tasas, como medida para paliar el desequilibrio entre ingresos y egresos en los estados municipales, y así evitar ingresar en rojo a un 2011 que arrojará incertidumbres por la disputa electoral.
Según datos que pudo recabar El Eco de Tandil de distintos informes económicos, de a poco los intendentes bonaerenses encaran la medida más clásica a la hora de equilibrar sus cuentas: aumentan la presión tributaria, mientras el gasto corriente se estira en la medida de sus posibilidades.
En Esteban Echeverría, el Concejo Deliberante aprobó a principios de mes, por amplia mayoría, el aumento generalizado de tasas del 24 por ciento propuesto por el intendente justicialista Fernando Gray.
En Pinamar, el flamante intendente Blas Altieri analiza crear dos tasas -una de ellas, de turismo, y la otra de corte ambiental- para hacer frente a la presión salarial de los trabajadores y menguar el rojo de cerca de 17 millones de pesos que agobia las cuentas locales.
En tanto, en Necochea, los funcionarios admitieron que evalúan un posible retoque de los valores de las tasas urbanas y de servicios.
A ello se suma la decisión de Scioli de replicar, en beneficio de los municipios locales, el Programa de Desendeudamiento anunciado por la Presidenta en mayo pasado, para los casos de las provincias con deudas con la Casa Rosada.

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Y mientras varias comunas ya lo hacen y otras como Tandil lo condicionan al desempeño de los ingresos fiscales del segundo semestre, como lo hizo hace días el secretario de Economía y Administración local, Gastón Morando, los caudillos del Conurbano pretenden desempolvar una herramienta de recaudación que hasta ahora permanecía en algún cajón.
Por eso, en la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner se entrevistó con la Federación Argentina de Municipios (FAM). Allí los alcaldes -de distintos colores políticos, y varios de ellos bonaerenses- cosecharon el aval presidencial para destrabar un cargo especial, no tributario, del 2 por ciento sobre el monto de las facturas de los servicios públicos.
Se trata de una transformación aprobada por ley en 2001, pero que fue vetada ese mismo año por el entonces presidente Fernando de la Rúa (UCR), a pedido del FMI. Bajo este modelo, los municipios cobrarán por el ?uso del espacio público? a las empresas que lo utilicen -con cableado, o por ondas o tendidos subterráneos-, mientras que las compañías lo incluirán como un cargo extra en las facturas, para engordar las arcas municipales.
La jefa de Estado también avaló la propuesta de convertir a los municipios interesados en agentes de retención de IVA de los pagos que realicen a proveedores, con un porcentaje para las comunas por cumplir ese rol. *

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