El 13 de febrero último, nueve días antes de la llamada “Tragedia de Once”, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) volvió a advertirle al entonces secretario de Transportes de la Nación , Juan Pablo Schiavi, el gravísimo estado del servicio ferroviario que prestaba la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
Esa advertencia es una de las tantas pruebas que aparecen en medio de un cúmulo de distintas observaciones que aquel organismo destacó a lo largo de varios años y que ahora tomó forma de un informe que llegó a manos de los legisladores tras requerirse explicaciones al área que debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de las empresas ferroviarias.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu email“Basta leer apenas unas pocas líneas de este informe de 317 fojas para advertir que a esta altura hablar de “tragedia evitable” es una obviedad: lo que tenemos aquí es un grado de irresponsabilidad y connivencia escandaloso”, indicó Mouillerón, secretario de la comisión de Transporte en la cámara Baja.
A la vista de las sanciones millonarias que la CNRT aplicó, sin éxito, a TBA (y a otras concesionarias) durante varios años y de los lapidarios informes en los que se detallaba el calamitoso estado de la red vial y el material rodante, todo ello sin que el Ministerio de Planificación Federal se encargara de tomar medida alguna, “resulta increíble –opinó- que alguien pueda plantear la posible responsabilidad de un conductor como motivo de la tragedia.
Ante todo, si el maquinista no estaba en condiciones de desempeñarse en esa función, esa situación también era responsabilidad de la empresa, pero esta documentación enviada desde la CNRT va mucho más allá de eso y no deja lugar a dudas sobre el grado de irresponsabilidad con que se manejó la Secretaría de Transporte, que no hizo cumplir las sanciones que aplicó la CNRT y permitió que prosiguiera una flagrante falta de cumplimiento de parte de todas las concesionarias.
Tienen que ir presos todos: funcionarios y empresarios”, reclamó el legislador del bloque Unión Peronista.
Según se desprende del análisis de la respuesta que la CNRT hizo llegar a Diputados, “los organismos de control establecieron fehacientemente el incumplimiento, por lo tanto es de esperar que el juez Claudio Bonadío actúe además contra los funcionarios que vulneraron la ley y que también tienen responsabilidad por las víctimas”, agregó Mouillerón.
“Analizando con profundidad queda claro que la negligencias compartidas tienen mucho que ver con los subsidios: por un lado, el Estado los otorgaba sin una rendición de cuentas que hasta la fecha clarifique el uso de los mismos, y, por otro, eso mismo hacía que las empresas permanecieran dentro de las concesiones sin que hubiera llamados a licitación como estaba establecido en la ley.
Es necesario –evaluó- que la Justicia contemple a todos los responsables políticos de la Tragedia , porque habitualmente la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos nos lleva siempre a una discusión en términos económicos pero la gran perdida son los 51 muertos, los heridos, los familiares de las víctimas y los pasajeros que siguen viajando hacinados. Esa faceta es la peor cara de la corrupción”.
El diputado adelantó que planteará un seguimiento desde la comisión de Transporte de la Cámara sobre esta cuestión y al mismo tiempo señaló su disconformidad con la decisión presidencial de trasladar la administración de lo que tenía a su cargo TBA “a otras empresas que tampoco han cumplido”.
Sobre el autorMás de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios
