Nuevas irregularidades elevaron el tono del debate por el loteo de las tierras

  

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Concejales recibieron ayer a los representantes legales de la familia Segurola y a algunos compradores de lotes, en el marco del debate por la subdivisión de las tierras ubicadas sobre la avenida Don Bosco, en el sector posterior del Polideportivo Municipal. El encuentro, que tuvo algunos pasajes de discusiones fuertes, terminó con acusaciones cruzadas entre la UCR, el FPV y uno de los abogados de las partes.
A priori, cerca de las 9 llegaron los letrados que intervienen en la sucesión de la familia Segurola para aclarar algunos detalles que no figuraban en el expediente. Una hora más tarde se sumó un grupo de compradores, que también explicó en qué situación adquirieron la propiedad y aportaron documentación.
En principio, salieron a la luz algunos datos relevantes en un tema que está plagado de situaciones irregulares. Es que se vendieron terrenos que no existen, con un plano de subdivisión que no fue aprobado ni está inscripto en la Provincia, pero además el predio no tiene indicadores urbanísticos, hay casas construidas sin planos aprobados y existe al menos un documento rubricado por un profesional que certifica que la escritura está en trámite.

Situación compleja

El presidente del bloque del PJ-FPV Pablo Bossio calificó la situación de “compleja” porque se vendieron lotes de un predio que había sido declarado de utilidad pública sujeto a expropiación. “Recién nos enteramos que declinó el Estado municipal de hacer ejercicio de esa expropiación”, marcó.
Agregó que aparecieron compradores de buena fe de los 42 lotes inexistentes y tampoco se sabe cuántos se vendieron. “Hay toda una historia detrás de esta subdivisión porque hubo decisiones del Estado en varios sentidos. Primero, al considerarlo un ámbito que pudiera ser expropiable; luego con la sanción del PDT declararlo como Zona de Especial Interés Urbanístico (ZEIU); cuando algunos titulares empezaron a construir no hubo algún acto administrativo que prohibiera la continuidad de la construcción de las casas, es decir, hubo una convalidación de esa construcción”, enumeró.
Dijo que como concejales “estamos en una situación compleja porque lo que estamos discutiendo es quién planifica el territorio” y argumentó que si bien el Estado tiene obligación de dar los indicadores, en este caso fueron propuestas por un privado y si el Legislativo no lo convalida, estará generando una situación de conflicto con los compradores de esos lotes.
Adelantó que van a seguir estudiando el expediente porque se van sumando elementos y desconocen otros, como la traza de las calles, si se aprobaron los planos de las tres casas construidas en el predio o si el Estado les advirtió que no podían edificar.
“No sabemos a ciencia cierta cuál es el interés del Estado municipal en materia de subdivisión en ese sector de la ciudad. Hoy estamos aceptando una subdivisión que viene dada por un privado”, manifestó.
Bossio recalcó que con esta decisión le estarán dando “un mensaje” a la sociedad, cuando hay otros espacios que también demandarán indicadores. Por eso insistió en que “el Estado es quien planifica el territorio, no puede avasallar los intereses de terceros, se tienen que buscar los mejores y más sanos equilibrios, debe primar el criterio de la razonabilidad, las arbitrariedades no sirven ni para el privado, ni para el Estado”.
Por último, llamó a no perder de vista que los compradores se verán beneficiados con la decisión del Concejo, ya que pagaron 40 mil dólares por lotes de unos 2 mil metros que con escritura pasarán a costar mucho más. “Es la convalidación de un negocio inmobiliario y un proceso de revalorización de suelo”, concluyó.

Los “mantos
de sospecha”

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En tanto, Juan Pablo Frolik sostuvo que “se habla de una excepción. No vamos a dar una excepción. Acá en 1997 hay una ordenanza de expropiación de esos terrenos que se convirtió en ley provincial en 2001 ó 2002 para expropiar esos terrenos y extender el Polideportivo Municipal”.
Agregó que una de las cosas que discutieron ayer fue el plazo de esa ley de expropiación, que si en dos años no se realiza el juicio o se produce un acuerdo con los dueños, se considera abandonada. “Eso es lo que pasó”, dijo y confirmó que existe una tasación municipal de esa época.
En tanto en 2000 comenzó a delinearse el PDT y como se conocía la situación de expropiación, colocaron estas tierras como ZEIU, sin indicadores urbanísticos para no elevar el precio que debía pagar el Estado al quedarse con el predio.
Mientras tanto, la familia Segurola intentaba subdividir y la Municipalidad estaba obligada a dar los indicadores urbanísticos. Frolik destacó que en su momento, los dueños pretendían parcelas de 10 por 30, pero el Municipio logró proyectar lotes de 1500 metros cuadrados.
En cuanto a la aparición de terceros adquirentes, señaló que “cuando uno compra, lo hace sobre la base del asesoramiento que le dan los profesionales. Una de las personas trajo un boleto de compraventa, que dice que lo hizo en la escribanía de Marcelo Cifuentes y tiene una certificación que dice que la escritura está en trámite sobre una parcela que, según dice la misma certificación, tiene unas medidas y linderos de acuerdo a un título que está inscripto en el Registro de la Propiedad. Eso no es así porque ni siquiera está aprobado el plano”.
Expresó que “tiramos tantos mantos de sospecha, entonces que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo” y recordó que “Marcelo Cifuentes fue candidato en 2007 a intendente por el Frente Para la Victoria, y fue el escribano director de propiedades del Procrear hasta hace 5 meses y fue el predecesor de Pablo Bossio de la presidencia del club Santamarina”.
Frolik retó a que si quieren seguir estudiando “vamos a sacar todo a la luz, incluso el estudio de las leyes” y sostuvo que “mi criterio es que la subdivisión tiene razonabilidad en cuanto a las medidas de las parcelas, porque en los dos costados hay parcelas más chicas. Con darle los indicadores urbanísticos estoy de acuerdo”.
En segundo término, se mostró de acuerdo en firmar un convenio urbanístico y con que le entreguen al Municipio las 6 hectáreas para hacer el corredor ecológico desde el Polideportivo hasta La Cascada. u

El doctor Pey aseveró que el proyecto
“estaba hablado con este Gobierno”

El abogado Roberto Pey, representante de una de las partes descendiente de la familia Segurola, contó que los compradores “lógicamente están preocupados porque hace años que lo que querían era escriturar y todavía no han podido. Nosotros les hemos prometido siempre que se va a escriturar, pero depende del trámite municipal que estamos esperando que termine”.
El letrado sostuvo que “no hay nada ilegal” y explicó que “había un anteproyecto de plano de subdivisión con las distintas parcelas que ya estaba hablado en la Municipalidad, entonces los herederos consideraron conveniente, ya que estaba prácticamente todo listo, empezar a vender e hicieron boletos de compraventa”.
En cuanto a la fecha de estas conversaciones, afirmó que “estaba hablado con este Gobierno” e informó que la mayoría de los lotes está vendida y hay construcciones. “Si hubieran edificado en un lugar que está prohibido, lógicamente la Municipalidad los hubiera infraccionado, les hubiera clausurado la obra”, argumentó.
Pey rescató que los vendedores son los verdaderos titulares: “No es que se vendió un buzón acá” y pidió que se apruebe la subdivisión para terminar con el trámite de escrituración.
“A todos, a los concejales, a la gente de Obras Públicas, a los abogados y a los herederos que han vendido nos preocupa muchísimo la gente que quiere escriturar. No es cuestión de plata, porque ya prácticamente pagaron todo. Los herederos lo que quieren es cumplir con su palabra y que esta gente tenga las escrituras”.
Para cerrar, expresó que “dependemos de que el Concejo Deliberante tenga sentido común y que dicte la ordenanza como corresponde”. u

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Frolik, molesto con el PRO

Ayer, el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik se mostró enojado con una práctica que viene observando de parte de los concejales del PRO, vinculada a “ensuciar” a ciertas personas en público y luego retractarse en reuniones privadas.
En principio, se mostró sorprendido porque hace un mes y medio el concejal Claudio Ersinger insistiera en tratar este tema porque lo iba a acompañar. “Nunca votó un convenio urbanístico y de repente aparecía votando a favor un convenio urbanístico”, destacó.
Postergado el tratamiento, remarcó que Ersinger dijo ante los medios que los abogados de la sucesión eran familiares de los Segurola, que uno es hermano de la concejal Carolina Gutiérrez y otro es el vicepresidente de la Usina, aunque aclaró que no había nada irregular en eso. “Si soy funcionario público, si soy concejal, tengo que medir mis palabras porque estoy generando un manto de sospecha sobre una gestión”, le achacó.
Llamó a que “no tenemos que hablar por hablar” y recordó que en otro momento “Pablo Díaz Cisneros había dicho: ´Me dio vergüenza ajena el informe de la Facultad de Ciencias Económicas’ y después cuando fue a la Facultad, delante del decano, se desdijo y aclaró: ‘Dije que daba vergüenza el bochorno que fue la reunión´”.
Frolik puso un tercer ejemplo para reafirmar que “cuando decimos algo, lo tenemos que sostener”. Entonces, recordó las acusaciones del PRO a la funcionaria Zulma Ferreira por ocupar terrenos en Villa Cordobita cuando tenía y mostró su escritura.
“Pongamos blanco sobre negro. Cuando decimos algo, si le erramos, después pidamos perdón porque si no manchamos públicamente a la gente y después pedimos disculpa en privado”.