Optimismo por más pruebas aportadas a la causa por malversación de fondos en Desarrollo Social

Las pruebas

 

Según obra en el expediente, los testimonios y pruebas aportados por los denunciantes presentan casos en los que se otorgaron subsidios a cambio de prestaciones de servicios e insumos para la Secretaría de Desarrollo Social, que fueron cobrados por personas que no son “indigentes” y que no recibieron la visita de rigor de trabajadores sociales, lo que podría traducirse en el delito de malversación de fondos.
Los disparadores de la investigación -aportado por el delegado gremial del área Marcelo Hidalgo- son unos cuadernos escritos a mano donde se consignarían los trabajos encargados y los pagos realizados a proveedores a través de subsidios. Al declarar, el empleado municipal que fue autor de las notas “reconoció la autoría y el concepto”.
Por otro lado, el letrado indicó que también se podría investigar si no se incurrió en el delito de peculado, es decir, si se pagaron sobreprecios por insumos y servicios con dinero de la comuna, ya que no hubo concurso de precios, licitaciones u otros mecanismos tendientes a garantizar la transparencia.
Entre los perjuicios que esta operatoria le pudo ocasionar a la comunidad, mencionó que los pagos fueron “en negro” y que no pasó el trámite por la Oficina de Compras de la comuna.

 

Informe polémico

 

Según Pellegrino, los últimos testimonios de personas que percibieron subsidios fueron “contundentes”, debido a que dejaron en evidencia la presunta malversación de fondos.
Por este motivo, el abogado cuestionó que por estos días apareciera públicamente un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia, fechado el 7 de diciembre de 2011, que afirmó que no hubo irregularidades en Desarrollo Social.
“Los testimonios del 30 de mayo son los más contundentes porque declaran los testigos vinculados a los baños químicos, la cantera, el plomero y su familia”, resaltó (ver “El requisito para la asistencia…”).
En este sentido, aclaró que “lo del Tribunal de Cuentas no tiene nada que ver, nadie cuestiona cómo anotan ellos las cosas. Las cosas las anotan bárbaro, al Tribunal de Cuentas le dicen que había destinada una partida de 4,5 millones de pesos y usamos 4,5 millones de pesos. El Tribunal no observa quién cobró cada subsidio, que es lo que está haciendo el fiscal”.
Calificó el documento como “irrelevante” ya que el organismo provincial no observa irregularidades, sólo se encarga de estudiar si se cumple con el presupuesto aprobado.*
 

La “indigencia” como único requisito para la asistencia

 

En principio, el letrado mencionó que en noviembre de 2011, en calidad de jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik le informó al fiscal que “la ayuda social directa permite realizar un asistencialismo inmediato y de objetivos múltiples”. Y definió que a partir del artículo 130 del Reglamento de Contabilidad se exige una sola pauta para entregar un subsidio: que la persona sea “indigente”.
En ese mismo informe, el por entonces jefe de Gabinete le advertía al fiscal que no se detuviera a observar a la persona que cobró porque, por ejemplo, en el caso de los sepelios que paga el Municipio, el beneficiario es el dueño de la empresa fúnebre. En cambio, pidió que se repare en el motivo del otorgamiento de la ayuda social.
A partir de este concepto, Pellegrino analizó los pagos de distintos insumos y servicios concretados a través de subsidios, según los registros informales que se llevaban en Desarrollo Social, y que fueron aportados por Marcelo Hidalgo.
Uno de los casos emblemáticos es el de la cantera El Centinela, que cobró 3.800 pesos en un mes por viajes de tierra y piedra destinados a rellenar plazas de la ciudad. El administrador del establecimiento declaró que efectivamente cobraba por subsidios y se los entregaba a su patrón (foja 230 del expediente de la causa).
“¿Qué es ser indigente ahí?, no existe. La plaza no es un indigente, el Municipio no es un indigente y la cantera, tampoco. Me parece que la explicación muy acertada que dio Frolik, ahí ya se queda corta”, cuestionó el abogado.
Otro de los casos en donde el beneficiario no sería una persona indigente aparece en la alineación y balanceo del Bondi.com -móvil de capacitación que depende del área- que se pagó con un subsidio al dueño de un taller.
Pellegrino también descartó que el concepto oficial se ajuste a los grupos familiares de trabajadores, como el plomero, el gasista y herrero, donde distintos integrantes cobraban a través de subsidios por obras y reparaciones.
“Todos coinciden en declarar que empezaron con un plan social, se entiende la situación de una persona que la está luchando, entonces observé en los cuadernos que en dos meses cobra 4.800 pesos el plomero, por ejemplo. Uno de los testigos dice que hacía un trabajo de 5 mil pesos, se hacían diez carátulas de 500 pesos (en Desarrollo Social) y las cobraban entre él, la hija, el hijo, etc. El indigente es la persona que trabajó, pero porqué en un mes saca 5 mil pesos”.
Cabe resaltar que todos los testigos coincidieron al decir que no fueron visitados por un trabajador social, que es el profesional que debería certificar la condición de “indigente” de quien percibe una ayuda social directa. 

¿Falsos testimonios?

Un párrafo aparte amerita la misma modalidad para la contratación de baños químicos. La empresaria que brindó la prestación declaró que no cobró a través de un subsidio y negó que sea su firma la registrada en los informes de la comuna. “Hay que hacer un peritaje caligráfico”, dijo Pellegrino y argumentó que la mujer figura en el listado de quienes cobraron subsidios en enero de 2011, además de estar incluida en los cuadernos de Hidalgo.
El abogado advirtió que algunos testigos citados –los menos- incurrirían en falso testimonio, lo que ameritaría una investigación para confirmar sus declaraciones.

RECHAZO LOS DESCARGOS DEL SECRETARIO

 

El secretario Teruggi “habla en calidad de imputado”

 

El abogado distinguió que la situación de los legisladores de la oposición, que realizaron la denuncia bajo juramento de decir la verdad, de la del secretario Oscar Teruggi, quien en las últimas horas rebatió las acusaciones, y que “sale a hablar en calidad de imputado en la causa, en el sentido de que es sindicado de un delito. El artículo 60 del Código de Procedimiento dice que cualquier persona sindicada de un delito es imputada. No está imputado formalmente, que será cuando el fiscal lo llame y lo indague”.
Agregó que los funcionarios responsables de Desarrollo Social “tienen el derecho constitucional a mentir, porque ya desde ahora se están defendiendo” y analizó: “Me pueden decir que el secretario no es imputado. Bueno, llamaron a 27 personas, a todos los empleados y no lo llamaron a él, es evidente que la investigación está apuntada a él”.
De este modo, relativizó los dichos del funcionario, como así también de todos aquellos pares que puedan vincularse al manejo de los recursos en el área que es objeto de la investigación.