Otra condena por el affaire en la Secretaría de Desarrollo Social

Recientemente se ventiló un fallo relacionado con la causa por la cual ya había sido condenado un trabajador social de la cartera municipal, en torno al manejo de subsidios que el área realizaba en concepto de ayudas para la compra de garrafas y alquileres, entre otras yerbas. 

Se trata de una nueva condena arribada tras un juicio abreviado, ahora para con uno de los que se prestó para aquella maniobra fraudulenta contra el erario municipal.

Como oportunamente se informó, ya la Justicia emitió una condena para quien fuera empleado de planta, trabajador social identificado como Claudio Fabián Mastino,  quien era responsable del manejo de fondos que administra el centro comunitario de Villa Italia que conforma la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, Fernando Fino y Norberto Esteban Arias acordaron que por el término de un año y medio tendrán la obligación especial de presentarse cada dos meses ante el Juzgado de Ejecución Penal y abonarían la suma de 9.100 pesos, cada uno de ellos, en cuotas, a modo de resarcimiento por el faltante detectado en las arcas comunales.

Ahora fue el turno de Marcelo Alejandro Zarzabal -otro partícipe-, quien finalmente asesorado por su letrado terminó aceptando un juicio abreviado y aceptar la responsabilidad penal correspondiente.

En efecto, el Juzgado Correccional sentenció a Zarzábal como autor penalmente responsable del delito de “Fraude en perjuicio de la administración pública, reiterados”, condenándolo a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por los hechos cometidos durante el período comprendido entre el mes de mayo de 2007 hasta el 18 de marzo de 2009,  en perjuicio de la Municipalidad.

A la vez, a modo de ofrecimiento de reparación del daño realizado por el condenado, deberá abonar  al  Municipio 9.100 pesos, en trece cuotas mensuales y consecutivas, de 700 pesos cada una, a cuyo efecto deberá realizar el depósito pertinente.

 

Los hechos

 

El juez Carlos Alberto Pocorena dio por probado que el acusado, actuando de común acuerdo, con una distribución de tareas y de acuerdo a un plan previamente establecido con un agente municipal, que en su calidad de licenciado en trabajo social, se hallaba a cargo del área de Acción Social del barrio Villa Italia, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.

Se añade que estaba a cargo de la distribución de ayudas dinerarias provenientes del erario público, sea en subsidios o entregas de dinero para pagos de alquileres a personas carentes de recursos económicos, poseyendo la suma de dos mil quinientos pesos por quincena, y en función tanto del conocimiento de la tramitación requerida que poseía por su cargo, como por la confianza que este agente municipal gozaba de sus superiores, durante el lapso comprendido entre 28 de noviembre de 2007 hasta el 18 de marzo de 2009, confeccionaron un informe social apócrifo, incorporando datos de una persona inexistente, quien solicitaba ayuda para el pago de alquiler, ante lo cual se confeccionó y presentó un contrato de locación falso sobre la vivienda -a la postre, inexistente- de calle Primera Junta 2931, por la suma mensual de doscientos cincuenta pesos, figurando el primero de los nombrados como locador y a la vez, beneficiario de dichos pagos.

Del mismo modo, el acusado, conjuntamente con el agente  municipal, confeccionó un informe social apócrifo con datos de otra mujer -esposa del sujeto sindicado–, quien habría peticionado ayuda económica al Municipio, para lo cual se confeccionó y presentó un contrato de alquiler falso de la vivienda, logrando que se abonara a favor del imputado el monto previsto de 200 pesos entre los meses de mayo a octubre del 2007, como también diversas ayudas dinerarias que variaban entre 100, 220 y 250 pesos, entre los meses de agosto a diciembre de 2007, los meses de enero, marzo, junio a noviembre de 2008 y los meses de enero y marzo de 2009.

De tal modo, con la conjunción de elementos falseados consistentes en planillas de solicitud de ayuda, copias de contratos de locación y las planillas de subsidios otorgados y de rendición de solicitudes de ayudas, el imputado prestó una cooperación imprescindible para que el agente municipal coimputado, lograra intencionalmente engañar a la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, afectando de tal manera el erario comunal, al abonarse indebidamente dichas sumas de dinero.

 

Antecedentes

 

Vale reseñar que para con el trabajador social Mastino, la Justicia ya lo había condenado por resultar autor, coautor y partícipe de los delitos de “Uso reiterado de documento público adulterado por él mismo, en concurso real con defraudación reiterada contra la administración pública municipal, agravada por la condición de funcionario público, los que a su vez concurren idealmente con incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público”.

Cabe consignar que el suceso fue detectado por las propias autoridades cuando una empleada alertó sobre el manejo fraudulento que realizaba un trabajador social, quedando constancia en distintas anotaciones que oportunamente fueron entregadas a la Justicia, desde donde se inició una instrucción penal a cargo del fiscal Gustavo Morey. u