Otro atraso de las becas de la Provincia frena proyectos de organizaciones sociales

 

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Más allá de la realidad de los profesionales que trabajan en las asociaciones civiles, los chicos se convierten en rehenes de un sistema perverso: está vigente la ley, pero no llega el financiamiento para poner en marcha los programas. Una verdadera contradicción y una ilegalidad. 

Cursados los reclamos al Servicio Zonal y a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia, redactaron una carta firmada por la Sala Abiertade Lectura y el Proyecto Pampares, el Centro Social y Cultural La Vía,Centro de Día Mailén, Unicornio, Asociación Civil de Corazón Tandilense, Asociación La tribuy Pequeños Hogares Tandil, aunque afirmaron que unas veinte instituciones se encuentran con la misma problemática.

“El trabajo de dichos programas se enmarca en la Ley Nacional 26.061 que deroga la Ley de Patronato, y la Ley Provincial 13.298 que compromete al Estado, a las organizaciones, las familias y la comunidad en general en el cumplimiento y la defensa activa y real de los derechos de cada niña, niño y adolescente, en particular de nuestra ciudad”, explicaron.

Y describieron que “actualmente se trabaja con una creciente complejidad de los problemas sociales como también se enfrentan grandes irregularidades en cuanto a la garantización de los recursos, la continuidad, adecuación de los recursos en cuanto a las necesidades de los niños, cierre de programas específicos, disminución de actividades, cambio constante de personal, precarización de las condiciones laborales. A pesar de esta realidad, las organizaciones continúan trabajando, tratando de sostener y sobrellevar esta situación con esfuerzo y compromiso personal e institucional”.

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Las organizaciones sostuvieron que la intención “no es sólo denunciar esta situación irregular, sino también visibilizar el trabajo que se realiza con los niños niñas y adolescentes en la ciudad de Tandil, y desnaturalizar la precarización que atraviesan las organizaciones que trabajan con la niñez, haciendo partícipes a todos los actores involucrados en la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

La naturalización de las irregularidades

Consultados sobre la problemática, representantes de las ONGs coincidieron en la incertidumbre que genera la irregularidad del arribo de las becas y señalaron que se encuentran en una situación ilegal teniendo en cuenta que representan una pata fundamental para el Estado en cuanto a la aplicación de la Ley.

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Silvina Guaita, representante de Pampares, confirmó que “tenemos un atraso que viene de hace bastante tiempo, una situación de irregularidad en cuanto al pago de las becas, que se complicó en 2012, y que no nos posibilita proyectar, darle continuidad a los proyectos, que se sostienen gracias a la buena voluntad de cada uno de los que integramos las asociaciones”.

Por su parte, Cristina Roteño, del Centro de Día Mailén, manifestó que “hace muchos años que venimos reclamando la regularización de las becas. Esto se agudizó sobre todo durante el año pasado y durante todo este año todavía no hemos cobrado nada, entonces hay una precarización laboral para nosotros y para los servicios que nosotros brindamos, que son la mano que nosotros le podemos dar al Estado para cubrir y para poder llevar adelante la Ley de los Derechos del Niño”.

En cuanto a los atrasos, mostró preocupación debido a que “hay una naturalización” porque “ya estamos acostumbrados”. De este modo, se estiran los recursos, y “los perjudicados, más allá de las familias y los chicos, es toda la comunidad barrial; quienes damos la cara, quienes estamos en contacto y los que tenemos que decir este taller no lo vamos a hacer porque no tenemos plata”.

Agregó que “todos los trabajadores de infancia estamos bajo condiciones precarias. Desde ya, bajo un convenio que es de corresponsabilidad y que tiene sus particularidades, que hace que esto sea así”.

El Centro Socio Cultural La Vía es uno de los más complicados. A partir del atraso en la entrega de documentación para la renovación del convenio, los pagos se dilataron aún más. “El año pasado cobramos dos o tres bimestres, y el resto se nos está adeudando en su totalidad”, precisó Andrea Calderón, referente de la ONG que en 2012 trabajaba con unas 70 familias y que ahora ha tenido que suspender actividades.

Mauricio Gutiérrez, de Unicornio, sostuvo que “se nos adeudan cuatro bimestres. El problema mayor es no poder reiniciar otra vez un año normal. Nosotros trabajamos básicamente en conjunción con las escuelas, con chicos que ellas nos derivan. Tenemos sistemáticamente reuniones con los gabinetes de las escuelas para ver cuál es la respuesta de los chicos, y también trabajamos con los padres. Por lo tanto, los veinte chicos que tenemos y los veinte padres que tenemos quedan en una situación alarmante”.

Con nueve años de trayectoria en Tandil -en la rama del arte y la asistencia psicológica-, aclaró que “no está en nuestro espíritu interrumpir” las actividades y confirmó que muchas veces deben hacer aportes de sus bolsillos para pagar el alquiler, los insumos, seguros y transporte, entre otros gastos fijos.  

Un impacto negativo en los equipos de trabajo

Las organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes son apuntaladas por equipos interdisciplinarios de profesionales que cobran a través de las becas de la Provincia. No tienen aportes ni obra social, es decir, trabajan en una relación de precariedad.

Sumado a esto, la incertidumbre sobre la fecha de cobro de sus salarios hace que muchos terminen abandonando los programas, con las pérdidas que implica: son ellos quienes generan el vínculo con los chicos y sus familias, apoyados en la confianza mutua.

“La imposibilidad de poder proyectar hace que también sea difícil sostener los equipos de trabajo, con el que ya se han acordado criterios”, lamentó Silvina Guaita.

Además, Cristina Roteño destacó que “como organización, yo no puedo contratar a alguien y decirle: ‘No sé cuándo te voy a pagar’”. 

La letra de la Ley

En el documento redactado, las ONGs resaltaron que el atraso en las becas “pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Estado de las responsabilidades acordadas con los diversos proyectos”.

Y en ese sentido citaron el artículo 5 de la Ley 26.061, que habla de las responsabilidades gubernamentales: “Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

1- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;

2- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;

3- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;

4- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice;

5- Preferencia de atención en los servicios esenciales”.