Para Araujo, el fallo por Smata evidencia la necesidad de una política de vivienda
El defensor oficial, Diego Araujo, mostró ayer su conformidad por el fallo del juez Francisco Blanc, que obliga a la comuna a otorgar los servicios esenciales al barrio, y consideró que pone en evidencia la necesidad de una política de vivienda.
Araujo sostuvo que Blanc ?ha resuelto una difícil situación, y lo ha hecho con un grado de sensibilidad social muy importante y sólidos argumentos, sustentado en normas constitucionales y supraconstitucionales?.
?El fallo que se ha dictado en Tandil, con relación a un tema tan delicado como la crisis social, y teniendo en cuenta a este grupo de familias, que reflejan una problemática de muchos años, tiene un golpe fresco para los hombres de derecho?, afirmó el letrado.
Con relación al pedido de energía eléctrica, el defensor oficial recordó que ?lo que ha dicho el magistrado es que, al tratarse de una entidad autónoma (la Usina), debió haber sido demandada en forma particular, previo haberse hecho el reclamo pertinente, circunstancia que lo colocaba en un lugar en el que no podía expresarse al respecto?.
?La insistencia de las familias será, eventualmente, objeto de un análisis posterior?, indicó, y acotó que ?las negociaciones están avanzando entre la gente del barrio y el Municipio de Tandil? para hallarle una salida al conflicto.
?Se han acercado varias familias a Desarrollo Social y han canalizado sus inquietudes. Entiendo que algunos se han visto satisfechos con la propuesta que les efectuó la comuna?, informó.
Al respecto, agregó que ?seguramente se avanzarán las tratativas para llegar a un acuerdo entre las partes, que el mismo juez, a través de su fallo, ha propiciado?.
Sobre la sentencia, precisó que ?reconoce derechos a un determinado grupo de personas por el sólo hecho de ser ciudadanos de Tandil y estar en una situación de emergencia social; responsabiliza al Estado a prestar determinados servicios básicos e indispensables para garantizarles una vida digna; e insta a las partes a procurar una relación amistosa y que pueda resolver, al menos, la situación de estas familias?.
Ante la inminente apelación del Municipio, que rechaza el fallo, el defensor oficial aseveró que ?por la índole de la medida tiene que ser cumplimentada, independientemente de la posibilidad de accionar del Municipio?.
Y para cerrar, reflexionó que ?se ha instalado en Tandil, con independencia de este conflicto individual, la necesidad de instrumentar una política pública de vivienda a mediano y largo plazo, que, hemos visto, en los últimos tiempos ha estado un tanto ausente en esta ciudad?.
Recibí las noticias en tu email
?Se estaba politizando
demasiado, oscureciendo
y tergiversando?
Jorge Coronel, representante de la mesa local del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), se mostró ?muy complacido por el fallo del juez Blanc? y argumentó que lo ?más interesante fue la participación de la Justicia, que dio respuestas ante un planteo de una necesidad tan básica, los derechos esenciales a los servicios públicos?.
Coronel, que presentó en la Banca XXI un proyecto de ordenanza para crear un Instituto Municipal de Tierra, Vivienda y Crédito, que hoy contaría con un presupuesto propio cercano a los 4,5 millones de pesos y posibilitaría la construcción de unas 40 viviendas sociales al año, celebró que ?la Justicia puso claridad en una situación que se estaba politizando demasiado, oscureciendo y tergiversando los argumentos?.
?Se planteaba que, por el presunto hecho de que estarían cometiendo un delito, no se les podían asistir el resto de los derechos básicos que tienen todos los ciudadanos?, dijo, y aclaró que ?el juez no avala la ocupación; es más, invita a las partes a buscar una solución?.
Además, se quejó porque ?cuando comenzó la ocupación en el Plan Federal, todo el mundo hablaba de usurpación: desde los medios de prensa hasta el oficialismo. Hay una cuestión muy clasista en todo esto. Cuando se trata de alguien que no tiene recursos y presencia social, ése fácilmente es culpable sin juicio previo, es un delincuente. Hay apresuramientos en las condenas sociales?.
Por último, sostuvo que ?si el Estado hubiese garantizado el derecho a la vivienda, esta gente no tendría que haber tomado esta determinación? y cuestionó que ?están demorando? el proyecto que presentó en la Banca XXI, ya que ?hay ordenanzas que se sancionan en 30 días?. *
Este contenido no está abierto a comentarios