Para Civale las diferencias con la Cámara de Transporte surgen en relación al rol que debe cumplir el Estado

Cabe recordar que Albanese aseguró que el Ejecutivo no los tuvo en cuenta al momento de enviar el proyecto al Concejo Deliberante y que al momento de la implementación, se verá cómo se formaliza de acuerdo al convenio firmado por las empresas de transporte hasta el 2020. 

Al respecto, Matías Civale manifestó que tuvieron una reunión con la Cámara de Transporte por este tema hace cuatro meses y medio y mantuvieron otras cinco más con las diferentes áreas como la de Técnica y Legales donde incluso se acercaron asesores de Mar del Plata en dos oportunidades. “Nosotros venimos dialogando y ellos estaban al tanto de todo, pero obviamente que todavía no se puede hablar de implementación porque tenemos una licitación que no fue abierta por lo tanto lejos podemos estar definiendo la implementación si no está definido el sistema ni la empresa proveedora. Esto es una cuestión que se acordará a partir del 3 de septiembre, momento en que se abrirán los sobres, o cuando se adjudique”, advirtió el secretario de Gobierno.

En cuanto a la disconformidad de la Cámara con la Sapem, Civale manifestó que ya lo sabían y que se plantearon diferentes modos de ver la cuestión; es más lo hicieron público y lo comentaron en el propio Concejo Deliberante en la primera oportunidad que tuvieron al igual que las reuniones que mantuvieron con diferentes bloques por este tema y con las comisiones conjuntas.

“De todas maneras y más allá de la disconformidad, el jueves nos manifestaron que en principio no van a hacer nada para oponerse si es que termina saliendo”, agregó.

 

Rol del Estado

 

El punto con mayor discrepancia es que la Cámara de Transporte siempre manifestó que su intención era avanzar con el sistema de boleto electrónico ya que creían que la mejor alternativa era una UTE, una especie de asociación de todas las empresas de transporte concesionarias pero sin la participación del Estado. 

El secretario indicó que este modelo se está utilizando en Mar del Plata pero desde el Ejecutivo consideran que el manejo financiero fundamentalmente y de la información de todo el sistema de transporte público y de estacionamiento, no podía quedar relegado del Estado. “El Estado es un actor central por el tipo de información que se manejaba, porque tenía que ver con la cantidad de recorridos, dónde subía cada pasajero, si había necesidad o no de extenderlo, cuáles eran los horarios, el grado de cumplimiento, la cantidad y tipo de pasajeros que subían, entre otras cosas. Toda esta información es central para el Estado, no podía quedar afuera y por eso tenía que estar”, destacó.

Además indicó que en el modelo que el Municipio plantea, el Estado tiene una mayoría en la toma de decisiones de esa sociedad y la Sapem es la única alternativa que el Estado puede formar en una Sociedad; pero el modelo era si el Estado formaba o no parte. “La Cámara de Transporte entendía que ellos lo podían realizar sin la participación del Estado y nosotros considerábamos que no, y obviamente que aquí hay una diferencia de posiciones que siempre la tuvimos”.

 

Sin cambios

 

Por otro lado, el punto que preguntaban desde la Cámara es cómo van a hacer para implementarla sin un acuerdo de las actuales empresas prestatarias del servicio ya que cuentan con derechos adquiridos y un contrato de concesión que va hasta el 2020.

Civale advirtió que no están diciendo que se cambian las condiciones sino que el servicio de transporte lo van a seguir prestando las empresas concesionarias y no cambia nada por lo que tienen que cumplir con la concesión y tienen el derecho a percibir una tarifa que fija año tras año el Concejo Deliberante. 

“Aquí no se habla nada de la cuestión financiera y cómo cobran, sino que se está cambiando la forma de la administración que de hecho es un proyecto y dos ordenanzas de los cuales uno de ellos habilita al boleto electrónico”, explicó el secretario.

Por último, destaco que con la Sapem se busca crear la menor estructura posible y siendo lo más eficiente que se pueda, para que eso genere recursos adicionales que por ejemplo permita que el boleto no tenga que subirse, o que se subsidie al pasajero frecuentemente y por eso es importante que el Estado participe. u

 

 

 

 

Una comisión fiscalizadora

 

Sobre el debate, el concejal del FpV Pablo Bossio manifestó que para la creación de la Sapem es necesario constituir este tipo de herramientas jurídicas a través de un debate amplio y profundo que contemple la implementación de mecanismos de control reales. 

Desde el bloque propusieron la creación de varios mecanismos de control con una comisión fiscalizadora dentro de la propia Sapem, con participación mayoritaria de miembros de la oposición y la necesidad que cualquier tema que directa o indirectamente incluya o sea referido a cuestiones que tengan que ver con servicios públicos tengan una convalidación previa del Concejo Deliberante. 

“Nosotros queremos que si hay una comisión fiscalizadora de tres integrantes, uno sea designado por el Ejecutivo y dos miembros de la oposición, bajo las condiciones que se establezcan en el estatuto. Desde el Municipio se propone crear un mecanismo de control dentro del propio Concejo Deliberante; situación que tampoco vemos mal pero creo que la propia Sapem debe contemplar un organismo interno”, aseguró Bossio.

Por su parte, Civale indicó que “una cosa es una comisión fiscalizadora que tiene atributos en cuanto al control y otra cosa es que tenga manejo de esta cuestión; son dos cosas diferentes. Nosotros avalamos que tenga la función de controlar, ahora la de dirección y ejecución es exclusivamente del departamento Ejecutivo; es como pretender que las políticas públicas que lleva adelante una obra la realice el Concejo Deliberante en vez de llevarlo a cabo la Secretaría de Obras Públicas o el Intendente”, destacó.

Además agregó que por supuesto que están de acuerdo en la comisión fiscalizadora pero “veremos si con eso se dan por satisfechos y terminan acompañando el proyecto de ordenanza. Hay concejales que hace 20 días se opusieron sin haber leído el proyecto y ahora que sí lo hicieron, como se dieron cuenta que muchas de estas cuestiones ya estaban contempladas, no hay demasiadas excusas”.