Para el Defensor del Pueblo el fallo es “un retroceso de derechos”

Marcelo Honores está al frente de la oficina de manera interina desde febrero de 2015, ante la demora de una designación oficial. Intervino en nombre de los usuarios bonaerenses, pero el máximo tribunal descartó su reclamo por falta de “legitimidad”.

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El secretario general de la Defensoría del Pueblo bonaerense, quien se encuentra a cargo de la institución de manera interina, calificó como un “retroceso de derechos” el fallo de la Corte Suprema que avaló la suba de la luz y que a la vez cuestionó su legitimidad al frente del organismo que representa a todos los habitantes de la Provincia.

Marcelo Honores, quien comanda la oficina desde la salida de Carlos Bonicatto en febrero de 2015, aseguró que la decisión de los jueces “no ha satisfecho las expectativas” y sostuvo que “es un retroceso en función de los derechos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires”. Es que ayer, el máximo tribunal revocó las medidas que frenaban los aumentos en la tarifa eléctrica al alegar que tanto el Defensor como los legisladores que las presentaron, “carecen de legitimación” para representar a los usuarios.

“Obramos de buena fe, creyendo cumplir con nuestro cometido, que es la defensa de los derechos individuales y colectivos. Creíamos que estábamos investidos de esa facultad para intervenir, como lo hemos hecho en distintos casos, donde en general son los propios jueces los que piden la intervención de la Defensoría cuando se produce una vulneración de derechos”, explicó Honores a un portal provincial. Sin embargo, la Corte entendió que su carácter de titular interino (es secretario general a cargo de la Defensoría) no le otorgaba la suficiente legitimación.
Instancias internacionales

Honores aclaró que el argumento de la Corte sobre su representación es “una interpretación en la que disentimos, pero tratándose del máximo tribunal del poder judicial, acatamos”. Y adelantó que estudiarán el fallo detenidamente “en función de poder analizar un recurso que podría presentarse ante organismos internacionales”.

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La intención de recurrir a la Justicia trasnacional tiene que ver con determinar si la actuación de la Defensoría con un titular interino fue adecuada ante la situación de “vulneración de derechos”. “La interpretación de la Corte es una pero puede ocurrir que por razones de urgencia, el Derecho Internacional pueda opinar otra cosa. Es una cuestión que vamos a analizar porque creo que merece un análisis más detenido desde una perspectiva de Derechos Humanos”, concluyó Honores.

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