Para las canteras la ley ?no tiene ninguna validez jurídica? y deberán indemnizarlas

 El letrado Juan Pedro Merbilhaa, abogado de las canteras Carba, Montecristo y El Centinela, consideró que el conflicto no fue generado por las empresas, cuya postura es “simplemente de observadores, con el castigo de no poder trabajar -por una razón o por la otra- y de tener un perjuicio importante”.
Acotó, no obstante, que “acompañan el pedido de sus empleados y de gente vinculada –proveedores y demás, que es enorme la cantidad de gente que se mueve alrededor de la minería en Tandil- con paciencia. Las canteras en realidad no han generado ni esta reacción ni el conflicto en sí mismo”.
Durante el programa “Vení Mañana” (Tandil FM), el profesional posteriormente consideró que el ex senador Néstor Auza “como persona se ha portado siempre como un caballero, pero la verdad que desde el punto de vista legislativo ha hecho una cosa que sabía que no correspondía”.

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Dos culpables

Merbilhaa limitó las culpas por el conflicto al “acuerdo político entre la administración municipal de Tandil y la administración gubernamental de la Provincia, que resolvieron sancionar una ley que sabe todo el mundo que la Provincia no puede sancionar porque no tiene potestades.
Esto se conversó desde el principio cuando nos consultaron como corresponde, abiertamente y en forma transparente. Dejémonos de fantasmas, aquí no hubo ni lobbys ni cosas raras. Hubo debates, en mi caso, de tipo técnico”.
Sin embargo, a criterio del abogado, al tema “lo politizaron y decidieron hacerlo igual porque el Gobernador se había comprometido con el Intendente”, por lo que “no se está resolviendo por una cuestión de debate parlamentario sobre asuntos de interés general perfectamente analizados, sino sobre un acuerdo político de dos funcionarios que en un momento determinado tienen una porción de poder y deciden ordenarle a la Legislatura, lo que es otro horror ya que no tiene que recibir órdenes del Ejecutivo sino que tiene que actuar por sí misma”.
Merbilhaa recalcó que “no hay culpa de todos: hay culpa exclusivamente de la decisión política de ordenarlo y de los legisladores que así lo hicieron, mejor o peor, pero lo hicieron sabiendo de antemano que eso no correspondía”.

Sin facultades

Posteriormente indicó que “hay jurisprudencia de la Corte Nacional que no le permite a la Provincia legislar sobre materias delegadas a la Nación”.
Consideró a la ley como “un invento. La minería está absolutamente regulada, absolutamente reglamentada, vigilada, controlada y absolutamente autorizada. Es como si yo le diera un permiso y mañana se lo quito, y sin posibilidades de hacerlo. Se lo puede dar por facultades potestativas, lo que no puedo es usar es otras facultades diferentes para quitárselo”, explicó.
Para Merbilhaa la ley “no tiene ninguna validez jurídica. Lo más grave me parece a mí es que con esta politización total y absoluta de una cuestión estrictamente institucional, ya que hay violaciones de potestades entre Provincia y Nación”.
Añadió que “han metido a la Provincia, que ha pasado a ser la principal responsable y -tomándolo como una ironía- ha sido un éxito del Municipio sacarse el problema de encima y transferirlo a la Provincia, que se ha metido en un brete que no tiene salida”.

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Pagar o pagar

El abogado señaló que con las acciones judiciales “pueden suceder solamente dos cosas. Una es que se declare la inconstitucionalidad de toda esta legislación, con lo cual han hecho todo esto y provocado un perjuicio fenomenal en forma inútil. La segunda es que la Justicia entienda que es legítima. Si es legítima tienen que indemnizar, por lo cual la Provincia echa sobre sus espaldas una mochila multimillonaria de indemnización”.
Acotó que en segundo caso se aplicaría “el mismo principio de reparación que la Corte nacional ha establecido cada vez que se considera un acto lícito del Estado en aras del interés general y en sacrificio del interés particular, al que hay que resarcir íntegra y totalmente”.
-¿Porqué esta manifestación y no esperar a que la Justicia se expida?
-Porque la Justicia tiene tiempos muy largos y esta gente está queriendo apurar esta decisión en forma inmediata, quieren aplicar esta ley ilegítima que está cuestionada.
Hemos planteado una medida cautelar protectiva, para que no se aplicara la ley durante el proceso, que es lo que se hace habitualmente.
No sólo está regulado en el Código de Procedimientos y Contencioso, sino también en el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional.
Sin embargo, por cuestiones puramente técnicas y circunstanciales la Justicia hasta ahora no ha hecho lugar a esas cautelares.
Aprovechando eso, que no significa nada respecto de la validez de la ley, es que los ejecutivos provincial y municipal quieren impulsar la aplicación definitiva de la ley y hacer el cese.

“En defensa del
estado de derecho”

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-¿Las canteras podrían desconocer el cese de actividades para el 16 de octubre?
-Si no hay una resolución en los términos que dice la propia ley, no van a poder impedir que sigan trabajando.
Si lo hacen, de la forma –que es muy compleja- que corresponde y lo interrumpen, se abre instantáneamente en resarcimiento en favor de las canteras, que igual podrían seguir estos juicios hasta el final.
En el momento que le provoquen el perjuicio concreto de cerrar la actividad nace el derecho a la indemnización, sea que ese cierre es ilegítimo o sea legítimo. En cualquiera de los dos casos hay que pagar.
Aquí ha habido una especulación absolutamente política. No acepten tan livianamente que no hay política.
La ley ha pretendido en forma muy poca ortodoxa y casi legalmente imposible coimear a los empleados, prometiendo un pago de una actividad que no es la de ellos, en una cosa que no es la que hacen habitualmente.
Curiosamente se han olvidado de las indemnizaciones de las empresas, que son realmente las dueñas de los predios, las que dan trabajo, las que invierten, las que generan todas las fuentes laborales. Las están queriendo echar de la actividad sin ningún reconocimiento.
Que quede en claro que la posición de las canteras que represento y la personal mía no tiene nada contra el medioambiente, porque el medioambiente está preservado por la legislación actual y esa discusión ya ha sido zanjada con las autorizaciones que han sido dadas después de estudios de años de los informes de impacto ambiental y los certificados de productor minero.
Esto no es en contra absolutamente de nadie, sino en defensa. En defensa del estado de derecho, porque lamentablemente en la Argentina se ha instalado esto de que quien tiene el poder utiliza las herramientas, instituciones, como dictar leyes, pero viciadas desde el principio.
El poder puede más que la ley. Estamos defendiendo la ley, ni siquiera la permanencia de las canteras, que puede resolverse de otra manera si se les reconocen los derechos.*