Para los ediles del FPV, los refugios para mujeres ?parecen centros clandestinos de detención?

El foro hace dos años que viene haciendo este requerimiento al Ejecutivo, sin respuestas, por lo que decidieron dirigirse a los tres bloques con representación en el Concejo Deliberante a través de una nota. Desde el FPV, les ofrecieron una reunión donde les informaron a los concejales cuál era la agenda de la mesa en este momento en Tandil que consta de tres puntos, de los cuales uno es la situación de los refugios para víctimas de violencia.

Frente a esta situación, los ediles fueron a inspeccionar las pensiones donde se aloja a las mujeres que atraviesan estos problemas y mencionaron que los funcionarios responsables del área hablaron de un solo espacio. “Intuimos que tiene que ver con la esperanza de que no se conociese el otro lugar, ya que ambos espacios son un espanto y la categoría de pocilga les queda chica”, disparó Iparraguirre. 

 

Las falencias

 

Los concejales advirtieron que estos lugares no reúnen la mínima condición para garantizar la dignidad humana, teniendo en cuenta que están destinados a mujeres y sus hijos que atraviesan una situación por demás trágica y traumática. “Mostrándole las fotos a un amigo que estuvo detenido y desaparecido durante la última dictadura, dijo que eso era similar a la Huerta; y cuando salimos de ahí, pensamos lo mismo, que parece un centro clandestino de detención”, describió el edil. 

Por su parte, Alexander describió que en el segundo lugar que visitaron debió salir ya que  no aguantó permanecer allí dentro. Detalló que las habitaciones son de 2 por 2 metros, hay un baño para todos, en el mismo lugar también hay hombres, el patio es un barrial, no hay gas y allí van las chicas que tienen que llevar muchas veces a sus hijos. Además, agregó que las propias mujeres tienen que acercarse hasta donde se encuentra la trabajadora social, que es aproximadamente a 30 cuadras del refugio, ya que no hay un equipo que se dirija hasta allí.

Desde el bloque se entiende que estos establecimientos deberían reunir condiciones mínimas de dignidad, así como también un equipo integral de psicóloga, abogada y trabajadora social que esté en el momento en el que la mujer llega al lugar y que trabaje con ellas en plena crisis. 

Sin embargo, los concejales manifestaron que esto no es así y que está corroborado por las dueñas de ambos lugares que las mujeres llegan en un patrullero y son “literalmente arrojadas en lugares donde muchas ellas deciden volver a la casa con el violento, porque no soportan el otro padecimiento de estar en ese lugar espantos. Y es justamente por esto que hablamos de revictimización”.

Por otro lado, señalaron que a estos refugios acuden “las más pobres entre las pobres” porque, si bien la violencia de género es un fenómeno transversal de todas las clases sociales, son estas mujeres quienes necesitan de la acción del Estado en ese momento clave, cuando no tienen adónde ir.

 

 

En pensiones

 

La preocupación del bloque aumenta ante la repetición y el incremento de la violencia en Tandil, y sobre todo porque cuando las mujeres toman la decisión de cortar con el violento, es recién cuando comienzan a temer por sus vidas. Así lo demuestran las estadísticas.

El edil imaginó la situación en que la mujer se escapa de la casa cuando el violento está dormido o trabajando; toma a sus chicos de la mano; va a la Comisaría de la Mujer, donde le toman la denuncia y hacen las actuaciones pertinentes dando aviso al Juzgado de Familia e intervención al área de Desarrollo Social del Municipio. 

“Allí es donde aparecería la figura del Estado para acoger, contener y proteger a esta mujer en ese momento tan difícil de su vida; pero en este caso no sólo se castiga a la víctima enviándola a estos lugares, sino que hay una continuidad en la violación de sus derechos elementales”, destacó Iparraguirre.

Por su parte, Corina Alexander manifestó que no hay un equipo específico que trabaje no sólo en el recibimiento de la problemática sino sobre el seguimiento y fortalecimiento de esa mujer y que realmente pueda tomar una decisión como corresponde, que es correrla de esa situación de violencia. “La muestra más clara de esto son los lugares que visitamos, donde conviven hombres con mujeres. Son espacios que el Municipio utiliza para una persona que tiene que operarse, otra con situación de violencia o, como son pensiones, cualquier otra persona ajena a la comuna”, explicó.

 

Falta de políticas 

municipales

 

Además, la concejal puntualizó que existe un problema sobre cómo enfoca este Municipio el desarrollo de políticas sociales, y específicamente las que tienen que ver con la situación de género. Resaltó que hay una pantalla que se repite en muchos otros temas, pero que en éste “tomamos la determinación de que se modifique cueste lo que cueste, porque son muy indignos los lugares que el Municipio está contratando para desarrollar una política que tiene que ver con el género”.

No obstante, advirtió que ésta es la punta del iceberg de todo un área dentro de la comuna y éste sería el punto más crítico de toda la situación, ya que no hay campañas ni prevención. Es un área que comenzó a partir del trabajo del foro y en algún momento se avanzó con la jerarquización de estas problemáticas, aunque finalmente hoy la Secretaría de Desarrollo Social hizo una integración no solamente de este área sino de otras y devaluó el trabajo que se debe hacer en cada una de ellas. 

Otra cosa que llamó la atención de los concejales del FPV es que el Municipio contrata lugares que no tienen la más mínima posibilidad de estar habilitados; sobre todo teniendo en cuenta los valores que paga mensualmente por estos alojamientos. “Realmente, la inversión habla de cuál es la política que llevan adelante”, afirmaron.

Frente a esto, Iparraguirre repasó distintas comunas de la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los casos hay una Secretaría de la Mujer o una dirección municipal. “Estamos hablando de la mujer, que es la mitad de la población; hablamos de género que necesita de políticas estatales activas para cortar la brecha en las inequidades que existen. El Municipio demostró un desinterés y ausencia total de estas políticas y, por si fuera poco, el área tenía al frente a una mujer muy capacitada y que, ante la falta de respuesta sobre el pedido de estas políticas, pidió el pase a otro lugar”, estimó el edil. u

 

 

Piden la renuncia de los funcionarios

responsables y analizan ir a la Justicia

 

 

Por otro lado, Rogelio Iparraguirre expresó que los funcionarios del Municipio, especialmente del área de Desarrollo Social, conocen perfectamente los lugares adonde envían a estas personas y hablan de la necesidad de distribuir los recursos entre aquellas que se encuentran en estado muy vulnerable. 

“Sin embargo, nos cuesta creer que el Intendente municipal conozca que esta problemática se aborda desde Desarrollo Social de esta manera porque si lo conociera, me parece que no lo permitiría. Igualmente, ahora que ya se hizo público, supongo que tomará cartas en el asunto”, consideró.

Además, dijo que las autoridades de Desarrollo Social mezclan el área de fortalecimiento familiar, discapacidad, tercera edad y la mujer, cuando las políticas para estas últimas requieren de especificidad. “Esto denota el lugar que tiene la mujer en Tandil en el proyecto político desarrollado a lo largo de estos 10 años y del presente por el radicalismo. Yo creo que los funcionarios responsables, habiendo constatado que conocen estos lugares, tienen que dar un paso al costado y renunciar de sus funciones porque son conocedores de una violación a los derechos humanos de las mujeres”, impulsó el concejal.

Por su parte, Alexander cuestionó a la directora de Integración y Extensión Comunitaria, Luján Brito, que, como mujer y estando a cargo del área, permite que puedan generarse estas situaciones. “Nosotros tenemos que achicar desde el Estado la brecha de conflictividad, de problemáticas, pero esta situación con los refugios aumenta la brecha de riesgo. En Tandil estamos en un momento de crecimiento y es importante que estemos alertando sobre todas estas fallas estructurales que hay, porque en 5 ó 10 años más, vamos a tener el doble de problemas y de situaciones más conflictivas”, destacó.

Ante los dichos del secretario de Desarrollo Social Oscar Teruggi y de Luján Brito sobre la intencionalidad política de la oposición en torno a esta temática, Iparraguirre advirtió que están tratando de desviar el foco de atención y que todo quede en la cancha de las chicanas. Sin embargo, advirtió que “por supuesto que hay una intencionalidad política, pero la diferencia es que no se trata de política partidaria sino que es precisamente un reclamo en torno a la falta de una política de tomar la decisión de poner a la mujer en el lugar que se debe, porque es justamente esta falta lo que nos trae a esta situación”.

 

Pasos a seguir

Una vez planteada la situación, los concejales del FPV entendieron que desde el bloque está agotada la instancia en el Concejo Deliberante. A pesar de que pensaron en elevar un pedido de informe con urgencia al Ejecutivo, los concejales que están desde hace más años advirtieron que todavía se encuentran esperando una respuesta sobre esta misma temática desde el 13 de marzo de 2012. 

“Como hace 26 meses que están esperando el informe, no tenemos muchas expectativas de que por esa vía podamos solucionarlo. Por lo tanto, estamos evaluando realizar algún tipo de acción en la Justicia”, aseguró Iparraguirre. 

Por último, agregó que estuvieron reunidos con Silvia Monserrat, la titular del Juzgado de Familia, quien los puso al tanto sobre cuál es el abordaje que se hace desde la Justicia, ya que no son ellos quienes toman la decisión de enviar a las mujeres a un lugar u otro, sino que es una política del Ejecutivo. 

“La jueza estaba bastante impactada y nos contó que desde enero de este año al pasado se duplicaron las denuncias y las medidas protectoras que hace el Juzgado, lo cual pone en evidencia que es un problema social serio”, concluyó Rogelio Iparraguirre.  u