Para los jueces, los juicios por jurados fue lo más destacado del paso de Casal

En Tandil, en el marco de las Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense, el presidente de la Red de Jueces Penales, el doctor Ricardo Favarotto, evaluó positivamente el funcionamiento de los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. En contraposición advirtió sobre la problemática actual en el sistema carcelario bonaerense y trazó los desafíos que enfrentará el próximo Gobierno de la Provincia, que tendrá como nuevo ministro de Justicia a Cristian Ritondo.

En diálogo con El Eco de Tandil, a título personal señaló que el actual titular de esa cartera Ricardo Casal deja aspectos “positivos”, como la Ley de Juicios por Jurados que es -resaltó- “un gran cambio”, que implica participación social y popular en la toma de decisiones del Poder Judicial, como también mencionó la Ley Regulatoria del Proceso de Flagrancia que “permite agilizar las causas que son muchas en cantidad, pero de poca importancia en cuanto a la entidad y que descongestiona el trámite de otras causas que por su complejidad requieren más tiempo en la toma de decisiones”.

Y en contraposición advirtió que “hay algunos aspectos que lucen sombríos”, entre ellos, particularmente en lo que se relaciona a la situación carcelaria. En tal sentido aseguró que “se produjo un marcado agravamiento en las condiciones carcelarias desde 2007 a la fecha, ha habido denuncias de organizaciones no gubernamentales de mucho prestigio que señalan la grave situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires”.

No obstante, señaló que “es cierto que se han construido nuevas unidades penales, es cierto que dentro del sistema carcelario penal se habilitó el sistema de Casas por Cárceles, que es una opción interesante que encontró el Ministerio, pero también es verdad que la situación carcelaria evidenció un agravamiento en lo cualitativo y cuantitativo que la nueva gestión que se haga cargo del área deberá atender de una manera, entiendo que perentoria”.

Seguidamente, mencionó como otro aspecto “negativo” de la gestión saliente a “la multiplicidad de los cambios en el código de procesamiento penal, que han hecho perder organicidad al Código Procesal Penal del año 1998 y que, hoy en día, lo han terminado de conformar como un conjunto de normas que están desbalanceadas y que necesitan volver a tener una cierta racionalidad como tenían en su origen”.

 

Una discusión

“a fondo”

 

En consecuencia, Favarotto planteó que “habrá que hacer, en el ámbito de la Legislatura de la Provincia, una discusión a fondo de cuál es la política criminal del Estado, ése es el gran déficit. Una política criminal que se mantenga como una política de Estado; no una política criminal que sea la política de un Gobierno, sino que sea una política criminal del Estado provincial que se enfoca en el combate a la criminalidad, que se enfoca además en el respeto por las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos comunes, éste es el gran desafío que tendrá -dentro de muy poco- que afrontar la nueva gestión”.

El presidente de la Red de Jueces Penales aclaró entonces que lo que les interesa es “no defender ningún modelo en particular que no sea el modelo constitucional, lo que nos interesa es volver a la Constitución y los valores que están fijados allí y, en este sentido, ya lo hemos señalado, el juicio por jurados ha sido un gran paso de la gestión que se va”.

 

Distintos modelos

 

En cuanto a ese sistema, señaló que en el país “está pendiente de que exista una ley nacional que lo reglamente y en defecto de una ley nacional lo vienen sancionando las distintas provincias, empezó Córdoba en 2004 con un modelo que no tiene nada que ver con el modelo constitucional y que no tiene nada que ver con el modelo de la provincia de Buenos Aires”.

En el territorio bonaerense, describió que el juicio por jurados “se emparenta con el modelo angloamericano, el de la Constitución de 1853 que es la de Estados Unidos, y el modelo de Córdoba es un modelo de un jurado mixto en el que intervienen ciudadanos junto con jueces técnicos. Y nosotros creemos que el jurado de la Constitución de 1853 es un jurado de ciudadanos y ciudadanas de a pie, es decir, no tiene que haber influencia técnica de un juez profesional. Lo que se busca es que la sociedad participe en la toma de las decisiones en el Poder Judicial”.

 

Los casos en

la Provincia

 

En detalle explicó que se puede optar por el juicio por jurados “en todos los delitos que puedan ser penados con más de 15 años de prisión, estamos hablando de casos muy graves, en general aquellos que directa o indirectamente se vinculan a delitos de homicidio, robos con homicidio, homicidios agravados, ataque sexual seguido de muerte. Hasta ahora, ha habido unos 26 casos en toda la provincia que ya están juzgados y creo que la evaluación que se hace es satisfactoria”.

Personalmente, calificó que “fue lo más destacado de la gestión del ministro Casal a lo largo de los ocho años y no tengo dudas en decir que es la medida más importante que ha tomado y que nosotros apoyamos”.

 

Cómo funciona

 

Explicó en detalle que el juicio por jurados es el sistema elegido por la Constitución para la resolución de las causas criminales. “Por lo tanto, la Ley 14543, que es la ley bonaerense que reglamenta el juicio por jurados, a partir de septiembre de 2013, se reconduce al modelo constitucional”, indicó.

En tal sentido, valoró que “es muy positivo porque el modelo constitucional es este modelo angloamericano de jurados que ya tenemos incorporado culturalmente por el cine y la televisión, luego de haber visto películas como `12 hombres en pugna´, entre tantísimas películas”.

Es un jurado que está integrado por 12 titulares y por 6 suplentes. En la provincia, se elabora un pequeño padrón en base a un sorteo. Para el día del juicio son citados 48 ciudadanos (24 mujeres y 24 hombres) de entre 21 y 75 años.

En esa primera audiencia se filtra a aquellas personas que tengan impedimentos para ejercer de jurados. Entre otras cosas, no pueden tener vínculos con la víctima, con el imputado, ni con el fiscal. No pueden ser abogados, ni ejercer cargos públicos por elección popular. Tampoco pueden estar en servicio activo, o estar retirados de las fuerzas de seguridad.

 

Los roles del

juez y el fiscal

 

Favarotto señaló que “en el modelo de juicio por jurados bonaerense, el juez actúa como juez, es decir, conduce a la audiencia y, si el veredicto fuera de culpabilidad, es el encargado en una segunda audiencia, ya sin el jurado presente, de sintonizar la tipicidad de la conducta y fijar la pena”.

En el caso del fiscal, afirmó que su tarea es “fundamental en el modelo acusatorio, es el que tiene que probar la culpabilidad del imputado que se presume inocente, y tiene que poner evidencias sobre la actuación que le cupo a la persona imputada de delito. Y quien tiene que convencer a los ciudadanos y ciudadanas que integran el jurado es el ministerio público fiscal. Y no los va a convencer por lo que tiene en su carpeta de actuaciones preliminares, toda la prueba se produce en la audiencia del juicio; fuera de ahí no tiene ningún valor los documentos y demás”.

Finalmente, sobre los veredictos, resaltó que “en 26 casos que hubo en la provincia, la mitad dio veredictos de condena y la otra mitad de no condena. Esa cantidad no se reproduce estadísticamente en sentencias de los jueces técnicos, que es más lo que condenan que lo que no”.

 

El “crítico” panorama carcelario bonaerense

 

Favarotto se refirió además a la situación carcelaria bonaerense y advirtió que “es un gran problema que, naturalmente, no empieza con esta gestión que termina. Desde 2007 para acá, ha habido intentos, algunos buenos, regulares y algunos fallidos por mejorar la situación, pero lo cierto es que el resultado ha sido negativo, es decir, no hubo una mejora significativa de la situación carcelaria, sino al revés”, sentenció.

Informó que el número de prisionizados en la provincia aumentó. Actualmente, se está hablando de una cifra que oscila entre “los 34 ó 35 mil internos”, y esa cantidad puntualizó “no condice con las posibilidades reales de alojamiento”.

Favarotto planteó entonces que cuando “a la prisionización le ponemos elementos adicionales como la superoblación, el hacinamiento, la falta de lugares adecuados y demás, estamos en un problema que es crítico”.

Remarcó que “si a eso se le suman los casos comprobados a través de la Defensoría de Casación de la Provincia, la Comisión Provincial por la Memoria e, incluso, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de violencia institucional, de muertes en las cárceles o en los centros de detención de menores, estamos frente a un panorama que podríamos decir crítico y aquí sí que la nueva gestión va a encontrarse con un gran desafío que es cómo abordar, respetando los principios constitucionales y los derechos humanos, el tema carcelario”.

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