Pasó a comisión la consulta a Personas Jurídicas sobre la situación del presidente de la Usina

En la sesión del último jueves, tomó estado legislativo un proyecto de resolución sobre el estado concursal del presidente de la Usina Oscar Maggiori y una posible incompatibilidad para ocupar el cargo. La propuesta es elevar una consulta a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para despejar las dudas, ya que el informe entregado por la Comisión Fiscalizadora de la empresa arrojó un fallo dividido. 

Al ingresar el proyecto, el concejal Claudio Ersinger consideró que “no nos podemos quedar con esa respuesta en forma definitiva”, teniendo en cuenta que los dos síndicos públicos y el privado “no se han puesto de acuerdo”. 

El edil del PRO argumentó que desde el bloque “nos parece pertinente que no nos quedemos con la duda y tratemos de utilizar hasta el último recurso para aclarar esta situación”.

De este modo, la iniciativa tomó estado legislativo y fue trasladada a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, que ya trabajó con el primer pedido votado por unanimidad para solicitar un dictamen a los síndicos y también analizó el resultado que llegó desde la Usina.

 

Sin acuerdo

 

El último lunes, en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales no hubo acuerdo entre los bloques. La UCR mantuvo la postura de que el tema está cerrado, mientras que el Frente Renovador (FR) impulsó elevar una consulta a la Dirección de Personas Jurídicas y cuenta con el respaldo del PJ-Frente Para la Victoria. 

El tratamiento del informe, elaborado en respuesta al pedido votado por unanimidad en el Concejo Deliberante, comenzó con la exposición del oficialismo. Tal como había adelantado este Diario, la presidenta de la comisión Romina Mapelli indicó que acompañaban el dictámen a partir de la opinión vertida por los síndicos públicos, quienes se apoyaron en la Ley de Quiebras para afirmar que no existe inhabilidad alguna de Maggiori.

En tanto, la representante del massismo Beatriz Fernández indicó que consultó a cinco abogados y contadores, mientras que sus compañeros del PRO hicieron lo propio. “Todos llegan al mismo resultado, que aquí lo que vale es el tema del Estatuto de la Usina, porque regula la actividad dentro de los objetivos propios de la empresa y no supone de ninguna manera una contraposición con una ley superior”, sostuvo. 

Es que los síndicos públicos tomaron la Ley de Concursos y Quiebras para afirmar que tras sufrir una reforma, quedaron descartadas las inhabilidades de los concursados. Empero, para la concejal massista la norma no es absolutamente clara y da lugar a dos interpretaciones, circunstancia que “se le informa a los públicos” en el dictamen. 

“De todas formas, una empresa debe tener su reglamento interno de funcionamiento y en este caso, algo más que es un estatuto”, consideró, dejando claro que está más cerca de la postura del síndico del sector privado Daniel Alvarez. 

Beatriz Fernández destacó que “hay otro tema más profundo todavía y es que no estamos hablando de sociedades anónimas, que es para donde generalmente se aplican todas estas cosas. Estamos hablando de una figura que es una sociedad de economía mixta que tiene el 51 por ciento a cargo del Municipio. Nosotros como Concejo Deliberante somos controladores del Departamento Ejecutivo pero además poder concedente, en este caso, de la Usina”. 

En este sentido, recalcó que “tenemos que mirar todo, no sólo la parte pública, que en este caso no estamos de acuerdo con lo que dicen los síndicos públicos (Omar Farah y Ricardo Saraca), sino también hay que ver la parte privada. Acá hay accionistas y un fallo dividido”. 

Además de la consulta a Personas Jurídicas, la legisladora deslizó la posibilidad de avanzar con alguna presentación ante la Justicia, aunque dependerá de los resultados de los informes previos. 

 

El perfil del

presidente

 

El concejal del PJ-Frente Para la Victoria Fernando Rossi expresó que “el tema para nosotros no está cerrado”. Con cautela, adelantó que “tenemos dudas y queremos que queden despejadas. En especial, con el informe que recibimos de la sindicatura, donde en realidad hay disidencia”.

Adelantó que “estamos buscando las instancias para consultar” y ratificó que “probablemente lo hagamos en conjunto con el bloque del Frente Renovador, y también hemos hecho consultas a especialistas como trabajo de bloque, hemos hablados con abogados, con quienes están dentro de la Usina. Vamos averiguando”. 

Rossi distinguió el aspecto legal de lo político, donde opinó que es necesario “darnos la discusión o conversarlo entre todos en el ámbito del Concejo, si es adecuado que la persona que está al frente de la principal empresa de Tandil, que maneja recursos de todos los contribuyentes, puede estar concursada”. 

Consideró que si no prospera el proyecto para solicitar la opinión de la Dirección de Personas Jurídicas, la intención será “buscar todos los mecanismos para obtener una respuesta. Esto es parte de lo que estamos estudiando. Lo ideal sería que salga del Concejo porque no se está acusando a nadie, lo que queremos es sacarnos las dudas respecto a la validez o no y a la interpretación de lo que dice el Estatuto de la Usina”.

Para el legislador del FPV, las diferencias entre los síndicos se producen alrededor del Estatuto, entonces es necesario tener una opinión certera sobre el espíritu de la norma y sobre cómo se aplican los artículos a este caso particular. 

Desde su óptica, si bien existe una reforma a la Ley de Quiebras, el Estatuto mantuvo los artículos sobre la inhabilidad de los concursados. “Me parece que da para consultarlo, pero reitero que además de la cuestión legal también hay una cuestión política respecto al perfil de quién tenemos que tener al frente de esa empresa”, dijo.

Para finalizar, reiteró que “esto no es nada personal contra Maggiori, pero la Usina es una empresa sumamente relevante, maneja cuantiosos recursos y me parece que está bueno también ver cuál es el perfil de la persona que se designa, porque además la designa el Intendente”.