Piden la adecuación de verdulerías a la ordenanza del uso del espacio público

A poco de cumplirse la prórroga adoptada para la adecuación a la ordenanza 10.633 de uso y ocupación del espacio publico, el Consejo Asesor de Políticas de Discapacidad reeditó su reclamo e insistió con el pedido para que las fruterías y verdulerías se ajusten a lo requerido y se sumen a los comercios de otros rubros que ya implementaron las modificaciones correspondientes.

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La normativa se sancionó en enero del año pasado y, entre otros aspectos, establece condiciones para la utilización de las veredas y prohíbe la ocupación de la “línea de edificación municipal”, lo que se conoce como “el lado de la pared para que aquellos ciudadanos con algún tipo de dificultad pueda transitar sin riesgos”.

En una nota enviada a esta Redacción en representación del Consejo Asesor de Políticas de Discapacidad, Juan Carlos Giménez, expuso que en ese marco la mayoría de los negocios, entre ellos bares, restaurantes y confiterías, adecuaron su mobiliario e hicieron las modificaciones necesarias para cumplir con la norma.

 

Preocupación

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En tanto los propietarios de fruterías y verdulerías expusieron su dificultad para adecuarse a la ordenanza y el Ejecutivo, “con buen criterio”, les otorgó una prórroga de un año que vence el 31 de este mes.

“La preocupación que tenemos desde el órgano que integro es que no vemos ningún movimiento de adecuación en las fruterías y verdulerías y faltan muy pocos días para que se venza el plazo”, advirtió.

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También lamentó que la funcionaria que hasta el 10 estuvo a cargo de la Dirección de Inspección General y Habilitaciones, Alejandra Marcieri, ahora secretaria de Desarrollo Social, “finalice su tarea no habiendo podido dar por terminado este tema, es decir, haciendo cumplir el compromiso firmado a los propietarios de este rubro”.

“Cumpliendo la ordenanza se garantiza la libre y segura circulación por las veredas de la ciudad no sólo de las personas con algún tipo de discapacidad sino el conjunto de ciudadanos, incluso aquellos que padecen algún tipo de dificultad (embarazadas, personas mayores, niños, madres con cochecitos o con lactantes, accidentados transitorios, personas obesas, etc.), grupo al que se denomina ‘colectivo de personas con movilidad reducida’ y que en Tandil afecta al 40 por ciento de la comunidad”, puntualizó.

Para finalizar opinó que “todos los propietarios de fruterías y verdulerías deben continuar con su actividad laboral porque  seguramente es su medio de vida pero no a costa de la seguridad de todas esas personas con movilidad reducida”.

“Si otros rubros pudieron adecuarse a la ordenanza no veo por qué ellos no. Creo que con un poco de buena voluntad de su parte y dialogando con el Ejecutivo encontrarán la forma de lograrlo. De esa una única manera tendremos entonces ‘un Tandil más accesible’”, concluyó.

 

El estado actual

 

El día en el que juró como secretaria de Desarrollo Social para el cuarto mandato del intendente Miguel Lunghi, la directora de Inspección General y Habilitaciones saliente, Alejandra Marcieri, realizó un repaso sobre el estado de la ordenanza y la adecuación del rubro ante la inquietud planteada y confirmó que se presentó una propuesta para implementar modificaciones al texto de la reglamentación.

En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta” ratificó que la prórroga es únicamente para las fruterías y verdulerías, puntualmente aquellas que contaban con una habilitación comercial anterior a la sanción de la norma, en 2014.

En ese marco un grupo de comerciantes solicitó una excepción al Concejo Deliberante para adecuarse a las nuevas exigencias dado que en su mayoría los contratos de alquiler de los locales impedía hacer modificaciones estructurales inmediatas.

Así, en el transcurso del año debían adecuarse avanzar en el cumplimiento de diversas acciones: “Despejar las ochavas para cumplir con la Ley de Tránsito en cuanto al cono de visibilidad y evitar la limpieza de la mercadería en la vereda”, una acción que “realizaban continuamente y que era bastante molesta”, también retirar la mercadería en exposición en la vereda y pasarla al interior del comercio “y no tener un escaparate que supere los 80 centímetros de la línea de edificación”, puntualizó.

Aquellos comerciantes que se encontraban fuera de regla rubricaron un convenio en el que se dejó constancia una prórroga hasta el 31 de diciembre para mantener la situación previa a la sanción de la ordenanza.

Los que no acataron la norma “tuvieron las sanciones pertinentes”, remarcó la funcionaria.

Por otro lado admitió que fueron pocos los que adecuaron la estructura edilicia -en muchos casos aprovechando los ventanales para convertilos en exhibidores internos- y puntualizó que de los 50 aproximadamente que se encontraban en esta situación “entre 10 y 12 son los que pudieron hacer la modificación necesaria”.