Pidieron dos años de prisión para un acusado por defraudación a la administración pública

Ante el Tribunal Criminal 1 se ventiló ayer la trama de un llamativo caso que arribó al debate oral y público tras una década de investigación, que incluyó pedidos de nulidad y distintos vaivenes procesales.

Jorge Miguel de Dematteis fue acusado por “Desbaratamiento de hechos acordados y defraudación a la administración pública”, al no responder ante un crédito prendario de 195 mil pesos que le otorgó el Banco Provincia el 2 de septiembre de 1999.

Ante la falta de respuesta en los pagos acordados, el 4 de diciembre de 2001 la entidad fue en busca de la maquinaria agrícola al campo del imputado, denominado La Estrellita, y a su vivienda particular, donde su esposa no dio precisiones del paradero de las herramientas.

Durante una década, nada declaró Dematteis acerca del lugar en donde se encontraban los bienes muebles adquiridos con el crédito, pero llamativamente ayer, en la instancia del debate oral y público, apareció un testigo que aportó datos concretos sobre la suerte que habrían corrido las herramientas agrícolas. 

La jornada comenzó con la presentación de otro pedido de suspensión del juicio por parte de los letrados defensores Fernando y Rodrigo López Santoro, que fue denegado por el Tribunal.

En este sentido, el fiscal Luis Piotti objetó el momento en que se realizó la solicitud y mencionó que durante los extensos años del proceso se efectuaron numerosos planteos de nulidad. 

También marcó que en el hecho imputado “se atacaron fondos públicos”, su repercusión por el “interés público” y que “no hay arrepentimiento” por parte de Dematteis, quien ofreció 3 mil pesos sobre una deuda que ascendía a 195 mil pesos en 2001. 

 

Los testigos

 

El primer testimonio que escucharon los jueces Guillermo Arecha, Agustín Echevarría y Pablo Galli fue el del abogado Eduardo Carbonetti, quien reconoció haber firmado el acta de secuestro el 4 de diciembre de 2001.

En esa fecha, acudió con otros funcionarios a buscar las herramientas prendadas por el Banco Provincia al campo La Estrellita y posteriormente, al domicilio del imputado, donde tampoco fueron halladas y no se lograron datos sobre su paradero. 

Luego fue el turno de Oscar Alfredo Guerrero, quien reconoció ser amigo y mantener un vínculo comercial con Dematteis, ya que éste le alquilaba equipos de riego para su chacra de 200 hectáreas de papa. 

Sorpresivamente, y luego de diez años del hecho, el testigo dio el primer indicio sobre el destino de los bienes prendados, indicando que quedaron en un galpón bajo custodia policial por la quiebra de La Emilia SA, declarada a fines de los 90.

Tras brindar detalles de la cantidad de hectáreas de papa que sembraba y la complejidad del cultivo, Guerrero sostuvo que “en todos los idiomas” le planteó al síndico de la quiebra que en el inmueble de La Emilia había herramientas y automóviles de terceros, entre ellos varios equipos de riego de Dematteis.

El testigo afirmó que las herramientas prendadas quedaron en el galpón de colectora Macaya al 600. “Los cuidaba la policía”, dijo y agregó que “de ellos no quedó nada”, incluso mencionó que se realizaron denuncias penales, en las que los efectivos se acusaban unos a otros. “En el expediente de quiebra consta todo”, aseguró. 

También declaró que Dematteis recién estuvo al tanto de la situación de la quiebra y su maquinaria, “cuando se arma el lío” y que se encargó de realizar la denuncia ante el seguro.

En una de sus intervenciones, el juez Arecha cuestionó que “es usted la primera persona que viene y nos introduce esta cuestión”, en referencia a que el imputado se había mantenido en silencio sobre el destino de los bienes prendados hasta el juicio oral. 

“Tengo problemas con mucha gente por las cosas que había ahí adentro”, dijo Guerrero en referencia al desapoderamiento que sobrevino a la quiebra. También contó que Dematteis “vino a matarme” cuando se vio involucrado en la presente causa y que por esa razón, aún deberá dialogar con él para resolver el acuerdo comercial que existía entre ambos.

 

Los alegatos

 

El fiscal Piotti pidió 2 años de prisión para el imputado y fundamentó que a pesar de que se agregó prueba en el debate, está demostrado que el 4 de diciembre de 2001 Jorge Miguel Dematteis, con intenciones de defraudar, removió bienes muebles que debían estar en La Estrellita, de acuerdo al contrato prendario celebrado con el Banco Provincia.

El fiscal alegó que Dematteis no avisó que había trasladado las herramientas y “frustra cobrar, perjudicando el patrimonio de la administración pública”. A esto le sumó “una actitud silenciosa posterior” que mantuvo en las actuaciones civiles y penales, además de en otras instancias como varios allanamientos.

Consideró que se debe tomar el testimonio de Guerrero “con mucho cuidado” y evaluó que estuvo signado por una verosimilitud “conmovida”, mencionando que la amistad con el imputado “relativiza” sus dichos. 

En igual sentido, marcó “inconsistencias” en el relato del testigo, quien dijo no recordar fechas, detalles sobre el negocio con Dematteis, ni sobre las denuncias de robo de los elementos del galpón de La Emilia. 

Piotti concluyó que desde el punto de vista objetivo, “es ilógico que recién en esta etapa se presente esta hipótesis de que las cosas fueron desapareciendo por ladrones”. 

Y agregó que “el silencio de Dematteis abastece el ocultamiento de bienes”, infiriendo que es una “una hipótesis mendaz que no responde a la realidad de los hechos”. 

Por su parte, el defensor Fernando López Santoro pidió la absolución y sostuvo la declaración de Guerrero porque “me ha convencido”, atribuyendo las inconsistencias al tiempo transcurrido.

Agregó que asumieron la representación de Dematteis hace unos días y que “no podemos cargar sobre las espaldas del acusado un error de la defensa”, en referencia al letrado que intervino anteriormente en la causa.

Por su parte, Rodrigo López Santoro alegó que “no existe voluntad de privar al acreedor de los bienes” y ratificó que “pudimos introducir la verdad” en la etapa del debate, la “más trascendente” del proceso. *