Plantean la inconstitucionalidad del boleto electrónico

En una entrevista con este Diario, el defensor Diego Araujo dejó frases más que elocuentes respecto a inquietudes como presuntas verdades que el común de la vecindad se hace carne cuando en la realidad no lo son. El criticado “garantismo”, hasta el boleto electrónico administrado por el sistema único de movilidad ordenada, de reciente implementación en la ciudad, son cuestionados por el letrado que intervino en asuntos ciudadanos más allá de lo meramente penal.

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-Recientemente, la Cámara de Apelación y Garantías dispuso la libertad por falta de mérito de dos coimputados en el crimen de Mario Maciel. ¿Cómo evaluó lo resuelto?

-Cuando el proceso penal es llevado adelante por los órganos judiciales que corresponden, y con pleno respeto de todas las garantías constitucionales, las decisiones no pueden verse sino como un triunfo del sistema.

Como litigante uno podrá estar o no de acuerdo con determinadas resoluciones judiciales, y ello hasta está previsto en la ley procesal otorgando la posibilidad de recurrir para que un tribunal superior de la causa revise los argumentos. Lo que no puede hacerse es atacar al sistema sin fundamentos, y sólo porque la decisión fue adversa a los intereses que se reclaman o que se defienden.

-Algunas voces, incluso desde el Poder Judicial, estiman que hay jueces que con sus resoluciones limitan las investigaciones, sobre todo en materia de tráfico de estupefacientes, y que por tecnicismos jurídicos hacen caer “trabajos de meses y hasta años”, y que llevan al “desánimo policial”. ¿Está de acuerdo?

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-También escuché decir que “hay jueces que son muy garantistas” y que por eso el ciudadano está desprotegido. En realidad, la dicotomía garantismo versus mano dura es una falacia, un invento discursivo por quienes piensan que la seguridad pública se protege solamente con respuestas punitivas. Con estas manifestaciones se confunde a la población en general, y eso es lo realmente nocivo. Si una causa penal es declarada nula, quiere decir simplemente que se investigó mal. Cada cual debe hacerse cargo de la función que le corresponde, y si las exigencias legales lo requieren, mayores deberán ser los esfuerzos personales para hacer las cosas como corresponden.  En cualquier país del mundo, cuando la investigación no se hace conforme a los dictados de la ley, como debe ser, simplemente el resultado no puede ser bueno.

-Pero, ¿es cierto que hay jueces “muy garantistas”?

-No se puede ser muy garantista o poco garantista. O se respeta la ley o no se la respeta. O se está dentro de la legalidad o se está afuera. Pretender relajar la interpretación de la ley para que los resultados investigativos sean más eficientes. Esto desde la función pública, sólo lo puede decir un mal intencionado, o un burro. Todos los que conocemos el funcionamiento del Poder Judicial sabemos fehacientemente que los jueces de Tandil, y aún de los de Azul, especialmente la Cámara Departamental, son muy buenos jueces, honestos, responsables y muy profesionales. Qué diríamos entonces los defensores públicos cuando nos rechazan los planteos que realizamos. ¿Qué el sistema judicial  no funciona porque los jueces son manoduristas?

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-¿Qué opina de la tenencia de estupefacientes para consumo personal?

-La Corte Suprema se expidió en el año 2009 en el precedente “Arriola” y estoy de acuerdo con lo que se dijo en esa oportunidad. Entre otros muchos fundamentos relativos al ámbito de privacidad del individuo, y con cita en el organismo especializado en el tema perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, compartieron la postura de que la adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los consumidores. Debe haber un abordaje desde el ámbito sanitario y mediante una tarea integral e interdisciplinaria. En la actualidad en el ámbito internacional se habla por ejemplo de la labor de los Estados en Desarrollos Alternativos al proceso de cultivos ilícitos; es decir políticas públicas dirigidas a bajar la situación de vulnerabilidad de aquellos que en definitiva son los que más sufren el flagelo de la droga.

-¿Entonces está a favor de la legalización?

-No. Estoy en contra de la incriminación. Castigando con pena de prisión al consumidor, mientras los que trafican grandes cantidades de droga se hacen millonarios, no se resuelve nada. La adicción no es una enfermedad que se pueda tratar de una manera rápida, sino que es necesario una asistencia médica y psicosocial; se necesita crear un espacio de contención del adicto, de la familia, y fundamentalmente crear redes de integración con la comunidad y su ambiente laboral para que el proceso de rehabilitación sea consistente y sostenible.

 

Las cárceles y la alcaidía

 

-¿Cómo está la situación en las cárceles? ¿Ingresa la droga?

-Respecto de si hay drogas en las cárceles, algunas causas judiciales, incluso locales, parecería confirmar la hipótesis. Sin embargo la problemática de las cárceles es mucho más profunda. Allí donde la pena debería limitarse a la privación de la libertad ambulatoria, y los derechos que ello necesariamente implica como consecuencia necesaria, se le suman otras limitaciones que no deberían ocurrir. Violencia física, hacinamiento, sobre población, mala alimentación, condiciones edilicias deficientes. Todo ello puede corroborarse con sólo leer los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria.

-¿Siguen con la idea de que se cree una alcaidía en Barker? 

-Sería sumamente importante que esa idea fuera apropiada por la dirigencia política y la lleve a cabo. Recientemente se adecuó un pabellón en la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica para que funcione como alcaidía, lo que implica que es perfectamente posible aplicarla también en Barker.

-¿Es cierto que los presos cobran más que los jubilados?

-Esa afirmación es de muy mala factura, por decirlo elegantemente. Los presos no cobran por estar presos. En las cárceles hay detenidos que trabajan, otros que estudian y otro tanto que no hace nada. Aquellos que trabajan porque son contratados, por ejemplo por empresas privadas, que son un porcentaje no muy alto, por disposición constitucional y legal, deben percibir por su trabajo un salario. Esa remuneración debe participar de todas las características que posee el salario de cualquier trabajador en relación de dependencia. Si no cobraran por su trabajo, no serían presos, sino esclavos.

Sistema inconstitucional

-Yendo a otro tema, se escuchó que usted piensa que el boleto electrónico en Tandil es inconstitucional…

-Tal como está implementado, estimo que sí. Me alarmó particularmente el caso de un colectivero que bajó a una niña del transporte porque falló el funcionamiento de la tarjeta. Luego de ello, otras voces se animaron a denunciar, al menos públicamente, otras situaciones similares. Eso es incomprensible. Y más allá de la vulneración de los derechos del niño, lo que se advierte es una exigencia de un medio de pago que el Estado no debería proveer como único y exclusivo para acceder al servicio.  La única obligatoriedad de medio de pago que puede establecer el Estado es la moneda de curso legal, que no es un negocio privado, sino que es emitida y administrada por el propio Estado.

Lo que ahora se pretende con el boleto electrónico es crear un nuevo medio de pago obligatorio similar a la moneda, pero en beneficio de particulares que explotan ese negocio, privilegiados por el Estado a través de una ordenanza.

Además, hay una clara afectación a los derechos de los consumidores pues se los priva del acceso al transporte público, por una imposición arbitraria, que habilita el ejercicio abusivo de una posición dominante en el mercado. Entiendo que se necesita una readecuación urgente, así como un fortalecimiento del sistema de control, e incluso de soluciones ante situaciones como cuando la máquina lectora de la tarjeta no funciona o funciona de manera defectuosa. En el ámbito nacional -con la SUBE- cuando hubo un problema de esta naturaleza se solucionó a favor del usuario: viaja gratis.