Polémica entre preservacionistas y vecinos por el Plan de Desarrollo Territorial serrano

En el marco de la reglamentación de la Ley de Paisaje Protegido, se suscitó una polémica en torno al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Manejo de esas áreas. Por un lado, un grupo de vecinos “por el desarrollo sustentable” de Tandil planteó “objeciones” a ambos textos que regulan la construcción sobre las sierras y el desarrollo de actividades. Desde la Asamblea Ciudadana en Defensa de la Sierras de Tandil manifestaron su negativa a la postura y ratificaron: “Sierras sin canteras ni construcciones”.

En primer lugar, “un grupo de vecinos damnificados directos por el Plan de Desarrollo Territorial vigente y en estado de alerta por el proyecto de Plan de Manejo”, se propusieron “hacer llegar a las autoridades nuestro punto de vista y proponer lineamientos de reforma a fin de que el PDT no se constituya en un instrumento para el cercenamiento de derechos particulares, sino en una herramienta para el desarrollo armónico de Tandil, de su ambiente y su gente”.

Desde su perspectiva, entienden que un PDT “debe procurar un desarrollo sustentable, en beneficio de la comunidad tandilense”, al tiempo que se manifestaron “partidarios de preservar el paisaje, las sierras, el agua, la flora y fauna, pero no de inmovilizar el suelo, de impedir el contacto o el disfrute de la naturaleza”.

“El paisaje no es una fotografía inmóvil que se observa desde lejos sin tocarlo, sino un ambiente en el que se sumerge, se vive y se desarrollan actividades recreativas, económicas y culturales”, expusieron.

Luego de un extenso análisis y desarrollo de cuestiones relacionadas a las normativas, concluyeron que resulta “imprescindible” que “se revea el Plan de Manejo en elaboración y se flexibilicen las normas del PDT a fin de adecuarlas tanto a las normas constitucionales como a un proyecto de desarrollo sustentable para Tandil”.

 

“Un reclamo de 

particulares”

 

Desde la asamblea, entienden que “se trata de un reclamo de un grupo de particulares para que se modifiquen normas vigentes y se les permita subdividir parcelas en las sierras para obtener mayor número de lotes y hacer un negocio inmobiliario más rentable”.

Ante este escenario, sostuvieron que “el Estado es el principal responsable del ordenamiento territorial,  debe cumplirlo y hacerlo cumplir, sin privilegios” y que además “el interés general es superior al particular”.

“Las objeciones presentadas por el grupo de propietarios merecen ser respondidas por las autoridades con firmeza y todo el respaldo de su competencia. Pero, fundamentalmente, es necesario que se evite favorecer una confusión muy conveniente para los lobbies y algunos funcionarios proclives a facilitar el avance de las construcciones en las sierras, quienes parecen estar buscando la excusa para flexibilizar el plan de ordenamiento vigente”, aseguraron en respuesta. *