Preocupa la suspensión de las acciones del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable

Desde el Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de Tandil expusieron su preocupación por la suspensión de las acciones correspondientes al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable desde el 4 de enero y las consecuencias que esto podría tener en la población por la magnitud del mismo y todo lo que abarca.

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Erica Lanzini, del Foro, explicó que “la preocupación surge principalmente por la suspensión de todas las acciones vinculadas al programa, que es de alcance nacional, y llega a todos los municipios a través de los centros de atención primaria de la salud”.

El programa se aprobó por ley en el año 2003, y de alguna manera es el que articula todas las políticas públicas del Ministerio de Salud que tienen que ver con la salud sexual y procreación responsable.

“Los primeros días de enero un decreto del Ejecutivo nacional estableció una nueva configuración dentro del Ministerio de Salud, y el programa quedó virtualmente fragmentado en distintas subdirecciones”, expuso y remarcó que frente a este incierto panorama, la iniciativa “pierde esta idea de organicidad y centralidad que era una característica que hacía que el programa pudiera funcionar con alcance a nivel nacional”.

El reclamo

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Ante la reacción de numerosas organizaciones de mujeres que trabajan en salud sexual y reproductiva, el 14 de enero, en una reunión con el Consejo Asesor, el secretario Néstor Pérez Baliño se comprometió a la continuidad de la totalidad del programa con presupuesto propio, la designación de una coordinación y la permanencia de la totalidad del equipo. Pero a menos de un mes de esta promesa, “están avanzando con el desmantelamiento”.
El primero de este mes se anunció el despido de 20 trabajadores, más de un tercio del equipo, en el marco de 113 despidos en el Ministerio de Salud. La subsecretaria Dora Vilar de Sarachaga afirmó que el programa tiene que funcionar sólo con 15 personas lo que implica, al menos, otros 20 despidos.

En alerta

“Lo que se prometió en ese momento es que se iba a designar una nueva coordinadora, ya que había sido desplazada de su cargo y que se iba a mantener como un programa centralizado, y con autonomía funcional y financiera, que hace posible entre otras cosas, que lleguen anticonceptivos de distinto tipo a los centros de salud. Eso depende directamente de ese programa, que es el que hace las licitaciones, compra los anticonceptivos y los hace llegar a los centros de salud”, sostuvo.

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Después de la manifestación recibieron la respuesta de que el programa se iba a mantener como tal, pero “la semana pasada se despidió a 20 compañeros y no se respetó el acuerdo de mantener los puestos de trabajo y garantizar la autonomía funcional y presupuestaria del programa”.

“Eso nos pone en alerta, ya hay manifestaciones de diferentes organizaciones y nuevamente se está pidiendo la reincorporación de estas 20 personas. La realidad es que es un programa que viene desde 2003 hasta la fecha con un equipo que no son más de cien personas, lo que se ha garantizado es que haya personal capacitado. Por lo tanto, desplazar a esas personas implica volver a iniciar todo un proceso de formación, que tiene que ver -ni más ni menos- que con garantizar derechos”, remarcó.

Faltante de anticonceptivos

En tanto, advirtió que “rápidamente se va a notar algún faltante de anticonceptivos en los centros de salud porque si bien hay un compromiso desde las autoridades de continuar con la compra y distribución, desde el 10 de diciembre pasado el programa está paralizado, por lo tanto no hay garantía de eso. En especial se espera que haya dificultades para conseguir DIU y anticoncepción a través de implantes subdérmicos”.

En relación a estos últimos, explicó que “se usan mucho en adolescentes que han presentado un embarazo adolescente o un aborto a muy temprana edad porque se instalan en un centro de salud y no requieren ni que te acuerdes de tomar una píldora todos los días, ni que tengas a mano un preservativo para prevenir embarazos”.

“Sabemos que la mejor manera de evitar enfermedades de transmisión sexual es el preservativo pero sobre todo en población en riesgo, la anticoncepción de largo plazo es lo que garantiza mayor efectividad”, manifestó.

Frente a este panorama, expuso una “gran preocupación” porque además “está anunciado el despido de por lo menos 15 personas más del programa y eso lo dejaría en una situación bastante crítica. Confiamos en que las personas que designaron a cargo vuelvan a repensar y garantizar el programa”.

“Este programa preveía tratamiento para personas con enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la garantía de medicación para personas con VIH, todo lo que tenía que ver con tratamientos hormonales para extender la calidad de vida de nuestras compañeras trans, que además las pone en serio riesgo de vida. La población trans tiene un promedio de vida de 40, 45 años, con estos tratamientos en el marco de una política de Estado ese promedio de vida se puede extender. De lo contrario es una población muy vulnerable”, señaló.

No obstante, aclaró que “hasta ahora no se ha sentido esta parálisis del programa en los centros de salud de Tandil”, pero adelantó que esta semana se van a reunir con la directora de Atención Primaria Sandra Fraifer para saber cómo va todo y hacer un acompañamiento en garantizar que el programa llegue a la población.

En tanto, en Capital y Conurbano ya se está sintiendo la falta. “Hay un estado de alerta generalizado”, manifestó. Y agregó que “desde el 10 de diciembre el programa está en stand by, no hay directivas, no se sabe cómo se va a continuar. Se sabe que va a haber achicamiento de la cantidad de personal”.

El programa

Por todo lo expuesto, desde el Foro pidieron que se garantice la continuidad del programa ante lo que parece ser su “desmantelamiento”.

Cabe destacar que el mismo implica una gestión especializada para dar cumplimiento a cinco leyes nacionales: la 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, la 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, 26.743 de Identidad de Género y la 26.862 de Fertilidad.

El desmantelamiento del programa pone en riesgo la prevención de embarazos no planificados, abortos y muertes de mujeres, el acceso a tratamientos de fertilidad, la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos en todo el país, la capacitación de equipos de salud, el acceso a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva, la formación de promotoras/es de salud y la multiplicación de actividades de prevención en la comunidad y la posibilidad de acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal para personas trans.