Proponen dar al Estado la opción de compra de campos para frenar inversores extranjeros

Un grupo de diputados del Peronismo Federal, entre ellos el tandilense Roberto Mouillerón, propuso crear un Régimen de Derecho de Preferencia de los Estados provinciales y del Estado nacional en las Transferencias de Tierras de Inmuebles Rurales antes que empresas extranjeras o nacionales cuyos socios o capitales sean foráneos.
El proyecto planea otorgar prioridad de opción de compra al Estado provincial cuyas tierras sean de su jurisdicción y, en caso de que el mismo no ejerza dicha opción, podrá hacerlo el Estado nacional ?a los efectos de proteger el medioambiente por medio de la utilización racional de los recursos naturales, preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica?.
La medida será aplicable a ?toda transmisión a cualquier título? ?con excepción de la correspondiente a derechos hereditarios?, en la cual el vendedor del campo deberá comunicar a las autoridades provinciales y nacionales ?los datos esenciales del contrato que pretende celebrar y la finalidad o destino que el pretenso adquirente le dará al inmueble conforme a su proyecto productivo o de inversión con un plazo de antelación no menor a 60 días a su formalización?.
La propuesta indica que el Estado provincial tendrá durante 30 días la prioridad para ejercer el derecho de opción de compra o adquisición ?por el mismo precio que fuera oportunamente comunicado por el transmitente?.
Una vez vencido ese plazo, si el Estado provincial opta por no comprar el campo, deberá notificar su decisión al Estado nacional para que éste ?también en un plazo de 30 días? pueda ejercer la opción de adquirirlo.
?En el caso que ni los estados provinciales ni el Estado nacional ejerzan el derecho de opción de compra o adquisición, la formalización de la operación de transferencia aludida no podrá ser realizada por un precio menor por el que se le otorgó dicha opción a los referidos estados?, expresa el proyecto.
El texto aclara que la medida no será aplicada ?con carácter de excepción y con la previa conformidad de la Autoridad de Aplicación? en los casos de operaciones realizadas por personas físicas extranjeras que tengan cónyuge o descendientes argentinos y aquéllas que demuestren residencia efectiva mayor a 10 años en el país.

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Registro de tierras

Además se establece que los propietarios de campos tendrán un plazo de seis meses para comunicar a las autoridades ?la cantidad de áreas rurales bajo su órbita?. Para tal fin se determina la creación de una Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales y un Registro Provincial de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles Rurales en cada jurisdicción.
?La inscripción en dicho Registro Provincial de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles Rurales será anual y obligatoria, comprendiendo a todos los productores agropecuarios o titulares de predios rurales en los términos que establezca la reglamentación?, dice el proyecto.
?Asimismo el Registro de la Propiedad Inmueble de cada una de las provincias dispondrá de los medios técnicos necesarios para que en el sistema de folio real vigente se puedan identificar los inmuebles de titularidad de personas extranjeras o de sociedades?, dice el proyecto.
La iniciativa está firmada por los diputados del Peronismo Federal Mario Merlo, Ivana Bianchi y Alberto Pérez (San Luis); Enrique Thomas (Mendoza); Roberto Mouillerón (Buenos Aires); Eduardo Ibarra (San Juan) y Carlos Carranza (Santa Fe).

Más iniciativas
parlamentarias

Hay al menos dos proyectos más en los despachos del Congreso: uno, de los diputados de la Federación Agraria Argentina, busca prohibir que los extranjeros sean propietarios de más de 25 por ciento del total de tierras de un mismo municipio.
Otro, elevado el año pasado al Ejecutivo por la ex senadora chubutense Silvia Giusti, cercana al gobernador Mario Das Neves, quien propuso limitar que una persona física o jurídica extranjera pueda adquirir más de 2 por ciento de los terrenos de una provincia, y no más del 10 por ciento de un municipio. Además, exigía a los extranjeros que compraran tierras una declaración jurada en la que constaran todas las propiedades que tienen.

Cifras preocupantes

El debate por el supuesto proceso de ?extranjerización? de los campos viene siendo promovido por varios sectores de la izquierda desde hace lustros, aunque recién ahora la situación se torna ?algo preocupante?, aseguran desde la FAA. Un informe de la entidad asegura que al menos el 10 por ciento del territorio argentino era propiedad de extranjeros en 2007, es decir, unos 300 mil kilómetros cuadrados.
Las tierras en manos de extranjeros en Argentina casi se triplicaron en los últimos diez años, un fenómeno que se extiende por áreas estratégicas ricas en recursos naturales y que afecta a pequeños pueblos que quedan atrapados dentro de los dominios de los grandes terratenientes.
A inicios de este siglo unas 7 millones de hectáreas estaban en manos de extranjeros, pero esa cifra se elevó desde entonces hasta las 20 millones de hectáreas, de acuerdo a cálculos de la Federación Agraria Argentina (FAA), patronal que agrupa a pequeños y medianos agricultores y que reclama ponerle un coto a este fenómeno.*