Protectora de Animales tendrá que responder por la presunta venta irregular de dos terrenos

La Justicia obligó a la comisión directiva a convocar a una asamblea extraordinaria para que los socios ratifiquen o rechacen la transacción inmobiliaria, y que decidan las medidas a tomar.

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La causa se había iniciado hace 6 años, cuando Matías Pedersen, Ana Gatti de Pedersen y Elsa Zalazar, socios de la institución, detectaron una estafa debido a que en la venta de los lotes no se habría cumplido con el artículo 22 del estatuto de la entidad, que exige la previa aprobación en asamblea para la adquisición, enajenación, hipoteca y permuta de bienes inmuebles.

“Frente a la falta de un acta de asamblea autorizando la venta, el escribano Marcelo Saúl Cifuentes extendió la escritura traslativa de dominio al comprador”, indicaron a través de un comunicado y agregaron que no existía boleto de compraventa con fecha cierta que justificara la venta al veterinario Javier Pais ni el precio.

“Nunca hubo dinero ingresado a la asociación por este concepto ya que se trató de una operación de compraventa simulada y los terrenos fueron transferidos al veterinario Pais en pago de honorarios profesionales que no correspondía”, denunciaron.

Además, precisaron que en 2008, cuando motorizaron la acción legal, “el perjuicio económico ocasionado a la institución por esta pseudoventa rondaba la suma de 300 mil pesos, según tasaciones de mercado vigentes a esa fecha. Al día de hoy estamos hablando de un perjuicio económico de alrededor de 2,6 millones de pesos (dos lotes de 90 mil dólares cada uno), teniendo en cuenta la ubicación estratégica en la que los terrenos se encuentran y la revaluación que han tenido las propiedades en los últimos años. Demás está decir que nunca hubo ingreso de dinero alguno por este concepto, al patrimonio de la asociación”.

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“Les advertimos”

 

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Ayer, Elsa Zalazar y Matías Pedersen, junto a su representante legal Miguel Ibarlucía, dieron detalles de la causa judicial y pidieron que se garantice la transparencia del padrón y el desarrollo de la asamblea que deberá revisar la venta de los valiosos lotes.

Elsa Zalazar explicó que era parte de la comisión saliente en 2007 y no pudieron escriturar esos terrenos porque había dos personas que tenían un poder irrevocable por diez años para escriturar a favor de PAT.

Al cambiar las autoridades, “esta gente en lugar de escriturar a favor de PAT, lo hizo de un tercero. Entonces, todo el dinero de la venta Protectora no lo vio y la institución fue muy dañada por esto, por supuesto desde el punto de vista económico. Nosotros no estábamos de acuerdo como socios y les hicimos saber que íbamos a accionar judicialmente para poner las cosas en su lugar”.

En principio, los inmuebles ubicados en la calle Avelino Martínez -cerca del barrio La Rosa-, se pusieron a nombre de la hermana del veterinario que por ese entonces trabajaba en la institución.

“Nosotros le habíamos advertido a los miembros de comisión directiva de ese momento que iba a ser un gran perjuicio para la institución, que nosotros estábamos dispuestos a accionar judicialmente  si no se hacían las cosas como correspondía y así y todo, continuaron. Por eso fue que terminamos en la Justicia”, recapituló la socia.

 

“Queremos un proceso democrático”

Por su parte, el doctor Miguel Ibarlucía explicó que en primera instancia hubo un fallo adverso pero apelaron y lo dieron vuelta. “Lo que consideró la Justicia es que esa venta fue irregular porque no pasó por asamblea”, afirmó.

Por el contrario, las autoridades de PAT decían que todo estaba en regla, “porque habían incluido una frase en la memoria y balance. Esos argumentos fueron rechazados y ahora tienen que convocar a una asamblea para que los socios decidan. El tema es que queremos un proceso transparente”.

Incluso, el letrado señaló que los tres socios que representa “fueron expulsados por el señor (el presidente Gustavo) Desiati por denunciar. Si forma parte de una entidad y a los que son opositores los echa, no tiene ninguna vocación democrática”.

La baja de los tres socios fue impugnada y debieron consignar las cuotas en el expediente judicial, por lo que ahora piden que la Justicia “garantice un proceso transparente, que los verdaderos socios de Protectora -todos- puedan ir a la asamblea, que tengan las información disponible y que puedan resolver”,

Además, sostuvo que la asociación civil está adeudando varios balances, cuestión que también deberá revisar la asamblea que debería realizarse el mes próximo.

 

Falta de transparencia

Por su parte, Matías Pedersen expresó que “no tenemos conocimiento del padrón actual, por lo tanto no podemos estimar la cantidad de socios que realmente están en condiciones de asistir a una asamblea” y agregó que “la falta de existencia de un padrón transparente es uno de los puntos que planteamos cuando iniciamos la demanda, al igual que la falta de información contable, la falta de todo tipo de transparencia hacia el socio que es, en definitiva, el soberano en asamblea, quien determina el destino de la asociación”.

En este sentido, ratificó que a ellos por investigar e indagar “se nos bloqueó y se nos intentó expulsar de la asociación, cuestión que impugnamos”.