Quedó imputado el cajero de la delegación y fue denunciado penalmente

Finalmente desde el Gobierno comunal brindaron precisiones sobre cómo está la investigación en cuanto a una presunta malversación de fondos en la delegación de María Ignacia, que este Diario denunciara a mediados del mes de octubre.

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Andrés Curcio, integrante del Departamento de Legales, brindó detalles de lo realizado hasta el momento. Dijo que “culminó la etapa de instrucción que estuvo a cargo del doctor Mauricio Baldovino, lo que significa que formuló el auto de imputación en el que se definen las faltas que se le imputa, las que hasta ahora, sin que haya ejercido el derecho de defensa, se presume o al menos le encuentra inicialmente comprobadas el instructor sumariante”.

Señaló que “esto ya fue notificado el sumariado Javier Ferreiro, quien tiene la imputación concreta en su poder de lo que arrojó la investigación, insisto sin que todavía se haya hecho ejercicio del derecho de defensa por parte del cajero de María Ignacia”.

En cuanto a qué suma asciende el faltante de dinero, Curcio indicó que “no tengo los montos exactos, porque esto lo maneja el instructor y la realidad es que no es prudente hablar de importes, porque algunos de los reclamos supongo que Ferreiro tendrá explicaciones para dar, en otros no, y alguno nuevo puede llegar a aparecer. No puedo precisar un importe, lo que puedo comunicar es que son varias las tasas que se encontraron dentro de la operatoria como red vial, retributiva, pagos de derecho de cementerio y guías. La operatoria incluía varias tasas de las cuales quien se encargaba del cobro era este agente municipal”.

 

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Tiempo

 

Al ser consultado sobre desde qué tiempo descubrieron que se venía realizando esta maniobra señaló que “de los reclamos que tenemos, hay uno o dos que datan de pagos efectuados en 2012. Algunos corresponden a 2014 y la inmensa mayoría son de 2015. Todos los reclamos fueron hechos este año, pero se detectó algún caso aislado en la investigación realizada”.

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Curcio manifestó que se hizo la denuncia penal correspondiente y ya tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción 21, quien por turno le correspondería al fiscal Gustavo Morey.

Sobre Ferreiro expresó que “el imputado tuvo una suspensión por 30 días que fue renovada por 30 días más, que es lo que inicialmente permite la ley. Ahora tendrá diez días hábiles para hacer su descargo, donde va a brindar las explicaciones del caso de cada uno de los supuestos que se le imputó. Obviamente ofrecerá su prueba que puede ser con testigos o informativa, todo lo que hace al ejercicio de su defensa. Una vez que se produzca esa prueba tiene una etapa para alegar sobre el mérito de la prueba, lo que él cree que logró demostrar. Recién ahí el sumario concluye la primera etapa donde el instructor sumariante con los resultados que arrojó la instrucción, tanto la parte de cargos como la de descargo, más los alegatos, hace lo que es la opinión fundada, donde el instructor emite una conclusión final”.

Narró que “ahí el expediente pasa a la Junta de Disciplina que está integrada por dos miembros del Sindicato y dos del Ejecutivo, donde tienen diez días para emitir su opinión, que no es vinculante. En ese caso, si la sanción puede llegar a cesantía, requiere de un dictamen jurídico previo y luego pasa a la resolución por decreto”.

Indicó que “se denunciaron dos delitos: violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El Municipio hace una primera denuncia y la calificación final corresponde al fiscal. La responsabilidad penal es diferente a la administrativa, uno puede ser condenado en una y no en la otra. En el caso de que el fiscal entienda que se cometió alguno de estos delitos, tendrá su condena la que sirve al Municipio para el juicio de recupero”.

Agregó que “lo que es violación de deberes de funcionario público, artículo 249 del Código Penal, habla de multa e inhabilitación especial de un mes a un año. La de malversación, el artículo 260 expresa inhabilitación y multa, y el artículo 261 comienza a mencionar posibilidad de prisión de 2 a 10 años, más inhabilitación al igual que el artículo 262”.

 

Otra imputación

 

También manifestó que “nosotros no hablamos de que se quedó con dinero porque el instructor no arribó a la conclusión de que la plata se la guardó en el bolsillo. Lo que hay inicialmente es una malversación, es decir el dinero que recibe no ingresa en el erario público, sino que se le da otro destino. No se puede decir si lo guardó, pagó otra cosa o se lo dio a alguien. El autor de la maniobra parecería ser él haciendo esto”.

Aseveró que “algo más que se imputa es haber omitido prestar la debida diligencia, porque en el caso de que diga ‘la clave la tenía otro’, o ‘cuando yo estaba, cobraba otro agente municipal’, bueno ahí la responsabilidad siempre es del cajero. Uno no puede afirmar que el dinero se lo guardó, lo que está claro es que no fue ingresado a las cuentas municipales. En ese caso, si se dispone la cesantía, luego corresponde hacer un juicio de recupero para recuperar la plata de esta persona”.