Quedó imputado el empleado y le embargan sus bienes por el defalco al Banco Provincia

 

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En las últimas horas este Diario pudo confirmar que la Justicia resolvió la instrucción penal contra el empleado bancario acusado de quedarse con dineros del Provincia. Para la Justicia penal, el agente quedó imputado de fraude contra la administración pública, a la vez que se le embargaron dos propiedades por el valor del defalco detectado por el informe pericial.

Como se vino detallando en ediciones pasadas, la denuncia de hace casi dos años se inició a partir de la propia exposición del Banco que, a priori, advirtió una cuantiosa cantidad de dinero faltante de sus arcas a partir de los dichos de presunto autor, quien se jubiló pero seguía cumpliendo funciones.
En efecto, el informe del perito contable del cuerpo de instructores judiciales analizó los alcances del presunto defalco en el Banco Provincia, tomándose como período desde enero de 2010 a marzo de 2011, cuando se presentó la denuncia. De la auditoría se estableció un faltante de más de 300 mil pesos.

En las últimas horas, además de imputársele el delito señalado a José María Rifé, se resolvió algo poco usual en resoluciones penales: embargarle parte de los bienes del acusado.

A saber, el Banco Provincia, constituido como particular damnificado había solicitado medidas cautelares, pedido al que se adhirió el fiscal Damián Borean, requiriendo la traba de embargo sobre bienes del imputado o, en su defecto, la inhibición general de bienes del imputado, para asegurar que haga frente al pago de las costas provocadas, como también a la sanción pecuniaria que podrá efectuársele a consecuencia del hecho ilícito.

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Consecuentemente, el juez de Garantías, José Alberto Moragas dio su visto bueno al pedido, analizando previamente los elementos de prueba incorporados a la instrucción, entre otros, los informes peritales de los cajeros automáticos,  el informe técnico perital, listado de armado y desarme de alarmas de los tres cajeros aludidos por Rife entre los años 2010 y 2011, informe contable del instructor judicial, informes referidos a las fallas de cartuchos trabados.

Así también se tuvo en cuenta la documentación patrimonial del acusado, con lo que el fiscal arribó a la imputación de la comisión del delito de “Fraude en perjuicio de la administración pública”, como hipótesis principal, y/o “hurto” como hipótesis alternativa o subsidiaria.

 

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Medida

 

Respecto a la medida solicitada y a fin de evaluar la existencia de algún peligro cierto de frustración del proceso, el juez advirtió que el encausado en el mes de enero de 2011 -inmediatamente antes de develarse el hecho que diera origen a la causa- vendió una propiedad ubicada en la localidad de Ostende-Pinamar.

Así también, con fecha del 10 de febrero de 2012, es decir a posteriori de cometerse el ilícito y ya formulada su denuncia, afectó al régimen de Bien de Familia la propiedad  donde reside.

En virtud de los informes que consignaron los movimientos patrimoniales efectuados por el imputado, y considerando que en la actualidad el inmueble citado no es la única propiedad que posee, permitieron presumir el magistrado la posibilidad que a través de diversas operaciones pudiera frustrar los derechos indemnizatorios del damnificado, razón por la cual correspondió hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

A la hora de calcular la cifra, con criterio de proporcionalidad en relación al objeto de tutela y atendiendo a la suma estimada por el fiscal (466.134 pesos), correspondió circunscribir la medida de embargo respecto a los inmuebles que citó el fiscal, tratándose de dos viviendas ubicadas una en calle Pozos y otra en la zona de Don Bosco, detrás de la Posada de los Pájaros.

 

El expediente

 

Cabe consignar que este Diario pudo acceder a algunos pormenores de una causa penal que avanzó y finalmente determinó las eventuales responsabilidad penales del o los agentes bancarios implicados en el caso.

El caso, primeramente dejó al descubierto no sólo la maniobra del imputado sino también la vulnerabilidad que la entidad tenía a la hora de sus controles internos.

De los cuatro cuerpos que cuenta el expediente judicial, más la documentación  remitida por el propio Banco, se subraya como un singular déficit de contralor que la propia casa crediticia no pudo localizar los tickets o comprobantes emitidos por los cajeros automáticos de las localidades rurales detectadas (Vela, Gardey y Napaleofú).

Por otra parte, se dictaminó que las notificaciones o advertencias por falta de dinero o fallas técnicas que eran denunciadas de dichos cajeros no fueron guardadas o archivadas para una eventual constatación de los movimientos.

El perito también subrayó que no se localizaron constancias de auditorías y/o controles mediante arqueos en el período comprendido entre enero de 2010 a marzo de 2011.

El informe perital precisó que en dicho período se detectó un faltante de 331.950 pesos hasta el 22 de marzo de 2011. Para más detalles, en el cajero de Napaleofú 70.900, Gardey 102.940 y Vela 158.110 pesos.

Otro dato interesante del informe perital redunda en que se observó un importante stock diario de dinero ocioso en el saldo total de los tres cajeros. Dinero, claro está, que estaba a disposición del agente bancario sospechado.

Con dichos montos -dice el perito- se podía “disimular” un faltante sin que los mismos dineros queden fuera de servicio.

Otra de las observaciones advierte que las “dispensas” (la plata que se retiraba de los cajeros) de dinero registrado en algunas ocasiones son por importes “redondos” y coincide con los montos de dinero cargados en el cajero el mismo día.

No se dejó de mencionar la “curiosidad” que el agente implicado nunca se tomó licencia. Apenas algunos días se registran como días de licencia y nadie lo reemplazaba, nadie cubría su tarea.

Allí radica buena parte de la sorpresa de los instructores, cómo en más de dos décadas un mismo agente cumplía siempre dicha función sin contralor alguno, y nadie advertía sobre el incumplimiento de determinadas normas establecidas por el Banco Central frente a lo que se investigó.

 

El accionar

También el expediente consta el informe técnico tras la revisión de las gavetas de los cajeros sindicados, observándose que en todas ellas se hallaba presente un suplemento de madero (taco) colocado para eliminar el mecanismo de aviso a la red por bajo suministro de billetes, pasando así a un estado de aviso de falla de alimentación de dinero.

Así, entonces, al ser colocado el taco de madera el dispensador del cajero reportaba una falla técnica y no un alerta por baja cantidad de billetes.

Se habla lisa y llanamente de un “trabajo de hormiga” que se hizo ante los ojos de todos, o, lo que es más escandaloso, de nadie.
En verdad y en tren de responsabilidades más allá del principal sindicado, quedó demostrado que el agente bancario se movilizaba en soledad a pesar de lo que establecía el protocolo de seguridad bancaria.

El hecho

Vale reseñar que la denuncia se inició a partir de la propia exposición del Banco que, a priori, advirtió una cuantiosa cantidad de dinero faltante de sus arcas a partir de los dichos de presunto autor, quien se jubiló pero seguía cumpliendo funciones (trascendidos aluden que tendría intenciones de seguir a pesar de lo denunciado manteniendo contactos con funcionarios políticos).

El empleado en cuestión era el responsable de cargar los cajeros de las sucursales emplazadas en María Ignacia (Vela), Gardey y Napaleofú. El protocolo marca que dicha operatoria la debía realizar con otras dos personas, entre ellas un agente policial. Empero, en tren de confianza tras tantos años de trabajo, las últimas operatorias (en verdad no se puede aún acreditar desde cuándo lo hacía) las realizó solo, sin cumplir con aquellos requisitos administrativos.
Así fue que sin mayores controles, el hombre sindicado operaba a su antojo, incluso él mismo era el encargado de realizar los respectivos arqueos del dinero, que supuestamente depositaba en los cajeros.