Realidades
En las antípodas de lo ocurrido en el orden nacional, donde el Senado protagonizó una febril vuelta a las sesiones y el canje de la deuda consumió buena parte de la avidez mediática, en esta ciudad la semana política transitó senderos más bien ordinarios, sólo alterados por la investigación de la muerte de un nene dentro del sistema de salud municipal.
Si el debate en la Cámara alta alcanzó cuestionamientos referidos a la inconstitucionalidad de la aprobación de la Ley del Cheque, y volvió a poner al camaleón de Julio Cobos en la mira del Ejecutivo, en el pago chico apenas si hubo eco por la venta de una calle a la familia de Juan Martín Del Potro.
Desde la discusión central por el patrimonio público, hasta el valor en que se autorizó la operación, opositores y oficialistas abordaron un asunto que sienta serios precedentes en aras del ordenamiento territorial que se pretende conseguir.
Cierto es que la cuestión no es novedosa, y que en otras oportunidades se ha arribado a medidas similares por caminos un tanto más oscuros y menos trascendentes dada la condición del peticionante. Sin embargo, los argumentos expuestos desde la gestión no sirven de justificativo.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo motorizó la investigación administrativa iniciada por la muerte de un nene en el Hospital de Niños, ocurrida en enero, e imputó a dos médicos que actuaron en el caso.
Ahora, los profesionales deberán presentar su descargo, mientras de manera paralela continúa la acción de la Justicia ordinaria.
Con todo, el Gobierno enfrenta un nuevo golpe letal en un área considerada vital para el pediatra que trabaja de Intendente. Y no se trata de un juego de palabras ni de meras definiciones políticas.
Su intención, al menos por lo explicitado por los funcionarios que actúan en la investigación, es alcanzar la verdad de lo sucedido, para establecer responsabilidades y evitar nuevos casos irreparables.
Una familia, primero, y la comunidad toda, lo exige y espera.
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