?Responsabilidades políticas en la preservación de lo público?

Así se titula el documento redactado por la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras. El texto, es el siguiente:?En los últimos meses han pasado muchas cosas, importantes y contradictorias que merecen un debate profundo y son un llamado de atención para la sociedad tandilense.Luego de muchos años de conflicto, autoridades provinciales y locales coincidieron en la ley que declara paisaje protegido a una parte de las Sierras de Tandil. La mayoría de la población creyó estar ante una respuesta, parcial pero importante. Fotos, sonrisas, palabras grandilocuentes y una campaña oficial por el ?ya está.? Sin embargo, es necesario evaluar los hechos concretos ¿Se está cuidando más el patrimonio serrano? Las explosiones no pararon y existen serios indicios de que serían más intensas. La ley está sin reglamentar y lo poco que han expresado los funcionarios a través de la prensa no incluye información sobre el texto que están tratando. Los sitios de recarga siguen generando enormes perjuicios a los vecinos y ayudando a que se haga el negocio que ata la destrucción de las sierras con la destrucción de las rutas. Las construcciones avanzan sobre las Sierras. Incluso emprendimientos comerciales cuyos estudios de impacto ambiental son aprobados por decreto. Y hasta la zona del sendero de las Ánimas se ve invadida por las transformaciones que anuncian su inminente construcción. Ayer y hoy, los mismos interesesLa discusión generada por el cercamiento sobre el sendero de las Ánimas muestra la voracidad inmobiliaria sobre el paisaje, consentida por las autoridades actuales y también por las anteriores. Esto se hizo evidente cuando un concejal oficialista intentó explicar la legalidad de las actuaciones aduciendo que el terreno que correspondería a la calle cercada fue vendido por el ex Intendente Zanatelli a un particular que luego lo vendió al titular del emprendimiento inmobiliario en curso. Quizá a la luz de estos hechos se pueda entender por qué Zanatelli levantó las vías que llegaban al Cerro de las Ánimas. Por qué vendió una calle pública. Y también por qué Intendentes y concejales de turno han permitido que se cedan o malvendan terrenos públicos que debieron ser preservados y destinados a usos significativos para el conjunto de la población.La valorización mercantil de la zona serrana, que los emprendimientos inmobiliarios y particulares actualmente usufructúan, no es el resultado de sus inversiones sino de una transferencia realizada a su favor por distintas gestiones estatales. Incluidos los permisos para construir donde nunca debió ni debería ser permitido, las excepciones y la ?vista gorda? que permite los casos clandestinos .Es inaceptable el argumento del ?ya se hizo?, o el ?ya está antropizado?, para justificar la continuidad del avance de las actividades que degradan las Sierras. Los especuladores inmobiliarios y, lamentablemente, muchos funcionarios, llaman a esto ?poner en valor?, es decir, convertir directa o indirectamente en valor inmobiliario un valor inconmensurable, el paisaje y el ambiente.¿Qué es una calle?La reciente discusión en medios nacionales, extranjeros y locales sobre la venta de una calle puso en evidencia sugestivos contrastes. Mientras algunos argumentan con desparpajo que ?otros ya lo hicieron?, ?es legal?,?cobramos un buen precio?, otros dan por sentado que es algo inaudito y lo explican como un privilegio originado en la fama del comprador. Sin embargo, la cuestión central, en toda su amplitud está ausente. Pues, más allá del nombre del comprador, lo que está mal es vender una calle.Una calle es esencialmente un derecho a transitar de todos los ciudadanos, no es una mera superficie, un número de metros cuadrados. Es un derecho de todos y cada uno.Vender una calle a una persona física o jurídica, cualquiera sea, es expropiar al conjunto de la población de un derecho inalienable, en el presente y el futuro. El ?ya se ha hecho? no es una razón. ¿Por qué particulares deciden obras públicas? Durante muchos años las Sierras estuvieron libres de construcciones por la inexistencia de servicios sobre las mismas. En años recientes la voracidad inmobiliaria ha aprovechado el consentimiento del estado a la extensión de servicios hecha por particulares. Esto es grave, en tanto la potestad para decidir el ordenamiento territorial es competencia del estado, y los servicios deben realizarse de acuerdo a decisiones basadas en el interés publico. Mientras zonas ampliamente pobladas y las áreas donde sería adecuado extender las construcciones muchas veces esperan largos años por los servicios fundamentales, sucesivos gobiernan naturalizan el hecho de que un particular tome decisiones como extender servicios. Que el estado ponga sólo una parte de los recursos no quiere decir que esté bien, en tanto implica facilitar la construcción en zonas donde el propio plan de ordenamiento considera necesario desalentarla, y al mismo tiempo están restando esfuerzos para áreas adecuadas y prioritarias. Llevar servicios sobre las Sierras es alentar la construcción en el ambiente en donde nacen las aguas de Tandil. Y esto esta mal, aunque un particular ponga la mitad de la plata. Por otra parte, cuando se usa como justificación que falta dinero para obras sería muy bueno recordar que los recursos que necesita el estado para cumplir su función salen de los impuestos que pagan todas las actividades lícitas registradas, y los impuestos que pagamos TODOS los ciudadanos. De seguir consintiendo estas prácticas, el ejemplo que le están dando a la ciudadanía es que quien tiene dinero hace lo que quiere y que no importa de donde sale. Qué pueden hacer las autoridadesLa ley de paisaje protegido establece el cuidado del patrimonio que se intenta resguardar de todas las actividades que pueden dañarlo y el acceso público.Seguir moliendo las Sierras o invadiéndolas de construcciones no es proteger el paisaje. Permitir el cercamiento de las calles es negar el acceso público.Las autoridades locales dicen que no pueden controlar las explosiones, los sitios donde se hace la sobrecarga de camiones, el tránsito con sobrecarga, la construcción clandestina sobre las Sierras y la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, etc., etc.Pero dicen que pueden hacer excepciones, aprobar estudios de impacto ambiental por decreto y vender calles públicas.No sólo han confundido lo que se puede y no se puede, sino lo que se debe y no se debe hacer para cumplir con el mandato intrínseco a cualquier gobernante que es cuidar su ciudad, su población y su patrimonio natural y cultural.Esta confusión del rol del estado es transversal a varias gestiones y partidos y ha significado la desprotección de los derechos de todos y de la ciudad en aras de la facilitación de algunos negocios particulares.No sabemos cuál es su idea de desarrollo, pero si sabemos que lo que están haciendo no es desarrollo de la ciudad, pues desvaloriza el conjunto para valorizar algunas partecitas, no es democrático, pues consagra la desigualdad ante la ley, y no es sustentable. No es sustentable económicamente porque los impactos que generan en la ciudad existen y debemos afrontarlos el conjunto de los ciudadanos, en el presente y en el futuro. Las canteras y las construcciones sobre las Sierras le restan a la ciudad. No es sustentable socialmente porque profundiza la inequidad. A la existente le suma la pérdida de acceso y disfrute de las Sierras y el empeoramiento de las condiciones ambiéntales de la ciudad.No es sustentable ambientalmente porque destruyen y degradan los cerros, su biodiversidad y su crucial funcionamiento en la regulación hídrica, aumentando el riesgo de contaminación de las aguas y de inundaciones en otras zonas de la ciudad.¿Quién defiende lo público?Si el ambiente, si el agua y la salud, si las calles no forman parte de la ?cosa pública?, si el patrimonio natural y cultural, si la ciudad como conjunto no son parte de la cosa pública, ¿qué es lo público? Si la ley, la igualdad ante la ley, no son asuntos públicos, ¿qué son asuntos públicos? Ni la lucha por preservar las Sierras ni ninguna otra causa justa, tendrá solución sin que el estado recupere adecuados niveles de autonomía respecto de intereses sectoriales, y los representantes asuman sus responsabilidades respetando a todos los ciudadanos según el principio de igualdad?.

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