Se hizo Justicia

“Vamos por la cabeza de Piotti”, era la frase-amenaza que se escuchó de alguno de los actores que integran el entorno de aquellos abogados y de la psicóloga Daniela Lezcano ligados a un sector político que no dudó en poner en vilo a los funcionarios judiciales locales y el sistema civil y penal en general.
El fiscal Piotti era “la excusa”, la punta de lanza de lo que este grupo de actores que ostentó impunemente (cualquier semejanza con una asociación ilícita es pura coincidencia) montarse en el dolor de familias en conflicto para hacer pie en la ciudad con propósitos económicos e intentar trastabillar la corporación judicial vernácula que, por cierto, se las vio fuleras. No tanto por su capacidad de defensa en los expedientes y respectivas actuaciones, sino más bien por una orquestación mediática-política sin presentes que, llamativamente,  no tuvo el eco esperado en el pago, por más que algunos medios capitalinos hablaran de una “olla a presión” y dejaban entrelíneas el mensaje que en las sierras se cimentaba algo así como una cuna de pedófilos sin más.
Casi al mismo ritmo lento de la propia Justicia, el castillo de naipes levantado se fue desmoronando. Aquella presión judicial, política y social ejercida se les volvió en su contra y hoy algunos pagan con procesamientos penales, otros con el descrédito de lo que supieron vociferar sin sonrojarse.
La respuesta que factiblemente se ensaye es que como representantes del pueblo (en el caso de los legisladores), escucharon la demanda de un grupo de vecinos y utilizaron los mecanismos formales que ofrece la ley para que una Bicameral actúe. Pero esa “loable” responsabilidad debería haber tenido su correlato a la hora de escuchar la otra campana, la otra versión de quien se ve sindicado como facilitador de un presunto delito impune.
Que el sistema es falible, sobran los ejemplos. Que los judiciales que equivocan, muchas muestras para el botón. Pero de allí a hablar de una cuasi mafia que no dudó en relacionar ya no solo los judiciales, sino a profesionales de la salud y hasta el mismo poder político local a favor de la impunidad de los abusadores, era la cabal muestra que se había montado una locura que en algún momento iba a desnudarse.
Lo más preocupante de todo no fue el padecimiento del escrache que protagonizó el fiscal y el resto de los judiciales. En última instancia, se trata de funcionarios públicos que deben someterse a la exposición, por más que a veces resulte cruel y mucha. Al final, ellos tuvieron Justicia. El mayor dolor pasa por la utilización de esas familias en pos de una locura peligrosa, que dio muestras claras de no solo lavar cabezas, utilizar el mismísimo poder comunicacional, político y estatal, sino de meterse precisamente con lo que se supone que defendían, los niños. Sin medir consecuencias, dijeron defender derechos vulnerando otros de igual o mayor relevancia.
Sería saludable que aquellos que tanto ahínco dispensaron para que un fiscal y el sistema judicial local en general estuviera en la picota, se encarguen de esclarecer y condenar a los que en definitiva orquestaron semejante atropello sinsentido.

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