Seguridad y justicia

 

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Siete días cargados de noticias fuertes, densas, fúnebres, que repercuten en el quehacer comunal, incluyendo debates frustrados que hacen a asuntos que debieran ser profundos y pensando más allá de una coyuntura esquiva a los intereses de un gobierno circunstancial.

La semana arrancó con otro homicidio de ribetes aún no esclarecidos, menos aún se conocen sus responsables. El asesinato de un vecino volvió a ganarse la agenda mediática y con él el particular condimento que hace rato parece florecer desde los mismísimos adoquines tandilenses.

De las deudas económicas de la víctima y su relación con prestamistas se trató el morbo popular, y desde allí aparece esta especie de paraíso fiscal que resulta la ciudad que, sin dudas, para la usura efectivamente resulta un Tandil soñado.

Sin tapujos se alude al asunto con cotidianidad y cualquier vecino de a pie que logró capitalizar un determinado monto de dinero parece alcanzar para catalogarse en aquel mote de vecinos beneficiados por la economía informal.

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En ese ideario colectivo menos proclive está la posibilidad de que se haya tratando lisa y llanamente de un mero hecho de inseguridad por un robo y, consecuentemente, la reacción popular es otra bien distinta a la que no hace mucho transitó por las calles pidiendo por seguridad y justicia.

Y si a seguridad se alude como uno de los derechos que hoy la ciudadanía parece demandar, incluso por encima de otros derechos básicos, fundamentales, como la educación, la vivienda, la alimentación, los gobernantes atienden el asunto con la misma volatilidad.

Así, aluden a más policías, móviles, leyes más duras, radicación de nuevas comisarías, cual receta salvadora de aquel derecho vulnerado. Sin embargo nadie, o pocos, atienden un verdadero derecho no asistido y que tendrá directa relación al entuerto.

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Se trata de la prevención, y allí el Estado hace agua, no por más o menos policías, sino por los cada vez menos recursos a la situación social, a los sectores más vulnerados.

En la misma semana,  las ONGs que trabajan en la contención de la minoridad en riesgo, volvieron a plantear la precariedad laboral y la falta de recursos para atender una situación que no se condice con la mejoría económica que se escucha en las tribunas proselitistas.

A pocos, sino a nadie, se les mueve un pelo por este acuciante panorama que no hace más que alimentar un caldo de cultivo en la calle que luego se traduce en una amenaza.

Justicia

Y si a demandas se alude, la Justicia volvió a estar en la agenda a partir de la iniciativa del Gobierno nacional. Si bien todos parecieran coincidir en la necesidad de reformar una de las patas fundamentales del Estado, las desconfianzas, los oportunismos, no permiten debatir sobre un asunto clave, necesario de rediscutir, cuando se plantea la necesidad de acercar el acceso de la justicia al pueblo.

Resultó saludable escuchar las intervenciones, disertaciones en el Aula Magna de la Unicén acerca de la llamada democratización de la justicia. Especialmente cuando los propios actores judiciales realizan autocrítica y admiten el problema como puntapié para cambiar la historia. Empero, es una picardía que sólo se escuchen voces coincidentes, transformando el debate en un conjunto de ideas, discursos, armoniosos y esperanzadores.

También es curioso que se presente la discusión sobre la justicia legítima cuando parece todo ya resuelto en las altas esferas, sin margen de modificaciones o correcciones a la intención de modificar lo que está mal.

La mediocridad de uno u otro sector imposibilita una transformación necesaria, que queda en una mera discusión de intereses particulares, atados a la coyuntura política partidaria, sin pensar en el bien común.