Sorprendieron a quince mujeres ejerciendo la prostitución en un café bar encubierto

Mientras se llevaban a cabo las actuaciones, el director de Inspección General del Municipio, Gabriel Bayerque, recibió una amenaza de muerte. Según se pudo confirmar, ya se radicó una denuncia en la fiscalía.

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Finalizadas las actuaciones, la comuna procedió a clausurar el lugar que funcionaba dentro del rubro gastronómico y hoy le presentarán al Intendente el informe para que decrete la cancelación definitiva de la habilitación.

En tanto, la Justicia sigue adelante con las diligencias tendientes a establecer si hubo delito según el Artículo 127 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de cuatro a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

La orden

El operativo, que comenzó cerca de la 1.40, fue ordenado por la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil, y estuvo a cargo de personal de la Brigada de la Subdelegación Tandil, Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, que actuó junto al fiscal Fabio Molinero de la UFI 22, del Departamento Judicial de Azul.

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Fuentes oficiales informaron que el procedimiento se realizó tras una investigación por presuntas infracciones a la Ley 12.331 de Profilaxis y Enfermedades Venéreas, y delitos vinculados a la trata de personas.

El procedimiento

Según trascendió, policías encubiertos recabaron las pruebas que abrieron paso al operativo en el enorme predio, que presenta un local a la calle y una puerta lateral por la que se accede a un patio donde supuestamente se concretaban las ofertas sexuales. Además, en uno de los laterales de la finca existen varias habitaciones.

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Cuando los oficiales de Justicia ingresaron al lugar, hallaron a quince mujeres mayores de edad, tres de nacionalidad argentina y las restantes extranjeras (paraguayas y dominicanas), quienes se encontraban ejerciendo u ofreciendo servicios sexuales en el interior de la propiedad.

También sorprendieron a dos hombres y dos mujeres que estaban a cargo del lugar, quienes fueron notificados del inicio de la causa. Sólo uno de ellos fue demorado a los fines de poder desarrollar el allanamiento.

Por último, identificaron a doce hombres como ocasionales clientes, quienes se retiraron del lugar una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes.

Durante la requisa se secuestraron dinero en efectivo, cuadernos, documentación y anotaciones que resultarían de interés para la investigación, una computadora portátil, tres handys y cuatro teléfonos celulares, además de carteles de la habilitación municipal y de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Además de los efectivos policiales y de los funcionarios judiciales, intervinieron una asistente social del Centro de Atención a la Víctima, de la Fiscalía General de Azul, e inspectores de la Dirección de Inspección General del Municipio, quienes procedieron a la clausura.

Siguen las actuaciones

En diálogo con El Eco de Tandil, el doctor Fabio Molinero precisó que no hay detenidos en el marco de la causa, que se encuentra en plena etapa de investigación.

En principio, las quince mujeres habrían estado en el lugar con su consentimiento, aunque esta situación se deberá establecer con el avance de las diligencias judiciales. Todas fueron identificadas y se logró determinar que había algunas de nacionalidad paraguaya, dominicana y otras argentinas.

“En realidad, teníamos personas que estaban en infracción al Artículo 127 del Código Penal y también había personas que estaban viviendo en el mismo lugar donde trabajaban”, confirmó el ayudante fiscal de la UFI 22.

Las mujeres serán entrevistadas por profesionales del Centro de Atención a la Víctima para luego evaluar la situación en la cual se encuentra cada una. Si sus dichos revisten interés, podrían ser convocadas para una declaración testimonial.

La investigación

Durante la investigación, que se extendió por unos dos meses, personal policial actuó en forma encubierta, haciéndose pasar por clientes, para recolectar elementos de prueba que constataron que se ejercía la prostitución para luego tramitar la orden de allanamiento. 

“Este lugar tenía un bar sobre un lado y una puerta lindante por la que pasaban hacia atrás y había otro bar al fondo, en la misma propiedad. Al poder entrar, se estableció que estaba en plena actividad”, puntualizó Molinero.

Una vez que se valoren todos los elementos de prueba, la Justicia evaluará si sólo se produjo una infracción al Artículo 127 del Código Penal o si hay indicios sobre el posible delito de trata de personas. En este último caso, será competencia del Juzgado Federal de Azul.

En poco más de dos años, la UFI 22 tomó conocimiento de unos quince bares similares al J.J. y ya todos están cerrados, aunque no se descarta que alguno pueda reabrir en forma clandestina. 

 

El Municipio cancelará la habilitación del local

Por su parte, Gabriel Bayerque, director de Inspección General del Municipio, confirmó que fue convocado por la UFI 22 y participó en el allanamiento al local de Machado 1269.

Tras proceder a la clausura, el abogado presentará hoy el informe para solicitarle al Intendente que decrete la cancelación de la habilitación del comercio, que figuraba dentro del rubro gastronómico.

“El plexo normativo dice claramente en el Artículo 10 que ante el cambio de destino de un funcionamiento de un lugar comercial se le puede sacar la habilitación”, argumentó el director.

Bayerque explicó que en el local comercial estaba todo en orden, incluso permanecía vacío, pero al acceder a las dependencias posteriores de la propiedad encontraron “un quincho de dimensiones considerables donde se erigía un local comercial con barras y luces de colores”.

En cuanto al comercio habilitado, el funcionario explicó que “era un local que tenía controversia con la nueva ordenanza, por lo tanto se tuvo que readecuar, y en este momento habían hecho un cambio de habilitación y le habían puesto ‘pizzería y sandwichería’”.

Bayerque coincidió con el doctor Molinero en que se trataría del último bar que quedaba funcionando, según “sospechas fundadas tanto nuestras como de la policía y de la fiscalía” e indicó que “las comprobaciones en el ámbito administrativo, que nos compete a nosotros, tienen una limitación que es la de no poder ingresar a sectores privados”.

Y puso como ejemplo las fiestas privadas: “Estuvimos el fin de semana pasado en dos y nos tuvimos que quedar en la puerta. Las actuaciones las hicimos con policía y Bomberos. De todas formas, tenemos la imposibilidad de ingresar, salvo cuando hay una orden de allanamiento otorgada por un juez”.

Parta terminar, dijo que “habilitados municipalmente lugares controvertidos, con un rubro escondido de café bar, es el último el que se cerró ayer”.