Suma expectativa por el inicio del histórico juicio contra los acusados del caso Moreno

Mañana, desde las 13, el Aula Magna de la Unicén cobrará otra fisonomía. Dejará de ser un ámbito meramente académico o de los quehaceres de la casa de altos estudios para abrir la puerta al pasado pero pensando en el presente y el futuro. A la memoria, en honor a aquellas víctimas de la última dictadura militar. Formalmente se juzgará la responsabilidad penal de los acusados por la detención y muerte del abogado laboralista Carlos Alberto “Negro” Moreno, quien fuera presa el 3 de mayo de 1977 del plan genocida.

Su caso, finalmente llega a los estrados judiciales federales, desde donde se dispuso que el ámbito para las audiencias orales y públicas se realice nada más y nada menos que en una universidad, nuestra universidad.

El juicio, que demandará varios jueves y viernes del corriente mes hasta el 15 de marzo,  con el comparendo de más de 70 testigos, recobra particularidades únicas para este tipo de procesos, habida cuenta que será el primero de estos crímenes de lesa humanidad de la región que llega a juicio, como así también que se juzgará la responsabilidad de militares pero así también de dos civiles, acusados de ser partícipes secundarios. 

 

 

La historia de Moreno 

 

Carlos Moreno estaba radicado en Olavarría y era abogado laboralista. Representaba a obreros que trabajaban en empresas vinculadas principalmente a cementeras y canteras, y era abogado de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (A.O.M.A.). Estaba trabajando sobre las malas condiciones en que desarrollaban sus tareas los trabajadores de la fábrica Loma Negra, especialmente la incidencia en la salud de los mismos. 

Era militante de la Juventud Peronista y tenía una actividad social intensa por aquellas épocas. Por ese motivo, sobre todo por estar vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores, fue uno de los blancos u objetivos de los grupos que se dedicaron a identificar personas que pudieran tildar de “subversivas”. 

Según testigos presenciales, Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 cerca de su casa, donde también funcionaba su estudio jurídico, en la ciudad cementera. Luego fue trasladado a Tandil y tras permanecer en la Quinta de los Méndez, fue asesinado en una presunta fuga el 3 de mayo de ese mismo año. 

El asesinato fue presentado como producto de un enfrentamiento que, entiende la fiscalía, como tantos otros, fue inexistente. 

 

 

La complicidad civil

 

Durante la instrucción de la causa se realizó la exhumación del cuerpo. La autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y había signos de tortura.

Los hermanos Méndez fueron parte del genocidio, aportando un predio privado para funcionar como centro clandestino. El genocidio fue cívico-militar: hubo intereses comunes y un funcionamiento conjunto entre sectores de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas.

La participación civil en este caso no se limita a los Méndez: se debe investigar el accionar de la empresa Loma Negra, por entonces propiedad de Amalia Fortabat. Moreno era abogado laboralista y estaba trabajando sobre las malas condiciones de trabajo en la cementera. Como señaló Matías Moreno, hijo de Carlos, “las Fuerzas Armadas tenían entrada libre, armaron listas negras y los cuerpos de delegados fueron detenidos y despedidos. La empresa, además, se benefició económicamente con la dictadura, por ejemplo con la reconstrucción de los estadios para el Mundial de Fútbol de 1978. Mi padre había investigado que los trabajadores de la sección embolsadora no llegaban a jubilarse, morían antes. Descubrió que la silicosis (una enfermedad por el depósito de polvo en los pulmones) les acortaba la vida y los comenzó a representar. A partir de este patrocinio, lo secuestraron”.

La historia de Loma Negra es similar a la del ingenio azucarero Ledesma (que en la Noche del Apagón marcó a sus trabajadores, usó sus camiones para secuestros y sus instalaciones como centro clandestino de torturas y desapariciones) y otras empresas como las automotrices Mercedes Benz y Ford, acusadas por los sobrevivientes de colaborar activamente en los secuestros y posterior desaparición de empleados.

 

 

 

El Tribunal

 

Actuará el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los doctores Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela. Las audiencias están previstas para los días jueves y viernes de cada semana y prestarán declaración alrededor de 70 testigos.

 

 

 

 

Los imputados

 

La instrucción fue llevada a cabo por el juez azuleño Juan José Comparato, titular del Juzgado Federal N°1 en lo Criminal y Correccional.

Los imputados son tres ex militares: Julio Alberto Tomassi (81), Roque Italo Pappalardo (74) y José Luis Ojeda (59) y dos civiles: Emilio Felipe (71) y Julio Manuel Méndez (69).

Los militares Tomassi, Pappalardo y Ojeda, son imputados como autores de los delitos de lesa humanidad de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad agravada por la calidad de la víctima (perseguido político). Ojeda se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, mientras que Tomassi y Pappalardo gozan de prisión domiciliaria por su edad.

Los hermanos Méndez son imputados como partícipes secundarios de los delitos de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados ya que se les atribuye el haber facilitado a las fuerzas militares un predio de su propiedad, que era la chacra en la que estuvo cautivo Moreno, sabiendo lo que se realizaba allí y se encuentran eximidos de prisión. 

La víctima es Carlos Alberto Moreno, oriundo de la ciudad de Olavarría, quien se desempeñaba como abogado laboralista y era militante de la Juventud Peronista, que fue secuestrado, torturado y finalmente asesinado el 3 de mayo de 1977.

 

 

 

La querella

 

Además de la Fiscalía, a cargo del fiscal general federal de Mar del Plata, Daniel Adler, también estará el doctor César Sivo en representación de la familia Moreno como particular damnificado, y el doctor Manuel Marañon por la Apdh de Azul. También habrá representación legal por Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

 

 

 

Qué se pretende con el juicio

 

La causa Moreno se tramitó hasta la llegada de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que obturaron el avance de toda investigación. Sin embargo, la anulación de las mismas en el año 2003, permitió la reapertura de las causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y posibilitaron llegar a la instancia de juicio oral. 

Los juicios contra los genocidas y sus cómplices en la actualidad son el resultado de la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos, los familiares y las víctimas para alcanzar la memoria, la verdad y la justicia

Estos juicios son tomados como ejemplo a nivel mundial debido a que posibilitan el juzgamiento de estos delitos dentro de la jurisdicción del territorio nacional.

Tienen una importancia fundamental debido a que implican la posibilidad de obtener justicia por los crímenes perpetuados, conforme a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y las leyes, en el marco de un Estado de Derecho.

De esta manera se pretende que mediante el juicio se pueda establecer la responsabilidad en base a la prueba que se produzca y la defensa de los imputados goza de todas las garantías legales.

 

 

 

La participación de la SDH 

 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en el juicio que comenzará en Tandil la próxima semana por el caso de Carlos Alberto Moreno, abogado laborista que fue detenido y asesinado en 1977.

El avance de los juicios por delitos de lesa humanidad abre definitivamente la puerta de la justicia que durante muchos años estuvo cerrada para los familiares. Para la provincia es un deber moral ser querellante en estos juicios” manifestó la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho.

Por su parte Fernando Cano expresó: “Este juicio es el primero que se da en el centro de nuestra provincia. Celebramos este avance, y por ello la Secretaría acompaña los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Es el compromiso de la Provincia de Buenos Aires con la verdad, la memoria y la justicia.”

 “El de mi padre es el primer juicio en Tandil. La expectativa que tenemos es que se empieza a averiguar a los cómplices civiles, no sólo a los autores materiales. Los dos imputados civiles facilitaron su quinta de fin de semana para que funcione como centro clandestino de detención” expresó Matías Moreno, hijo de Carlos Alberto.

 

 

 

La Unicén como epicentro

 

El rector de la Unicén, Roberto Tassara, no dejó de señalar la importancia que radica el haber llegado a esta instancia de juicio y que la Universidad Nacional del Centro sea epicentro de semejante hecho histórico. 

“La expectativa es muy grande, porque se trata de un juicio concreto por hechos ocurridos en Tandil aunque se trate de un abogado que era de Olavarría, de manera que es una experiencia inédita para la ciudad y me parece que eso ha generado una enorme expectativa en todos los ámbitos del quehacer local, desde los abogados, los universitarios, los políticos, la gente común, los periodistas. Esa es la impresión que tengo por la cantidad de gente que llama incluso de medios de Capital Federal que quieren cubrir de alguna manera el juicio. 

Sobre la elección de la Unicén como lugar donde se desarrollarán las audiencias, detalló que “la Cámara Federal vino por el mes de octubre, estuvieron los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata y ellos tienen esa modalidad. Ya habían hecho otro juicio en la Universidad Nacional del Sur que correspondía a una causa de Bahía Blanca y lo mismo en Mar del Plata así que en Tandil estuvieron viendo el Salón Blanco y nuestra Aula Magna y finalmente decidieron realizarlo aquí”.

 

 

 

Expresiones del bloque justicialista

 

El bloque de concejales del PJ – Frente para la Victoria ante la inminente iniciación del juicio oral que se realizará en el Aula Magna de la Unicén quiso dejar sentada su postura.

“Que luego de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el decreto de Indulto de los años 90, que pretendían cicatrizar las heridas sin remover los delitos del pasado, es bueno destacar que todos estos juicios han sido posible gracias a la incansable decisión de Néstor Kirchner de insistir en el Congreso y en la Justicia que los mismos sean declarados delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles; de esta forma la cicatrización solo es posible con memoria, verdad y justicia. 

Pero también es importante reconocer, como dijera el ministro de Justicia de la Nación, que fueron y son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y todas las organizaciones que nos inspiran con su militancia, las que mantuvieron a través del tiempo la idea de que no hay futuro de paz que podamos construir en la impunidad.

Por lo expresado es que el bloque de concejales del PJ – Frente para la Victoria invita a los militantes, agrupaciones, partidos políticos y distintas organizaciones sociales de la comunidad a sumarse con su acompañamiento al juicio oral que se iniciará a partir del día 9 del corriente”.