Tandil aparece como prioridad en el plan de infraestructura judicial
Se trata de un escueto proyecto de ley que, en dos artículos, reclama a la Legislatura provincial la aprobación del ?Plan de Infraestructura Edilicia? elaborado por la Corte y coordinado con el Ministerio de Justicia provincial, además de la declaración ?genéricamente de utilidad pública? de ?todos los bienes inmuebles? ubicados en las zonas establecidas en ese plan.
Entre otras disposiciones, el proyecto que ahora deberá sancionar la Legislatura contempla ?la programación de las obras de construcción o ampliación de edificios o complejos judiciales, y la expropiación de inmuebles?, entre otras disposiciones.
El acta del plan suscripto oportunamente por el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia, que divide las obras en función de las ?prioridades? que existen en materia edilicia dentro del mapa judicial, tiene un monto estimado total de 2.363 millones de pesos que se invertirán en la ?adquisición de inmuebles?; ?obras de construcción? y ?obras de recuperación?, según detalla el acta oficial.
Entre los distritos que cuentan con ?prioridad 1? para el avances de las obras, aparecen Azul; Tandil; Bahía Blanca; Dolores; San Justo; La Plata; Berisso; Avellaneda; Mercedes; Moreno; Morón; Quilmes; Florencio Varela; San Isidro; Pilar; Tigre y San Martín, entre otros.
En algunos casos ?aclara el acta elaborada por la Corte bonaerense- las obras ?han sido iniciadas con anterioridad a la ley? que declaró la Emergencia Edilicia en el ámbito del Poder Judicial.
Fuentes judiciales confirmaron que el Plan de Obras fue elaborado por ese Poder en los últimos 5 años, para atender una necesidad improrrogable para un mejor funcionamiento de la administración de Justicia en la Provincia.
Según se explicó, el estudio se hizo para ?individualizar lugares, predios y edificios que por sus características, podrían servir a los fines de funcionar como sedes judiciales y que también por sus características, podrían ser expropiados en tanto y en cuanto se los declare de utilidad pública?, tal como lo contempla el artículo segundo del proyecto de ley.*
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