Tiscornia rechazó la inconstitucionalidad de la tasa

El abogado Alejandro Tiscornia se metió ayer en el debate que comenzó en los últimos días y rechazó los planteos de su par Ricardo Mauhourat sobre la inconstitucionalidad de la tasa de seguridad.
El letrado aclaró -desde su opinión personal- que “no se puede tomar como antecedente el fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que es una situación totalmente distinta a la sobretasa dispuesta en Tandil. En efecto, en el fallo ‘Striebeck Guillermo Adolfo contra municipalidad de Coronel Pringles s/inconstitucionalidad Ord. Municipal 3527/05’, el máximo tribunal bonaerense basó la inconstitucionalidad de la Tasa Vial que gravaba con un valor fijo por hectárea a los campos del distrito para prestar seguridad, cuya finalidad era financiar los costos que deparaba la Patrulla Rural en el partido de Coronel Pringles”.
Alejandro Tiscornia sostuvo que “los argumentos de los jueces De Lázari y Negri se basaron en que la seguridad es una competencia provincial y por lo tanto los gastos deben ser absorbidos por el fisco provincial”.
Agregó que “el tributo, creado en 2004, se puso en práctica desde 2005 para la Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal. Desde entonces se prorrogó todos los años su implementación por un período anual. Hay un servicio efectivo pero ese servicio no es prestado por el municipio que impuso el gravamen y se encarga de su recaudación, sino por la provincia de Buenos Aires a través de la Policía bonaerense cuyo sostenimiento económico -tanto de personal como de los móviles y demás necesidades que hacen a su correcto desempeño- está a cargo del fisco provincial”.
En tanto, el doctor Tiscornia fundamentó que “en Tandil se aprobó una sobretasa no una tasa, puesto que se cobra sobre gravámenes de la Actividad Económica, que en la mayoría de los casos representa una cifra que no modifica la economía familiar, pero sin considerar este aspecto económico que en algún caso puede discutirse su ecuanimidad (sector rural), no resultaría inconstitucional, toda vez que está orientada a brindar un servicio nuevo de protección ciudadana (cámaras de video vigilancia, cableados, monitoreos, alquileres, sueldos, Control Urbano Vehicular, etc., etc.)”.
Desde esa óptica, reparó en que “si es atacada por el apoyo a la Policía Local, la cual no hay dudas que depende de la Provincia, hay que destacar que los gastos que asume el Municipio para esta Policía provienen de un convenio firmado con la Gobernación, cuando adhirió a la Resolución Ministerial 835, mediante la que se crean las Unidades de Policía de Prevención Local y por el cual se comprometió a una serie de aportes. Además por protocolos firmados con la Gobernación, también la Municipalidad se ha comprometido a determinados gastos y por último, con cada entrega de unidades vehiculares de la Gobernación para destinar a la Policía, también se firman compromisos para su mantenimiento y combustibles, que son a cargo del Municipio”.
En este caso, resaltó que “si la sobretasa fuese inconstitucional, antes lo sería la Resolución 835, los protocolos y los compromisos firmados al entregarnos los vehículos”.
Para cerrar, expresó que “en conclusión, y sin considerar la autonomía municipal y las competencias constitucionales, que se deberán explayar en un contexto técnico-jurídico que mejor corresponda, en mi opinión nos encontramos con una sobretasa cuya inconstitucionalidad deberá ser decretada, en todo caso, por las máximas autoridades judiciales, pero que nada tiene que ver con el fallo en cuestión, toda vez que la sobretasa de Tandil está dirigida a una prestación de Servicios de Protección Ciudadana”. u

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