Tras más de dos horas de máxima tensión, se evitó un desalojo compulsivo de siete familias

Tras más de dos horas de tensión y angustia, finalmente se frenó el desalojo compulsivo de las siete familias que desde hace 28 años ocupan un terreno de más de una manzana de extensión en Chapaleofú al 2100. 

La medida fue sorteada en una agitada negociación entre el abogado del comprador del predio, Hernán Castro; el representante legal de los ocupantes, Sebastián Romay, y actores de distintos poderes del Estado que fueron citados para mediar en la negociación. 

El problema encuentra sus orígenes hace tres décadas, cuando el por entonces propietario del predio, Rafael Sirito, le permitió a Raúl Esteban Blanco vivir en el lugar. Allí funcionaba un aserradero que cerró sus puertas, del cual Blanco era empleado. En ese mismo terreno se criaron sus seis hijos, que conformaron sus propias familias y permanecieron en la manzana de Chapaleofú al 2100. 

En 2006, a través de un remate judicial, al menos un empresario de Tandil adquirió el predio por la suma de 63 mil pesos. Luego de varias presentaciones y pedidos por parte del comprador, la Justicia determinó que ayer los 21 ocupantes del terreno debían ser desalojados por la fuerza. 

 

Crónica de

la resistencia

 

Cerca de las 9, Graciela Galabert viuda de Blanco, sus seis hijos y sus parejas y seis de los siete nietos, acompañados por militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), integrantes de las organizaciones La Tribu y Territorio Cultural, vecinos y familiares se apostaron en el frente de la vivienda principal, ubicada en Chapaleofú casi Nigro, con la determinación de evitar el desalojo. 

A las 10, ante el arribo del primer móvil policial, las madres resguardaron a los seis menores en el interior de la vivienda y trabaron el acceso estacionando un camión paralelo a la fachada. 

Al mismo tiempo, medio centenar de hombres y mujeres formó una extensa hilera franqueando la casa, armados con palos, piedras, hondas, baldes y bidones con combustible. Delante de ellos, ardían numerosas cubiertas y el portón de acceso permanecía cerrado. La escena era elocuente: todos estaban decididos a resistir el desalojo.

Inmediatamente, más de treinta efectivos a cargo del jefe Distrital de Policía, comisario inspector David Tifner, tomaron posición en la esquina de Chapaleofú y Nigro, a la espera de una orden para entrar en acción. En apoyo, también se desplazó hasta el lugar un colectivo de infantería, e integrantes de Caballería y del cuerpo de Bomberos.

Minutos después se hicieron presentes el oficial de Justicia Julio Caram, encargado de hacer cumplir la medida; el abogado del comprador, Hernán Castro, y el representante de los descendientes de Blanco, Sebastián Romay, quienes pasadas las 10 iniciaron las conversaciones con las familias para buscar una salida pacífica al conflicto.  

También arribó Jésica Salusso, del área de Infancia del Municipio e integrante del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, y una camioneta de Bromatología, dirección comunal que fue notificada por la Justicia para hacerse cargo de una decena de perros que habita en la quinta.

En primera instancia, los hijos de Raúl Esteban Blanco manifestaron que “durante 28 años estamos ocupando el lugar” y rechazaron la propuesta del abogado Hernán Castro, que les ofrecía dos terrenos de 10 por 60 metros ubicados en Independencia y las vías, en la misma zona.

Ante el oficial Caram, los Blanco repetían “no vamos a salir” y Castro reiteraba que les había ofertado los dos lotes, más un mes para desarmar las viviendas y que “se lleven hasta el último tornillo”, además de ayuda para conseguir materiales destinados a levantar las nuevas casas. 

En ese punto, Esteban Blanco solicitó que ampliara la oferta a cuatro terrenos para las siete familias, al tiempo que sus hermanas señalaban que uno de los dos predios que intentaban darles está usurpado. 

 

Máxima tensión

 

Mientras seguían las conversaciones, el oficial de Justicia convocó al defensor de Menores e Incapaces, Ezequiel Belaunzarán, quien llegó al predio a las 11.13. En primera medida, les explicó a las tres madres de los siete chicos que quedarían en la calle, que les gestionaría un espacio para vivir a través de Desarrollo Social. 

Ante los reclamos por el desalojo, les explicó que “no puedo ir en contra de algo que está ordenado”, en referencia a la medida dictada por el Juzgado Civil y Comercial 2 de la Ciudad de Buenos Aires. 

“Les voy a conseguir un lugar a través de Desarrollo Social”, les dijo Belaunzarán y aseguró: “Me comprometo como mediador”.

En esta instancia, las familias y Jorge Lezica, de la CCC, reclamaban al secretario de Desarrollo Social del Municipio para que formara parte de las conversaciones. Al mismo tiempo, contaban los minutos que restaban para las 12, hora en que vencía el plazo para hacer efectivo el desalojo compulsivo. De darse esta última alternativa, planeaban que a partir de hoy viajarían a Buenos Aires para pedir la nulidad del remate judicial y gestionar la propiedad del predio en favor de los Blanco a través de la figura de usucapión. 

Finalmente, a las 11.40 llegó Oscar Teruggi, quien se dirigió a la vivienda en la que estaban los menores, donde improvisó una reunión con los Blanco, Sebastián Romay y el doctor Belaunzarán. 

Minutos después, las siete familias aceptaron los dos lotes que les proponía el propietario, con el compromiso de la comuna de colaborar con el aporte de materiales. Desocuparán la manzana de Chapaleofú y Nigro en diez días y se ubicarán en espacios alquilados por el Municipio hasta que terminen de construir las nuevas viviendas.

Pasado el mediodía, todas las partes intervinientes en el conflicto se trasladaron al Juzgado Civil y Comercial 1 a cargo del magistrado José Zárate para rubricar el acuerdo, aunque finalmente sólo se extendió por diez días el plazo otorgado a los Blanco para desocupar el predio.

Después de horas de máxima tensión, angustia y cierto desconsuelo, la gran cantidad de gente que se había reunido en el terreno respiró aliviada. Es que nadie quería siquiera imaginar cuáles podrían haber sido las consecuencias de un choque entre las personas que se resistían al desalojo y las fuerzas policiales.*