Un defensor oficial le reclama al Ejecutivo y al Concejo una salida política para las ocupaciones

Tras presentar un recurso de amparo para que el Estado municipal garantice servicios esenciales a las 50 familias que viven en el predio abandonado del barrio Smata, el defensor oficial Diego Araujo pidió una solución política a mediano y largo plazo para quienes hoy residen en esas precarias propiedades.
?Soy defensor oficial en materia penal y accedo por la iniciación de una causa penal por presunta usurpación que se inicia en las fiscalías locales, y a partir de allí recibo en enero a un grupo de mujeres donde advierto que estaban viviendo una situación social sumamente difícil, con familias numerosas, y una problemática de larga data?, señaló Araujo en una entrevista concedida a Multimedios El Eco.
 El letrado explicó que esa situación se agravó en particular ?por la ausencia de la prestación de servicios básicos en el lugar donde viven, por eso tratan de canalizar ese reclamo por la vía que corresponde, que es la administrativa, a través del Municipio?.
Lo cierto es que por ello indicó que ?ante la ausencia de una respuesta formal que este grupo de mujeres había efectuado, es que decido asistirlos legalmente en función de lo que la misma ley del ministerio público regula, que es la de garantizar el acceso a la Justicia a todas las personas que carezcan de recursos suficientes como para demandar o peticionar judicialmente?.
?El recurso se establece dentro de la Ley de Amparo bonaerense, como medida excepcional, por lo que creo que está debidamente fundamentado ante la ausencia de respuesta. De continuar esta situación, pueden darse distintas alternativas? explicó Araujo.
Y agregó que ?si no surge ninguna medida judicial que desaloje a las personas que viven ahora en el barrio denominado Smata, la problemática seguirá existiendo en cuanto a la imposibilidad de esos chicos de acceder al agua potable y a la recolección de residuos, con todos los problemas que puede eso generar?.
Reseñó que ?hay una sinnúmero de inconvenientes que persistirán si no se accede a los servicios y, por otro lado, si se obtiene un desalojo, a través de la justicia civil, esa problemática social tampoco se soluciona. Porque esas familias no están porque les gusta: están por una cuestión de extrema necesidad y la ausencia de políticas habitacionales de muchos años. Con lo cual, lo único que se hará es trasladar el conflicto hacia el futuro con conflictos individuales o colectivos de la misma especie?.
El recurso de amparo fue presentado el martes, se sorteó y tendrá un juez local que debería emitir una resolución. ?Los tiempos son bastantes rápidos y lo mejor me parece que tiene que ver con una mediación o conciliación entre las partes, esta gente con el Municipio. Es, entiendo, la primera medida que puede surgir como una salida adecuada?, dijo.

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?No se discute titularidad
ni propiedad de las tierras?

El defensor oficial reiteró que en esta instancia, vinculada a la provisión de servicios esenciales por salubridad, ?no se está discutiendo la titularidad ni propiedad de las tierras, porque ésta no es la vía adecuada ni tampoco es lo que se está pidiendo. Lo único que se solicita es la prestación de servicios esenciales que garanticen que esa gente tenga una vida digna?.
Araujo detalló que la presentación pide energía eléctrica, ?pero hay otros servicios sumamente sencillos de proveer como la recolección de residuos o el agua potable. En el primero de los casos o bien se puede extender el recorrido que se hace en la ciudad o instalar contenedores y con eso evitar las probables consecuencias ambientales?.
El funcionario judicial señaló que las condiciones ideales de conexión están ?contempladas en la presentación, porque en cuanto a la energía eléctrica se pide que se evalúen las condiciones de seguridad para la prestación del servicio, tanto interno como externo. Por eso se pide conectar el servicio de luz en las condiciones seguras y adecuadas? completó.
Reconoció además que si bien no existen antecedentes locales, se trata de presentaciones y amparos que habitualmente se realizan desde la figura del Defensor del Pueblo. Esa figura existe en ciudades ?como Buenos Aires y La Plata, donde este tipo de presentaciones suele enmarcar el reclamo colectivo de distintas índoles, algunos en relación directa a problemas habitacionales?.

?La mejor posibilidad es
el acercamiento de partes?

Sobre el futuro del conflicto, Araujo reiteró que lo que puede pasar ?es el acercamiento de las partes, donde cada uno acerque el planteo y las posibilidades de solución, pero necesariamente creo que tiene que surgir una mesa de negociación para encontrar una resolución razonable. Luego los pasos los marcará la resolución judicial, pero creo que es algo que tiene un fuerte tinte político, y son los representantes públicos que tenemos tanto en el Concejo como en el Ejecutivo quienes tienen las mejores herramientas para procurar a mediano y largo plazo un plan que contemple todas estas problemáticas ligadas a la situación habitacional en Tandil?.

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Los que lo necesitan y
los que se aprovechan

?No se puede prejuzgar en función de una situación de extrema necesidad que vive un grupo de personas, sin conocer cabalmente la historia de vida de ellos. Yo no puedo negar que existan aquí quienes pueden tener un interés distinto, pero estoy absolutamente convencido de que hay un problema habitacional serio, que ese problema debe afrontarse con la misma seriedad y que debe procurarse una solución a mediano a largo plazo.
Entiendo la preocupación de algunos habitantes de la ciudad, pero no vamos a solucionar nada marginando, segregando o separando a aquellos que tienen problemas distintos a los que podemos tener nosotros.
De ese modo, lo único que se hará es prorrogarlo a futuro y por eso, si se llegara a desalojar a las familias que están en Smata, donde hay más de cien chicos, lo único que se hará es trasladarlo a futuro, generando la misma problemática individual o colectiva que se genera ahora?.

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