Una cuestión de derechos

Frente a las muchas y fuertes repercusiones generadas a partir de la información que este Diario publicó en ediciones pasadas, acerca del presunto abuso sufrido por un menor de edad en una escuela, por el cual las autoridades educativas tomaron debida celeridad y resolvieron en consecuencia hasta tanto se sustancia el sumario administrativo, merecen realizarse algunas aclaraciones periodísticas, más bien sobre el editorial asumido por quien escribe por el delicado caso.

Específicamente la aclaración deviene frente a la ola de comentarios que en las redes sociales generó el asunto, de los cuales algunos increpan, interrogan, cuestionan, la decisión editorial de no dar mayores precisiones sobre los protagonistas y, por caso, la institución educativa involucrada.

Aceptando que la crítica, la diversidad y el debate ayudan a crecer y mejorar en el oficio periodístico, y reconociendo que la postura asumida genera incluso discrepancias entre los propios colegas –también dentro de esta Redacción-, parece oportuno explicar los motivos que llevaron a que se resguarden determinados datos de la información que en exclusiva este Diario ofreció a sus lectores y de las cuales se hicieron eco los demás medios.

No es ni será la primera vez que ante un hecho de aberrantes características, un delito de instancia privada para más datos, desde el periodismo se asuma la responsabilidad de informar precisamente por el derecho que la asiste a la comunidad de informarse, pero sin desentenderse de otro derecho tan o más fundamental aún, como en este caso son los derechos de la víctima y en estos casos del niño menor de edad.

Salvando las distancias, publicaciones sobre hechos de abusos contra menores, suceden repercusiones similares. No pocos lectores, comentaristas desde las redes sociales, insisten sobre la necesidad de conocer quién es el abusador y se increpa al periodismo –periodista- por el ocultamiento cual “protección” del acusado y posible condenado. Pocos se detienen a pensar que de dar a conocer quién es el abusador se estaría vulnerando el derecho de la víctima menor de edad, ya que sería claramente conocido a partir del que imputado es, por caso, un familiar directo.

Sobre la información específica que amerita esta columna, muchos increparon sobre la incompleta información al no dar mayores precisiones, si por precisiones se alude a indicar de qué institución –escuela- ocurrió lo que se ventiló.

Desde quien escribe estas líneas, y también a pedido de las autoridades educativas que intervinieron, se consideró prudente no dar a conocer ese dato puesto que no haría más que estigmatizar a una comunidad educativa y, puntualmente, a los chicos que a ella asisten. 

También es dable especular que de haberla identificado, no faltarían otros comentarios cibernéticos con también tono crítico como prejuicioso que cuestionarían que se ventiló de qué escuela se trataba porque era pública y van chicos de zonas más vulnerables, que de haber sido una institución privada nada hubiera sido informado, mucho menos de qué institución se trataba (circunstancia que en este Diario nunca ocurrió y hay pruebas para remitirse). 

No es ni será la primera vez que, con razón o sin ella, se cuestiona el tratamiento periodístico sobre determinado hecho según resulten sus protagonistas. 

Se trata del libre juego de las opiniones bien intencionadas. Del derecho que le asiste al lector, al ciudadano, de no compartir o criticar determinada postura editorial. En este caso, se prefiere elegir por el derecho que le asiste a quienes resultaron protagonistas, en definitiva los más vulnerables, los chicos. u