Una jueza anuló el primer matrimonio entre mujeres por una medida pedida por un abogado

La jueza civil de primera instancia Martha Gómez Alsina declaró “inexistente? el matrimonio entre Norma Castillo y Ramona Areval, ambas de 67 años y con una convivencia de 30, celebrado hace tres días en Capital Federal, hasta que se resuelva el tema de fondo, al hacer lugar al reclamo del abogado Ricardo Ernesto Lamuedra.
Este letrado es el mismo que logró que el lunes pasado el juez en lo civil Federico Gustavo Irazabal declarara inexistente el matrimonio de Damián Bernath y Jorge Salazar.
Antes, el juez de Minoridad y Familia de Tierra del Fuego, Marcos Meillien, consideró nulo el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello, celebrado el 28 de diciembre de 2009 con autorización de la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos.
En el Congreso, una reforma de la ley que habilita a casarse a todas las personas, al margen de su condición sexual, tuvo este jueves dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación General y Familia, mientras la minoría busca sumar otra figura: el enlace civil -para todos-, que conviva con la de matrimonio -exclusiva para heterosexuales.
La adopción no es el eje de la nueva ley, pero se convirtió este jueves en el punto más fuerte de disidencia entre ambas posiciones durante la reunión de diputados.
“El eje del proyecto es la igualdad”, dijo Vilma Ibarra, autora de la iniciativa que, desde el año pasado -cuando no pudo tratarse en el recinto- se unificó a la de la ex diputada socialista Silvia Augsburger, para conformar una sola propuesta.
La idea es que “las parejas homosexuales puedan acceder a la misma protección que otorgan las leyes argentinas”, que permiten sólo a hombres y mujeres unidos en matrimonio y a personas solteras ejercer este derecho”, precisó la titular de la comisión legislativa.
El proyecto, apoyado por diputados del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, el Socialismo, Proyecto Sur y Generación para un Encuentro Nacional, modifica el Código Civil y reemplaza las palabras “hombre” y “mujer” por “contrayentes” y “cónyuges”, para que no se aluda al sexo de las personas.
Gladys González, del PRO, que presentó el proyecto de enlace civil junto a Federico Pinedo y Jorge Triaca -del mismo partido- dijo que “la adopción no se trata del derecho de las parejas a tener hijos, sino del derecho de los niños”.
“La adopción no debe discutirse dentro del marco de esta ley sino dentro de otra discusión: el de la adopción y su normativa específica, señaló Gonzalez. “Nosotros nos negamos a discutir este tema y el de la Patria Potestad dentro de este proyecto y proponemos “el enlace civil”, subrayó la legisladora del PRO.
Según Gonzalez, cuya iniciativa logró apoyo de los peronistas disidentes Eduardo Amadeo y Claudia Rucci, el enlace civil “reconoce las uniones y garantiza los derechos que la comunidad homosexual reclama muy justamente” y añadió: “entendemos que las figuras de matrimonio tradicional y enlace civil pueden y deben convivir”.
La jueza Alsina, al decretar este viernes la “nulidad absoluta? del casamiento celebrado entre dos mujeres en el Registro Civil porteño, destacó que el artículo 172 del Código Civil “es claro al disponer que los contrayentes deben ser hombre y mujer?.
Según la magistrada, el derecho establece al matrimonio como “la unión intersexual entre un hombre y una mujer en el sentido de que ha de ser reconocida y protegida como tal con el fin de perpetuar la especie en el orden natural, a través de la procreación?.
“El acto jurídico que cumplido contravenga de manera manifiesta las normas que la regulan es nulo de nulidad absoluta y así debe ser declarado?, agregó, y aclaró que su decisión “no significa adelanto de opinión alguna sobre el fondo del asunto ni discriminación hacia la cohabitación estable de personas del mismo sexo?.
El abogado Lamuedra, matriculado en Capital Federal y con estudio próximo al Palacio de Tribunales, inició una campaña judicial contra el matrimonio homosexual y el 1 de diciembre último logró que el juzgado civil 85 dictara la primera medida cautelar que impidió el matrimonio entre Freyre y Di Bello.
Un mes antes, este abogado interpuso un amparo para que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apelara la autorización judicial a la boda.
En todos los casos, se trata de intervenciones judiciales muy similares, ya que gestiona ante un tribunal nacional una medida en contra de lo resuelto por uno porteño.
Las bodas entre Castillo y Arévalo y entre Freire y Di Bello fueron autorizadas por la jueza porteña Elena Liberatori, ante quien los contrayentes presentaron recursos de amparo, y no fueron apeladas por el Gobierno porteño.

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