Una pareja condenada por venta de drogas pidió que se la someta a un tratamiento contra las adicciones

Frente al Tribunal Oral Criminal Nº 4 (TOC4) de Morón, ambos afirmaron que no lo habían hecho “por dinero”, sino que era una suerte de trueque en el cual de la droga que recibían, una parte la vendían y la otra la consumían, porque por el trabajo que realizaban no les alcanzaba el dinero para comprarla.
El Tribunal, con la firma de los jueces Rodolfo Castañares, Pedro Rodríguez y Carlos Torti, condenó a la mujer a cinco años de prisión por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Por el mismo delito, el hombre fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, debido a que también se lo acusó por “tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y tenencia ilegal de arma de guerra”. Según el fallo al que tuvo acceso Noticias Argentinas, la pareja vendía drogas en su domicilio de la calle Camino de la Rivera al 900, del partido bonaerense de Merlo, entre el mes de enero y julio de 2006. Ambos fueron detenidos el 13 de julio de ese año, cuando el grupo GEO allanó el domicilio, donde también vivían los dos hijos de la pareja, y allí encontraron 115 gramos de marihuana y 17 de cocaína; y dos revólveres, los cuales se acreditó que pertenecían al hombre.
Al declarar en el juicio, el hombre aseguró que ya había sido condenado por tráfico de drogas y que en su oportunidad el juez había ordenado que se sometiera a un tratamiento terapéutico, algo que nunca se concretó.
El hombre dijo sentirse “como dos personas en una, el que es adicto y el otro que quiere ser padre”, y acto seguido pidió seguir un tratamiento contra las drogas. Por otra parte, los jueces señalaron que “las armas (que se incautaron en la vivienda) no estaban registradas y no estaban autorizados a tenerlas ninguno de los dos imputados”.
En el veredicto, también se fijó “para ambos condenados la medida de seguridad curativa imponiéndoles un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo que fuere necesario, a cargo del Servicio Penitenciario sobre el que se deberá informar trimestralmente”.

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