Vacuna Covid obligatoria, el debate entre la libertad de elegir y el derecho de acceso a una salud pública

El mundo entero abrió el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna anti Covid-19 y en la Argentina los expertos se sumaron a discutir, sin llegar todavía a una postura ecuánime. 

En este sentido, el abogado penalista Gustavo Ballent conversó con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Tandil FM (104.1) y se refirió a esta posible imposición y su conjugación con las herramientas gubernamentales en políticas de Salud Pública. 

Los Estados, en este caso, indicó que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de llevar adelante normativas con relación a la pandemia, como cuestión excepcional y grave, y por otro lado, los derechos individuales de las personas a poder elegir si inocularse o no.

A grandes rasgos, repasó situaciones que se están dando en distintos países y contó el caso de Estados Unidos donde el presidente dictó una normativa federal que obliga a algunos sectores, como a empleados públicos. Además, como su sistema legal permite cierta autonomía, en un distrito escolar del estado de Los Ángeles determinaron que sea inexcusable para todos los alumnos de 12 años en adelante. 

Asimismo, contó el caso de Francia, Italia y Grecia los trabajadores del sector público y privado están obligados a inocularse, mientras que en Inglaterra lo dispusieron así para los ingresos a discotecas y cualquier lugar de más de 100 personas. “Se está discutiendo en todos lados y en muchos estados del primer mundo optan por imponer la obligatoriedad para determinados sectores”, analizó.

Derecho colectivo

De acuerdo a las estadísticas oficiales, 260 millones de personas ya fueron infectadas por Covid-19 en el mundo y más de 5,2 millones se murieron a causa del Sars-CoV-2. Con esta realidad, diversos países discuten si las vacunas que la ciencia obtuvo en tiempo récord para frenar la actual pandemia deberían ser aplicadas a elección, o no.

Europa atraviesa actualmente una nueva ola de contagios con récord diario de infectados y Norteamérica también vio crecer mucho los casos este otoño, mientras que si bien en Sudamérica los casos bajaron con la salida del invierno en septiembre y octubre, están comenzando a repuntar actualmente debido a la llegada de la variante Delta, un 80 por ciento más contagiosa que el virus original.

Entendiendo que aquí se ha logrado alcanzar la inmunidad de rebaño, el abogado también reconoció que hay un grupo de gente que son los “antivacunas”, generándose así una dicotomía entre la libertad de elección y el derecho a la salud pública, que consideró un derecho de orden colectivo.

Así, comprendió que el Estado tiene resortes como para implementar determinadas normativas aun sabiendo que habrá gente que lo cuestione, incluso siendo probable que algunos recurran a la Justicia para intentar hacer valer su derecho a elegir.

“Beneficia a todos”

De la manera en que se está aplicando en diversos lugares, con franjas etarias o los llamados “pases verdes” o sanitarios que se requieren como garantía de inmunidad para diferentes sectores o actividades, reflexionó que no es una cuestión menor. 

“Están viendo que la vacuna ha ayudado en gran medida a bajar los niveles de contagio. Entonces, hasta qué punto en mi derecho de elegir, no estoy afectando el derecho de aquella persona que se inocula y aportando a un potencial brote de contagios”, cuestionó y aseveró que la vacunación beneficia a todos.

Estimó así que, un Estado con una buena legislación, debidamente fundamentada, hecha en el Congreso y con el aporte de las mayorías, “tranquilamente podría empezar a legislar esta cuestión”.

Vale destacar que actualmente en Argentina no hay una norma de estas características, sin embargo, Ballent insistió que a su criterio es un tema necesario de discutir y de esta manera entender que la salud pública es un bien colectivo.