Adoquines: organizaciones insisten con la restitución de la protección

La discusión por la preservación del patrimonio vial de Tandil sumó un nuevo capítulo. Tras la polémica que sacudió la agenda pública a comienzos de año, cuando la repavimentación de la calle Sarmiento entre Santamarina y Alsina desató un debate sobre el retiro de adoquines históricos y el futuro del empedrado en la ciudad, tres organizaciones insistieron con su reclamo.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

En los últimos días, la Asociación Civil Punto Verde Tandil, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra presentaron dos notas institucionales en las que reclamaron la restitución de la protección histórica del empedrado, cuestionaron el tratamiento legislativo que eliminó esa tutela en 2009 y solicitaron mayor participación ciudadana y acceso a la información pública vinculada al debate.

En la presentación dirigida al Concejo Deliberante, las organizaciones sostuvieron que la derogación de la ordenanza que protegía 143 calles de piedra fue realizada mediante un procedimiento que calificaron como irregular e inconstitucional.

Además de pedir que se restituya esa protección como “piso mínimo e innegociable”, rechazaron los argumentos oficiales sobre la falta de mantenimiento, reclamaron la incorporación de la Defensoría del Pueblo a la Comisión de Patrimonio y solicitaron acceso al informe técnico elaborado sobre el estado del empedrado.

En paralelo, elevaron una segunda nota a la Defensoría del Pueblo para pedir que profundice su intervención institucional. Entre otros puntos, solicitaron que intime al Ejecutivo y al Concejo a responder el pedido de incorporación del organismo a la Comisión de Patrimonio, gestione el acceso a la documentación técnica vinculada al tema y brinde asesoramiento jurídico para evaluar una posible acción de amparo.

Ante el Concejo

La primera nota, con fecha del 31 de julio, fue presentada ante el Concejo Deliberante y pone el foco en la necesidad de ampliar la protección de las calles de piedra. El planteo de los firmantes se basa en lo que denominaron un “vicio de origen” en la sesión que dio nacimiento a la ordenanza 11.400 en 2009. Según el texto presentado, aquella normativa derogó la protección de 143 arterias mediante un tratamiento “express” que careció de fundamentación técnica y “omitió el deber de informar a la ciudadanía”.

Bajo esta premisa, advirtieron que la medida resulta “inconstitucional” al vulnerar el Principio de Progresividad y No Regresión contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“El Estado tiene la obligación jurídica constitucional de ampliar o consolidar los niveles de protección alcanzados, resultando inadmisible la retracción arbitraria de las tutelas vigentes”, señalaron en el documento.

En este sentido, consideraron que la restitución de la protección legal sobre las calles originalmente resguardadas por la antigua ordenanza 9.821 constituye un “piso mínimo e innegociable” sobre el cual debe estructurarse cualquier plan de bacheo o reparación para el resto de las 161 cuadras empedradas de la ciudad.

“Nos parece lógico la restitución de la protección legal sobre las calles originales. Este constituye un piso mínimo e innegociable sobre el cual debe estructurarse la ampliación de la tutela y gestiones para repararlas al resto de las calles empedradas de la ciudad plausibles de incorporar a la ordenanza (161 calles)”, señala el documento.

Críticas y pedidos de transparencia

La nota también refleja un descontento con los argumentos esgrimidos por el Gobierno comunal para justificar el deterioro de las calzadas. “Nos parece que esto constituye una grave falencia en la capacidad de gestión y de contralor que tiene el Municipio en cuanto a lo implementado los últimos años en la ciudad en su función legislativa y fiscalizadora”, indica el documento que llegó al primer piso de la Municipalidad.

En materia de participación ciudadana, la nota incluye un pedido para “transparentar y democratizar la gestión patrimonial”. En ese sentido, plantea que la Comisión de Patrimonio “debe abrir sus dinámicas de trabajo a la fiscalización de la sociedad civil” y ratifica la propuesta de integración formal de la Defensoría del Pueblo en el espacio con el objetivo de fiscalizar las dinámicas de trabajo y evitar que se reediten “retrocesos normativos a espaldas de la comunidad”.

Por último, enumera dos requerimientos a considerar. Primero, la participación en la discusión de la ordenanza a partir del proyecto presentado por Banca 21 e incorporar a la Defensoría del Pueblo a la Comisión de Patrimonio que está tratando el asunto “para poder exponer nuestros argumentos a los miembros de la comisión”. Segundo, una copia del informe técnico referido por la Comisión de Patrimonio, con la nómina de los profesionales y funcionarios intervinientes.

Las organizaciones concluyeron su reclamo aguardando una respuesta institucional que garantice una solución “a la altura de la historia de la ciudad”.

Nuevo reclamo a la Defensoría del Pueblo

Por otro lado, el miércoles pasado las mismas organizaciones elevaron una nota a la Defensoría del Pueblo para dar continuidad a las actuaciones iniciadas en mayo de este año. En el documento, hicieron hincapié en la falta de respuestas por parte del Departamento Ejecutivo respecto a la incorporación de la dependencia en la Comisión de Patrimonio Municipal.

En ese sentido, remarcaron que, pese a que el organismo a cargo de Paula Lafourcade formalizó el pedido para tener voz y voto en el espacio, el Ejecutivo “no emitió respuesta”, por lo que anunciaron que “nos vemos en la necesidad de solicitar la profundización de su intervención a través de las siguientes medidas urgentes”.

Además de solicitar que reitere e “intime” al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante a dar respuesta a su incorporación formal “con voz y voto” en la Comisión de Patrimonio, el requerimiento incluyó el acceso a documentación técnica clave. En particular, instaron a la defensora a obtener una copia del informe técnico emitido por la Comisión de Patrimonio sobre la evaluación del suelo adoquinado y la nómina completa de los profesionales y funcionarios que intervinieron en el proceso.

Asimismo, las asambleas pusieron el foco sobre el expediente 2025-05260-00, vinculado a las obras e inversiones proyectadas en la zona de la calle Sarmiento y la denominada Plaza del Tanque. Para los referentes de Punto Verde y las asambleas barriales, el acceso a estos datos resulta indispensable para auditar la legalidad de las intervenciones que se realizaron o planificaron sobre el empedrado tandilense.

“Dado que el debate en el Concejo Deliberante se encuentra bloqueado y sin garantías de restaurar la protección sobre las 143 calles originales, solicitamos formalmente a la Defensoría del Pueblo asesoramiento técnico-jurídico sobre los caminos normativos y procesales para impugnar dicha derogación”, señalaron.

El objetivo final de las organizaciones es la presentación de una nueva acción de amparo colectiva u objeción de inconstitucionalidad.

Esta estrategia legal buscaría obtener una medida cautelar que logre el freno de cualquier futura obra de asfaltado o remoción sobre el listado histórico de las 143 calles.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil