Ante la situación agravada por la pandemia, consideraron urgente dar respuesta a 45 mil inquilinos de Tandil
Hace días se votó la ley de alquileres que flexibilizará las exigencias para inquilinos y el concejal del Frente de Todos aseguró que en Tandil la crítica situación se ha profundizado con el coronavirus. Teme que se susciten conflictos por el incumplimiento de la legislación. Para avanzar en soluciones “serias e integrales” para el sector presentó tres proyectos de ordenanza.
En el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.541, se ha publicado el Decreto 320/20 que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre.
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“Entendemos que hay una situación crítica que se profundizó en términos económicos y ha generado múltiples problemas y consultas”, sostuvo Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos de Tandil. Según dijo, a eso se le sumaron las dificultades relacionadas a lo legal, para hacer cumplir el decreto presidencial 320/2020 del 29 de marzo con medidas de protección para inquilinos ante el Covid-19, que a grandes rasgos suspende los desalojos, congela el precio y prorroga los contratos.
La ley para regular los alquileres se votó la semana pasada y ante la posibilidad de que se susciten conflictos por el incumplimiento, consideró urgente que se dé respuesta a la situación por la que atraviesan 45 mil arrendatarios tandilenses. Cabe recordar que la norma, que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, prevé flexibilizar las exigencias para inquilinos al permitirles presentar dos opciones de garantía y extender los plazos del contrato.
Para poder avanzar en ese sentido, el referente del sector ya lleva desplegados algunos proyectos que ordenanza. Hace precisamente un mes, el concejal presentó el Programa de apoyo municipal integral para los inquilinos, junto a una propuesta de descuento en la tarifa de energía eléctrica y una encuesta municipal para inquilinos para conocer cualitativa y cuantitativamente cómo están viviendo la pandemia.
“La situación es crítica, urgente, y no se está dando respuesta seria e integral a tamaña necesidad”, aseveró y, en lo particular, contempló que debería que hacerse una mesa para abordar dichos problemas.
El alcance de la ley
La norma recientemente votada modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario. Dichas pautas entrarán en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial y abarcará a los contratos que se celebren posteriormente.
A partir de la nueva ley, los alquileres congelarán su precio hasta el 30 de septiembre y se ajustarán una vez por año con una fórmula compuesta en un 50 por ciento por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y la otra mitad por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC).
Asimismo, los contratos para uso habitacional en Argentina tendrán una duración mínima legal de 3 años, con la intención de generar más estabilidad y ahorro económico a mediano plazo para las y los inquilinos.
Además, entre otras modificaciones, se suspenden los desalojos en todo el país hasta el 30 de septiembre, a la vez que se prorrogan los contratos cuyo vencimiento opere desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre.
Cabe destacar que quedan excluidos los contratos de arrendamiento y aparcería rural y los contratos de locación temporarios (fines de turismo, predios feriales, etc.)
Los programas para aliviar al sector
Con la intención de avanzar hacia medidas que puedan ayudar a los residentes en Tandil, Arrizabalaga propuso ante el Concejo Deliberante la creación de un Programa de Apoyo para Inquilinos de Viviendas.
El objetivo, básicamente, supone reorganizar y perfeccionar integralmente las acciones de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat tendientes a apoyar a arrendatarios de vivienda en situaciones de vulnerabilidad social, mediante ayudas económicas en la totalidad o parte de la mensualidad, u otras versiones.
Entre otras puntualidades, el programa busca establecer un conjunto de criterios básicos y explícitos a tener en cuenta para poder acceder al apoyo que brindará la Secretaría, así como los criterios para determinar qué tipo de apoyo brindará en función de una caracterización de los casos.
Por otro lado, presentó la creación de una Encuesta Municipal para Inquilinos de Vivienda en el marco del coronavirus, ya que consideró que “pese a que el Decreto 320/20 significa una herramienta de resguardo para las y los inquilinos, la situación es crítica y va generando conflictos con los propietarios e inmobiliarias”. Estas situaciones son advertidas mediante la Red de Inquilinos de Tandil y/o ante la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos.
La idea es poder concluir en un relevamiento estadístico que devele a nivel cuantitativo ni cualitativo acerca de las condiciones de vida de la población tandilense. Los datos serían de público conocimiento y el proyecto contempla que sean acompañados por un anexo que especifique cantidades de subsidios, montos, forma de cobro del mismo, género, temporalidad de duración del mismo hasta la actualidad.
Por último, y con el mismo fin, el edil planteó la creación de la Tarifa de Acceso a la Vivienda por Alquiler, al considerar que “se da un nuevo proceso de conflictividad entre locadores (e inmobiliarias) y locatarios, marcado por la afectación constante a los derechos de las y los inquilinos e incumplimiento de las medidas del Decreto 320/20”.
En este marco, le solicitó al departamento Ejecutivo que realice las gestiones pertinentes con la Usina Popular y Municipal de Tandil a fin de reducir un 20 por ciento del valor de la tarifa del servicio de energía eléctrica a los usuarios que alquilan vivienda, mientras dure el plazo de vigencia del Decreto 320/20 del (Plan de Emergencia Nacional (PEN).
Entre los puntos destacables, el proyecto manifiesta que podrán inscribirse los usuarios que sean beneficiarios de Asignaciones Universales, Ingreso Familiar de Emergencia, Jubilación mínima y pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad de ANSES e IPS, monotributo social, monotributo categorías A y categorías B, que sean inquilinos de vivienda.
En tanto que los usuarios que no pertenezcan a los grupos descritos deberán presentar contrato de locación y recibo de pago de alquiler mensual no mayor a 1,5 salario mínimo, vital y móvil (SMVyM). Finalmente, no podrán ser beneficiarios del descuento quienes ya sean alcanzados por la tarifa social.