Arrizabalaga declaró que se deben empezar a pensar medidas para desendeudar a los inquilinos
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El concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos, Juan Arrizabalaga, remarcó que debe atenderse la situación de los inquilinos en Tandil, criticó a las autoridades locales por la ausencia de políticas y celebró la extensión del DNU 320, que establece la prohibición de los desalojos por falta de pago y el congelamiento de los precios de alquileres, como así también la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios.
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Accedé a las últimas noticias desde tu email“Las políticas nacionales deben acompañarse con políticas públicas también a nivel municipal. Y lamentablemente en Tandil seguimos sin política de vivienda y mucho menos para el sector inquilino. Se cumplieron cuatro meses desde que presentamos tres proyectos de apoyo para el sector en el Concejo Deliberante, y lamentablemente el oficialismo contesta generalmente con frases hechas sobre un tema que venimos trabajando hace años, y sobre el cual saben bastante poco. No tienen dimensión del drama de las y los inquilinos”, enfatizó.
En tanto, evaluó que la prórroga de la medida que congela el valor de los alquileres y suspende los desalojos indicó que “era necesaria”.
“Hay que comprender que la emergencia sanitaria, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para locatarios y locatarias la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad y durante la pandemia de Covid-19”, expresó.
Hizo referencia también a todos los trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios que han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia y subrayó que el decreto 320 y su extensión los tiene en cuenta.
Finalmente Arrizabalaga señaló que “ahora en adelante a nivel nacional tenemos que ponernos a trabajar en una serie de medidas que permitan el desendeudamiento de los inquilinos, y a nivel local en un fondo de garantías público”.