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El Eco Multimedios. Al mismo tiempo, aclaró que se concretaron a partir de “las tres causales previstas por la legislación”.En ese sentido, la doctora Fraifer detalló que constan en el Hospital “la declaración jurada de la usuaria, historia clínica completa y un Sistema de Salud que da acompañamiento desde la información y después, a partir de la decisión de la usuaria”.La reuniónEn el marco de la Comisión de Salud del Concejo, las autoridades sanitarias entregaron las respuestas a las quince preguntas que había realizado la agrupación Más Vida desde la Banca XXI, movilizada por una entrevista a dos profesionales del Servicio de Interrupción Legal del Embarazo que habían declarado que se habían realizado más de cien abortos desde principios de 2017.Sandra Fraifer explicó que “la política integral” que desarrollan dentro de un programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva contempla “todas las líneas de trabajo, entre ellas este programa de control de buenas prácticas en donde está todo lo que es atención integral del embarazo no intencional o involuntario y en ese marco es la interrupción del embarazo, la atención post aborto y la reducción de riesgos y daños dentro del espacio macro de consejerías”.Aclaró que las profesionales del Hospital se habían referido a la práctica de más de cien intervenciones, pero aclaró que no aludían directamente a abortos no punibles. “Intervenciones no eran abortos. Nosotros no queremos hablar de aborto porque el aborto no es legal en la Argentina. Nosotros hablamos de aborto no punible o interrupción legal del embarazo, y se realizaron 115 consejerías, de las cuales 65 consejerías terminaron en una interrupción legal del embarazo”, dijo.“Encuadradaslegalmente”La doctora Fraifer advirtió que estas interrupciones están “encuadradas legalmente. De eso no tiene que quedarle duda a la población. Hay una decisión y un fallo de la Corte Suprema y la ley se basa también en el Código Penal y las causales que contempla esta legislación son las que se implementan en el Municipio de Tandil, en el Sistema Integrado de Salud Pública. Todo lo que se ha realizado es dentro del marco de la normativa vigente y de la ley”.Luego de transmitir tranquilidad a la población, descartó que en los casos donde la paciente opta por la interrupción legal del embarazo deba intervenir la Justicia porque corresponde a su intimidad, aunque dijo que suele ocurrir cuando existen denuncias penales por violación para realizar cotejos de ADN con el agresor.En este sentido, Morando agregó que “la Corte Suprema de Justicia, a través del fallo Fal, y el Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Provincia, obligan a que los efectores públicos de salud garanticen la práctica de interrupción legal del embarazo en la medida en que se configuren las causales establecidas en la normativa vigente, y eso es lo que se hace a través de las consejerías”.Describió que las consejerías son de salud sexual y reproductiva en general y “una partecita de eso tiene que ver con algo que el Estado les exige a los hospitales que es prever mecanismos para garantizar la interrupción legal del embarazo cuando se produzcan las causales previstas”.El funcionario rechazó que desde el Municipio se promuevan las prácticas y resaltó que las consejerías son un espacio donde se brinda información y se realiza un tratamiento de cada caso, “donde la autonomía del paciente existe. Nadie va a sugerir ni para un lado ni para el otro. El respeto a la autonomía del paciente está consagrado en toda la normativa y en todos los protocolos. Por lo tanto, lo que se ha planteado sobre que es un espacio para aconsejar, de ninguna manera”.Las practicasEn tanto, la doctora Fraifer informó que las prácticas “quirúrgicas no se aconsejan más a partir de algunos comunicados de la Organización Mundial de la Salud. Las prácticas para interrumpir legalmente el embarazo es medicamentosa, con una droga o con el AMEU que es la Aspiración Manual Endouterina. Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para interrumpir legalmente el embarazo”.Por otra parte, precisó que “en Tandil se realiza en las doce semanas de gestación, principalmente porque los médicos que trabajan en el servicio de ginecología son objetores de conciencia, que es un derecho que tienen los profesionales y también un privilegio, entonces ya en el segundo o tercer trimestre requerirían una internación y esos casos, en general, se derivan”.Consultada acerca de la propuesta de Más Vida de contar con un espacio para contener a las mujeres que manifiesten intenciones de abortar, la vicepresidenta del SISP sostuvo que “generar un espacio para convencer, me parece que está mal, que no corresponde, que viola el principio de autonomía que tienen todos los pacientes”.Sin embargo, advirtió que “me parece que sí es importante profundizar el acompañamiento en todas las dimensiones, médico, enfermero, trabajo social, de todas las profesiones, de cada uno de los pacientes, de cada una de las usuarias, en cada situación particular, poniendo la enfermedad o el problema de salud entre paréntesis, jerarquizando a ese sujeto de derecho que es el usuario que consulta por algún problema de salud al Sistema”.Para Loreal, existe “una zona gris”Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Concejo, Adolfo Loreal, valoró que las autoridades entregaron por escrito las respuestas a las quince preguntas que había realizado el grupo Más Vida desde la Banca XXI.No obstante, marcó que “no puedo ser inocente y dejar de reconocer que estas señoras vinieron preguntando esto desde junio. Vale decir que si esto se hubiera resuelto en el Departamento Ejecutivo en junio o julio, posiblemente no hubiera sido necesario que llegáramos a octubre o noviembre en el Legislativo para tener que responder a esto”.Reiteró que “se llegó al Legislativo porque no hubo respuesta. Las respuestas que hoy sí están dando los funcionarios no las dieron en el momento que correspondía por las excusas que se quieran”.Por otro lado, apuntó “tanto (doctora Gabriela) Weber como (promotora de Salud Patricia) Londeix, que hoy no estuvieron presentes en la reunión y que habían sido invitadas, son las dos personas que en una reunión arrojan una cifra absolutamente irresponsable que hasta provocó estallidos a nivel nacional. Esto tuvo repercusiones a nivel nacional. E incluso sabemos que ha habido algún medio extranjero que ha venido a levantar información a Tandil -creo que Los Angeles Times- viendo que teníamos en Tandil más estadísticas de abortos que en otros lugares del mundo”.En ese sentido, Loreal dijo que “afortunadamente, en las respuestas que nos traen Morando y Fraifer, esas cifras no eran así”. Y recordó que las profesionales habían declarado 200 consultas y más de 100 abortos legales desde el inicio de este año.Además, informó que de las 65 interrupciones, cinco fueron por violación, seis por riesgo de vida de la madre y 54 por peligros para la salud. Sobre la última causal, consideró que “esa es una zona gris. El Código Penal dice que se interrumpe por violación o por riesgo de vida de la madre u otro problema de salud que no pueda ser intervenido y solucionado por otra vía. Es ahí donde se hace alusión al fallo Fal, como si abriera de una manera amplia y generosa a todo peligro para la salud”.El legislador radical agregó que “es una zona gris del propio campo de la Justicia. Me parece que deja ahí abierto algún tipo de interrogante. Dos franjas quedan francamente emplazadas en términos de la legalidad, claramente, vida y violación. La tercera franja también la contemplan los protocolos de intervención que hablan de los peligros para la salud. Esto es lo que me parece que de alguna manera se debe un debate y tendrá que hilarse un poco más fino tanto a nivel local como todas las consecuencias que tiene que tener el tema a nivel nacional”.Le reclamó al Congreso nacional que “debe resolver como sujeción a ley y definición de ley porque el concepto de salud por su naturaleza es muy amplio y muy laxo, entonces si lo dejan abierto a ‘por todo problema de salud’ es lo mismo que decir aborto con total libertad”.]]>

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Autoridades de Salud confirmaron que concretaron 65 abortos no punibles con causas previstas por la ley

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