Buenos Aires y Tandil en particular, buscan marcos regulatorios propios para el uso de cannabis medicinal
Legisladores bonaerenses presentaron un proyecto mediante el cual proponen el uso de cannabis con fines terapéuticos como de "interés público". Tras la reglamentación nacional esperan poder alcanzar un marco normativo que contemple las necesidades propias del territorio. A nivel local, desde el Frente de Todos también apuntan a que el uso de la planta sea declarado de interés sanitario.
El proyecto de ley se presentó el 21 de julio y busca modificar la Ley 14.924, de adhesión a la Ley Nacional Nacional 27.350 de “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, recientemente aprobada desde Nación.
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El propósito es declarar de “interés público provincial” las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también con fines preventivos en materia de adicciones y consumos problemáticos.
Emiliano Balbín, diputado autor de la Ley Provincial de Cannabis Medicinal, rememoró los pasos transitados en este camino y contó que lo que plantea es la necesidad de que el territorio bonaerense cuente con un marco normativo propio, más allá del que establece la legislación nacional, que consideró como “un paraguas protector”.
Explicó que trabajaron durante bastante tiempo en este proyecto que fue presentado en julio y tomó estado parlamentario, donde su par tandilense Melisa Greco fue coautora del documento junto a otros diez legisladores.
El marco regulatorio
“Celebramos que la ley nacional avance después de tres años de postergación”, dijo en conversación con el ciclo radial “Cosas que Pasan” de Tandil FM (104.1) y enfatizó que la expectativa con la regulación provincial es que el Ministerio de Salud sea la autoridad de aplicación, que Desarrollo Agrario colabore con todo lo referido a la producción de plantas, que se contemple dentro de las Obras Sociales y en IOMA particularmente.
Por otro lado, también plantean la elaboración y promoción mediante laboratorio de medicamentos derivados del uso del cannabis, así como la implementación mediante fórmulas magistrales que se dispensen en farmacias.
“En definitiva, que todos los derivados del cannabis con fines terapéuticos se incorporen al Sistema de Salud bonaerense y se incorpore al Programa Médico Obligatorio (PMO)”, resumió.
“Nuestro proyecto puede sumarle mucho a la ley que se ha reglamentado”, había anticipado desde las redes sociales, agregando que siempre y cuando se den las indicaciones precisas de cómo debe actuar cada organismo público provincial, para que los derechos de las personas que necesitan esos tratamientos de respeten y garanticen de manera urgente.
El uso recreativo
Con respecto a la regulación del autocultivo para diferenciar del uso recreativo, señaló que la legislación nacional permite la práctica para aquellos casos en que haya una prescripción médica a partir de una patología. Vale mencionar que en su momento sólo contemplaba a la epilepsia refractaria y a partir de esta nueva reglamentación la rama de afecciones se amplió.
Siguiendo con la legalidad del cultivo, expresó que además de la receta médica, también se necesita ser parte del registro de autocultivadores y corresponder al control que impongan sobre la cantidad de plantas permitidas.
“Nosotros hablamos solamente del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, no para el uso recreativo, esa es otra discusión que se puede dar más adelante”, aseveró.
Enfatizó entonces la necesidad de contar con este marco regulatorio en Buenos Aires, ya que indicó que en estos meses de trabajo percibieron que hay más de 70 concejos deliberante en la provincia que mostraron una adhesión a la ley y su pronto tratamiento.
También, contó que hay varios distritos, como General Lamadrid, con impacto ambiental favorable para la producción de la planta, con un predio municipal que cumple con todas las recomendaciones de salud de nación y cuestiones de seguridad.
Esto siempre considerando la nueva reglamentación, ya que advirtió que el Código Penal sanciona la plantación de marihuana y su tenencia, porque todavía es considerada como parte de los estupefacientes, aunque hay varios fallos que lo declaran inconstitucional.
“Más allá de los avances, aún está penalizado, así que habilita a quienes estén en un registro o tengan una prescripción médica”, insistió Balbín.
El proyecto del Frente de Todos de Tandil
Una vez se conoció y publicó en el Boletín Oficial la nueva reglamentación nacional, desde el bloque del Frente de Todos de Tandil presentaron un proyecto de ordenanza para que el cannabis medicinal sea declarado de interés sanitario.
Mediante el mismo, proponen que el Gobierno local promueva estudios vinculados a las potencialidades médicas del cannabis y la conformación de un organismo asesor para el diseño de políticas públicas ligadas a la planta.
Además, apuntan a la creación de un registro municipal de cultivadores y usuarios de cannabis con fines de investigación científica y/o uso medicinal.
“La iniciativa que hoy presentamos viene a dar respuesta a una necesidad de la comunidad de Tandil vinculada al uso y cultivo del cannabis en términos medicinales”, explicó la concejal Guadalupe Garriz.
El proyecto también contempla la promoción de investigaciones clínicas relacionadas al uso de la planta con fines terapéuticos impulsando la participación de asociaciones civiles que estén relacionadas a la temática, de los entes estatales tales como la Región Sanitaria VIII, el Sistema Integrado de Salud, la Universidad Nacional del Centro (Unicen), la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Por otro lado, estima que se conforme el Consejo Asesor de Políticas relacionadas al cannabis, con el objetivo de ser una fuente de consulta y diseñar programas públicos para la capacitación y difusión en relación al cannabis. Esto, según Garriz, “es una cuestión muy importante”, ya que tiene que ver con la promoción del desarrollo de investigaciones y capacitaciones en torno al cannabis.
Asimismo, con el registro voluntario de cultivadores y usuarios de cannabis con fines terapéuticos, medicinales o científicos se podrá gestionar la autorización para cultivar cannabis, realizar las tareas administrativas que garanticen el cumplimiento de la nueva normativa nacional y proteger la identidad de las personas que formen parte del registro.