Buscan los consensos para aprobar en mayo cambios con perspectiva de género en el programa Acce.DER
Integrantes de Protección Ciudadana presentaron en el Concejo los lineamientos del proyecto de ordenanza para modificar el programa que ofrece asistencia legal a víctimas de delitos penales. El objetivo es ampliar la cobertura, sobre todo en casos de violencia intrafamiliar y de género. Además, en relación a la inseguridad, incorpora homicidio culposo y lesiones culposas, figuras aplicadas en hechos viales. Prometen reformular los desembolsos por los gastos y honorarios profesionales.
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Ayer, en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, autoridades de Protección Ciudadana presentaron las modificaciones al programa Acce.Der, implementado en 2017 para asistir legalmente a víctimas de delitos penales graves en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Frente a ediles de todos los bloques, expusieron los cambios que pretenden introducir para ampliar la cobertura, con atención especial a los casos de violencia intrafamiliar y de género.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailTras la elevación del proyecto, en marzo pasado, la Comisión de Economía convocó a una reunión ampliada para escuchar la exposición del secretario Atilio Della Maggiora, acompañado por los directores de Género y Diversidad Sexual, Matilde Vide, y del Sistema Integrado de Protección Ciudadana, Rubén Dieguez, además de la asesora letrada a cargo de los programas de asistencia a la víctima, Micaela Alcuaz.
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Tras la ponencia, se abrió un espacio para responder preguntas de los concejales, y el proyecto pasó a la Comisión de Derechos Humanos y también resta la evaluación de Interpretación y Asuntos Legales. Desde el oficialismo esperan que la reforma se trate en mayo y que pueda salir por unanimidad.
En ese camino, el miércoles pasado, la propuesta fue presentada ante la Comisión de Justicia de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género. Desde allí quedaron en brindar una opinión por escrito, con sugerencias que serán consideradas por el Legislativo.
Más cobertura
En principio, Atilio Della Maggiora dio detalles de la ampliación de derechos de las víctimas en el marco del programa Acce.DER, comparando los alcances de la Ordenanza 15.616, que creó la herramienta vigente, y las modificaciones que obran en el proyecto elevado. En ese sentido, expuso que la reforma se realizó tras evaluar los casos que recepcionó la secretaría y el funcionamiento desde 2017 hasta la actualidad.
Acce.DER busca garantizar el acceso efectivo a la Justicia a víctimas de delitos graves y/o de violencia de género o intrafamiliar, en condición de vulnerabilidad socioeconómica. El funcionario explicó que si bien en estos años se han introducido cambios leves, ahora se prevén “modificaciones integrales” tendientes a la ampliación de derechos.
Una de las principales radica en implementar un tratamiento diferenciado entre víctimas de delitos en general y víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, en consonancia con las leyes nacional y provincial que protegen los derechos y garantías de las víctimas.
En el aspecto general, se suprime como requisito para ingresar al programa que el delito haya ocurrido en Tandil, teniendo en cuenta que los hechos de violencia de género se pueden haber cometido en un lugar distinto del domicilio o residencia efectiva del vecino residente.
En paralelo, propone considerar como “víctima indirecta” no sólo a familiares de quien hubiera fallecido por un hecho violento o delictivo, sino también a los familiares de una víctima directa que hubiera sufrido consecuencias físicas o psicológicas que le impidan ejercer sus derechos por sí misma.
Por otra parte, para agilizar el ingreso de las víctimas en vulnerabilidad socioeconómica, el nuevo Acce.DER presupone esa condición cuando se trate de menores de edad, personas mayores de 60 años, con discapacidad o víctimas en relación de dependencia económica, laboral, afectiva o de subordinación respecto del presunto autor del delito.
Delitos y procesos
Por otra parte, Della Maggiora precisó que la norma vigente prevé un “catálogo” de delitos que abarca el programa. Con la reforma, se agregarán homicidio culposo por uso de vehículo automotor; lesiones culposas por uso de vehículo automotor; causación de aborto por tercero o fuera del período de permisión; dilación, obstaculización o negativas injustificadas a practicar un aborto legalmente autorizado; abuso de armas, y supresión o suposición del estado civil y de la identidad de las personas.
En paralelo, en cuanto al proceso penal, se acepta la presentación de la víctima ante la Justicia, sin necesidad de constituirse como particular damnificado o querellante. Sumado a ello, contempla la intervención tanto en la instrucción penal preparatoria, intermedia y en el juicio, como así también en la etapa de la ejecución de la pena. Además, se prevé la intervención ante el Fuero Penal Juvenil, en todas las etapas.
Los profesionales
Por otra parte, la legislación actual cubre los honorarios del patrocinio letrado y las erogaciones de actuación profesional, a los que se incorporarán gastos de traslados, hospedaje y alimentos cuando la causa tramite en otra ciudad, y peritajes médicos y psicológicos en casos excepcionales.
En tanto, la nueva versión de Acce.DER tiene previsto generar más etapas de liquidación de pagos de honorarios y gastos profesionales, en armonía con la Ley 14.967 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires.
Esta última reforma atiende a los problemas que enfrentaban los profesionales para abonar la Tasa de Justicia, por caso, pero al mismo tiempo persigue una mejor administración del fondo que sostendrá las prestaciones.
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En cuanto a la renuncia del profesional interviniente sin dar cumplimiento a la representación, ahora deberá reintegrar el importe proporcional correspondiente.
Sobre el final de la reunión en el recinto, surgió la necesidad de contar en Tandil con más abogados que trabajen con perspectiva de género. Si bien el programa es abierto a todos los profesionales, en la ciudad no hay muchos que se hayan formado en la materia para afrontar este tipo de casos.
“Lo que dijimos es que hay que trabajarlo a través de los profesionales, ya sea de la asociación o del colegio para que se generen capacitaciones, sensibilización, para que tengan perspectiva y también este programa tenga más profesionales que quieran trabajar con Acce.DER”, indicó la concejal Maridé Condino, presidenta de la Comisión de Economía.
Los casos de género y familia recibirán tratamiento urgente
Uno de los aspectos centrales de la reforma de la ordenanza del Acce.DER establece que se dispondrá el “tratamiento urgente” de los casos de violencia de género o intrafamiliar, es decir que no se requerirá el informe socioambiental previo con el objetivo de facilitar el otorgamiento de la asistencia. Sin embargo, el Municipio completará ese requisito a posteriori.
En cuanto al nuevo enfoque sobre violencia de género o intrafamiliar, en el proyecto se define a la víctima como “a toda persona que la padezca, de manera directa o indirecta, con independencia de su autopercepción o de su orientación o preferencia sexual”.
En igual sentido, se impulsó abandonar el “catálogo cerrado” de figuras penales, ya que la víctima podrá requerir asistencia para acceder a la Justicia a partir de cualquier delito del Código o leyes especiales, que sea cometido por razones de género o como medio para ejercer violencia de género o intrafamiliar.
Matilde Vide aclaró que se optó por evitar una nómina de delitos a encuadrar, teniendo en cuenta que muchas veces ocurren hechos más allá de la lesión o la amenaza para ejercer violencia de género. Por caso, una estafa, restricciones para ver a los hijos, etc.
Además, respecto al Fuero de Familia se incorporaron tres acciones que son para el cuidado personal de menores, para restablecer el régimen comunicacional de y con menores, y privación o suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental.
Otro dato trascendente es que se ampliará de dos a cuatro por año el límite en la cantidad de solicitudes por víctima, situación que se reitera en causas de género. En paralelo, el máximo será de 85 ius arancelarios por la labor profesional.