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Con críticas por la precarización del empleo público, se creó el PIAS

En el Concejo, se ventilaron las discrepancias por la creación del programa PIAS. El programa contempla subsidios con contraprestaciones destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Para la oposición, cae en la “precarización” del empleo público. 

El Eco

Con los votos de Juntos por el Cambio y de Integrar, el Concejo creó ayer el Programa Integral de Abordaje Sociocomunitario (PIAS) y derogó el Programa de Servicios Comunitarios y  Capacitación, conocido como Secyc. Se trata de una herramienta, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, para otorgar planes sociales con contraprestaciones laborales o de capacitación.

En principio, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, Luciano Grasso, relató que la iniciativa busca “seguir profundizando una herramienta que ha utilizado el Gobierno municipal como parte integral de una política pública, que es la de entender a la política social como la planificación y la implementación, por parte del Estado, de acciones transversales que busquen garantizar derechos en el sentido amplio”.

En tanto, reconoció que los planes sociales son una herramienta, pero “se pueden usar de distinta manera”. Repasó que el Municipio, en 2001 creo el programa Promet, que en 2004 se reorganizó “con una lógica de garantizar la terminalidad educativa” y en 2008, se reformuló en becas de entrenamiento. En la línea histórica, mencionó que en 2013 se sancionó la Ordenanza 13.749, que creó el Secyc que resultó derogado ayer, en simultáneo con la instauración del PIAS.

“En cada momento histórico o en cada contexto hay que promover modificaciones de las normas, acordes al contexto actual, y en este momento es necesario fortalecer un programa que atienda a la heterogeneidad, el escenario complejo del contexto actual y que pueda fomentar la inclusión de vastos sectores de la comunidad, pero en particular priorizar a los sectores que tienen mayor grado de vulnerabilidad”, defendió Grasso.

También explicó que uno de los cambios que promueve el PIAS es que contempla tres ejes para el otorgamiento del programa, que son las contraprestaciones a través de actividades sociocomunitarias, capacitación y proyectos de autogestión.

“Entendemos que es un aporte en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, en el ejercicio pleno de la ciudadanía de los tandilenses, de la integración y fortalecimiento del entramado social, es la búsqueda de lograr un solo Tandil”, cerró.

“El uso y costumbre”

Desde el Frente de Todos, Silvia Nosei adelantó el desacuerdo de su bloque respecto a algunos puntos de la iniciativa. “No nos oponemos a ningún programa que tienda a garantizar algún tipo de ayuda a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero tampoco vemos claridad en esto y no queremos que los posibles empleados se transformen en beneficiarios, ya que los empleados tienen derechos y los beneficiarios, no”, remarcó.

Advirtió que no comparten “algún tipo de precarización” que se produce al extender este tipo de programas sin una evaluación en el tiempo. En ese aspecto, cuestionó la forma en que está redactada la ordenanza, pero también que surgió a partir de una modificación del Secyc, que “hace que por muchos años muchas personas no tengan acceso, por ejemplo, a una obra social”.

Se mostró a favor de generar un programa municipal de ingreso y fomento al trabajo, pero remarcó que “el tema es el uso y costumbre que después se le da a esos programas”, ya que “a más o menos plazo, terminan siendo contrataciones en negro, y muchas veces de manera discrecional”.

Citó varios ejemplos de trabajadores de la comuna que cobran con un Secyc, como “la gran cantidad de personal de limpieza que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano” y que no accede a un empleo en blanco; los profesores y talleristas del programa Envión, donde los valores de las horas cátedras quedan desajustados de la realidad; las trabajadoras de limpieza de los centros de salud y los integrantes de la Guardia Urbana, que depende de la Secretaría de Protección Ciudadana, área que “tiene presupuesto para incorporarlos en planta”.

En definitiva, cuestionó que la herramienta tiende a instalarse en el tiempo y genera “vulnerabilidad laboral. Salimos de una vulnerabilidad y caemos en otra”.

Como contrapartida, manifestó que su bloque propuso “una especie de nomenclador”, donde figuraran las distintas tareas alcanzadas por el programa PIAS, la cantidad de horas semanales para cada tarea y la remuneración correspondiente, a los fines de jerarquizar con un registro y que el pago no sea el mismo por cualquier tarea.

Sumado a eso, también criticó que no se realiza un seguimiento de los beneficiarios para saber si luego de la contraprestación salieron fortalecidos tras el programa.

“Discutimos las estrategias”

Su compañero, Juan Arrizabalaga hizo un repaso minucioso del articulado, pero antes aclaró que “los objetivos loables de la inclusión social todos los compartimos, lo que discutimos son las estrategias”.

Desde su perspectiva, “suma confusión cuando no se diferencia entre trabajo en el ámbito público y trabajo o participación en la economía popular por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que son dos conceptos distintos porque remiten a situaciones distintas”, pero además marcó que se confunden conceptos como “contraprestación, beneficiario o empleado, que construyen derechos distintos para las personas”.

Marcó que hay personas que hace 10 años cumplen tareas en el ámbito público y cobran un Secyc, con ingresos que pueden ser menos a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil.

A partir del análisis de la ordenanza, señaló que el artículo 1 crea el PIAS, pero nada dice del programa que deja pendiente para la reglamentación. Además, objetó que faculta a las áreas municipales a solicitar beneficiarios del PIAS para cumplir tareas, aunque dejó lugar a la duda: “Si lo está diciendo, no estamos de acuerdo”.

Pero además, contempla que los beneficiarios puedan brindar contraprestaciones en organizaciones sociales, ante lo cual se preguntó cómo y quién iba a tomar las decisiones. “Había que discutirlo un poco más”, consignó y se preguntó si había consenso con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“Creemos que estas trasformaciones institucionales, que a veces se pasan como menores, son muy gruesas. Se pasan como proyectos pequeños y hablan de un cambio de paradigma muy grande, del empleo público, de la propiedad de las empresas públicas, etc., etc., y no son para discutirlas en 15 días”, resumió.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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