Con un amplio despliegue policial, desalojaron la Regional de Anses durante la madrugada

Luego de casi 48 horas de bloqueo, el Movimimiento 1 de Octubre levantó el bloqueo que mantenía sobre el edificio donde funciona la Regional de Anses en Pinto 558. Fue ante una fuerte presencia policial que se desplazó desde Rodríguez con móviles policiales y con efectivos que llevaban un vallado que, una vez que tuvieron el control de la situación, dispusieron en el lugar hasta que los manifestantes se dispersaron.

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El momento de mayor tensión se dio a las 2.30 de ayer cuando con la orden pertinente, el personal policial pidió a los manifestantes que se retiren del lugar. Luego de algunos forcejeos y gritos por parte de los miembros de la agrupación, se fueron de la puerta del organismo oficial.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres y niños, aguardaron en la calle Pinto, entre Yrigoyen y Rodríguez, a que los agentes de la fuerza federal procedieran a la desconcentración del grupo. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Federal, que debió reunir a una considerable cantidad de personal para garantizar que el desalojo se desarrollara del modo correcto.

En diálogo con El Eco Multimedios , el director de Trabajo y Empleo de la Región Pampeana de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, Gonzalo Santamarina, se mostró satisfecho por el accionar policial que permitió retomar las tareas en ambos organismos.

Desalojo

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La primera acción policial fue sobre la Secretaría de Trabajo y Empleo durante la tarde del miércoles. Pasadas las 16, a través de una orden emitida por María Julia D’Aloisio, secretaria del Juzgado Federal 1 de Azul -cuyo titular es el magistrado Martín Bava-, los 15 integrantes de la agrupación que permanecían obstruyendo el acceso a la cartera laboral de Nación dejaron pacíficamente el edificio.

Cabe destacar que las autoridades de los organismos gubernamentales afectados, Mariano Pereyra Iraola por la Anses y Gonzalo Santamarina por Trabajo, radicaron la denuncia correspondiente para solicitar la intervención de la Justicia en el conflicto y poder volver a brindar los servicios como lo hacen de manera habitual.

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