Demolerán una construcción abandonada en Las Tunitas tras reiterados reclamos por inseguridad

El Municipio de Tandil acordó con la propietaria de un inmueble ubicado en calle Bolivia al 600, en el barrio Las Tunitas, la demolición de la construcción existente, la limpieza del terreno y la colocación de un cerco perimetral, luego de los reiterados reclamos de vecinos y de informes de organismos de seguridad que advertían sobre situaciones de inseguridad y riesgos derivados del deterioro edilicio.

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La intervención fue impulsada por la Secretaría de Protección Ciudadana a partir de la preocupación manifestada por residentes de la zona y de distintos informes elaborados para evaluar las condiciones del inmueble. Entre ellos, la Policía Departamental de Seguridad Tandil informó sobre reiteradas intervenciones en el lugar y señaló que la propiedad abandonada era utilizada con frecuencia por personas ajenas a ella.

Una propiedad abandonada que se convirtió en un foco de preocupación

De acuerdo con el informe policial, durante distintos procedimientos realizados en el inmueble se secuestraron bicicletas sustraídas y motocicletas con pedido de secuestro activo. También se identificaron personas y se adoptaron medidas preventivas y judiciales de acuerdo con las circunstancias de cada intervención.

La Policía dejó asentada, además, la preocupación expresada en reiteradas oportunidades por vecinos del sector debido al estado de abandono de la propiedad y a la presencia permanente de personas en el lugar.

Ante esta situación, el Municipio había comenzado con tareas de limpieza y acondicionamiento del espacio. Sin embargo, posteriormente parte de la construcción sufrió un incendio, lo que profundizó el deterioro y sumó un nuevo factor de riesgo relacionado con las condiciones edilicias.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, explicó que, a partir de ese episodio, se inició un proceso de diálogo con la propietaria con el objetivo de encontrar una solución. Para ello, se elaboraron informes junto con la Jefatura Departamental de Policía y el cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, destinados a determinar las condiciones de seguridad y edilicias del inmueble.

“Había una inquietud muy grande de los vecinos por el estado del espacio y por las denuncias que aseguraban que se utilizaba para distintas situaciones vinculadas a la inseguridad. Se lo limpió y acondicionó, pero luego se incendió parte del espacio y eso generó además un riesgo edilicio”, señaló Marcieri.

La funcionaria también explicó que la normativa vigente para el cerramiento de propiedades abandonadas contempla un procedimiento que puede extenderse en el tiempo. A partir de esta situación, el Municipio considera necesario revisar ese mecanismo para disponer de herramientas más ágiles ante casos similares.

En paralelo, y frente a la continuidad de la problemática, la Secretaría de Protección Ciudadana presentó el caso ante el Juzgado de Faltas N° 1, a cargo de la jueza Gabriela Vila. La presentación incluyó los informes elaborados por Bomberos y por la Jefatura Departamental y planteó distintas alternativas para resolver de manera integral la situación.

Una de las propuestas consistió en que la propietaria autorizara al Ejecutivo municipal a demoler la construcción, retirar los escombros y las malezas y acondicionar el terreno. También se planteó la instalación de un cerco de alambre olímpico en el frente y de un cartel con la leyenda “Propiedad Privada - Prohibido el ingreso”.

La medida apunta a eliminar el riesgo generado por el deterioro de la construcción y, al mismo tiempo, impedir nuevos ingresos al inmueble. De acuerdo con lo informado por la Policía Departamental, restringir el acceso permitiría evitar que el lugar continúe siendo utilizado como un ámbito propicio para la comisión de ilícitos o para conductas que afecten la seguridad y la convivencia en el sector.

Finalmente, el Municipio y la propietaria alcanzaron un acuerdo para avanzar con la intervención. Marcieri destacó que el entendimiento permitió encontrar una solución concreta a una situación que se había extendido durante varios meses. “Nos reunimos con ella el viernes y tenía una situación de impotencia porque no contaba con los medios para solucionar el problema. Le planteamos esta alternativa de la demolición, aceptó los términos y firmamos un acuerdo para poder realizarlo”, detalló.

Según lo acordado, el Municipio tendrá a su cargo la demolición, la limpieza y el acondicionamiento del terreno, mientras que los costos de los trabajos serán incorporados a los impuestos correspondientes al inmueble. De esta manera, la intervención permitirá resolver la situación actual y dejar la propiedad en mejores condiciones ante una eventual venta futura.

Por el momento, resta completar documentación relacionada con la firma de un hermano de la propietaria. Una vez cumplido ese trámite, está previsto que el Municipio comience los trabajos en el corto plazo, a través del área de Servicios.

“La intención es resolver una situación que durante mucho tiempo generó preocupación en los vecinos y que, además, presenta un riesgo edilicio”, sostuvo Marcieri.

Mientras se completa el proceso, la Policía Departamental informó que continuará realizando patrullajes preventivos en la zona y que se dará intervención inmediata ante cada requerimiento que se registre en el lugar, independientemente de las actuaciones judiciales que pudieran corresponder.

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El Eco de Tandil

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