Desde el Eje Ambiental del Acuerdo del Bicentenario apuntarán a un Tandil agroecológico y sostenible
En el marco del Acuerdo del Bicentenario, el Eje Ambiental en su Mesa de Bienes Naturales planteó la problemática de los agroquímicos y plaguicidas en Tandil, apuntando a los aspectos de la situación actual y análisis de la Ordenanza de aplicación de agroquímicos vigente.
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Encabezada por una de las coordinadoras del espacio, Roxana Banda Noriega, integrantes de esta mesa de trabajo se encontraron, como lo hacen cada 15 días, para transitar las diferentes temáticas que conforman el Eje Ambiental. En esta oportunidad, luego de una exposición de Claudio Lowy, ingeniero Forestal, master en Desarrollo Humano Sostenible, que además se está doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, tuvo lugar un debate mediante el cual se llegó al acuerdo de poner como objetivo a mediano o largo plazo un Tandil agroecológico y sostenible. De todas maneras aún no está labrada el acta que se ejecuta al término de cada reunión, donde constan las conclusiones alcanzadas.
El especialista brindó un detalle minucioso de la reglamentación local, planteando las controversias que surgen al respecto del uso de pesticidas ya sea en zonas rurales o urbanas.
Entre otros puntos, profundizó sobre el artículo 6, que determina que las aplicaciones terrestres que se deban realizar en el “Área Total” y a menos de 150 metros de casa habitación de terceros, deberán ser informadas por los responsables de la aplicación con 24 horas de anticipación, ante la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio de Tandil, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.
“Lo contradictorio es que si se permite la aplicación de plaguicidas del otro lado de las medianeras, dentro de los juegos para chicos o al lado de tu casa, es una regulación que no protege”, explicó Lowy.
En cuanto a las distancias estipuladas en la ordenanza, contó que el artículo 7 se refiere a los alcances de la legislación que prohíbe la aplicación a menos de 150 metros de centros educativos, zonas urbanas o establecimientos de producción de alimentos. Lamentablemente aseveró que “hay normas que no se cumplen”, y puso al tanto de casos de escuelas rurales donde las plantaciones agrícolas llegan a menos de 150 metros de cercanía, y las fumigaciones tienen el mismo alcance.
Índices peligrosos
En la exposición remarcó que la clasificación toxicológica vigente para los registros es realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se hace responsable de las consecuencias de su aplicación. Además, aseguró que “la entidad ignora las toxicidades subletales, crónicas, en bajas dosis y sinérgicas”. Las categorías son Ia “Sumamente peligroso”, Ib “Muy peligroso”, II “Moderadamente peligroso”, III “Poco peligroso” y IV “Productos que normalmente no ofrecen peligro”.
En relación, el experto advirtió que la reglamentación se sustenta en estudios que no fueron publicados, no son científicos, y su realización estuvo a cargo de las empresas directamente interesadas.
En este sentido destacó la importancia de conocer cómo están conformados los grupos de expertos que realizan las evaluaciones toxicológicas para la OMS, ya que son conjuntos de profesionales que deben representar a todas las “escuelas de pensamiento”. Sin embargo, en la última clasificación realizada que data de 2009 y es el único estudio oficial sobre el glisfosato, no hay ningún experto que personifique a América Latina, por ejemplo, ni a otras regiones. Como si fuera poco, Lowy documentó que el equipo observador de procesos estuvo conformado por un grupo de agricultura de Monsanto, la empresa creadora del pesticida.
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