Desde la Campaña por el Aborto Legal trabajarán para que las leyes vigentes se apliquen
Luego del revés legislativo que el proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo sufrió en el Senado, las referentes locales de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestaron que continuarán trabajando para garantizar que los protocolos y leyes vigentes al respecto se apliquen plenamente en la ciudad.
Las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Tandil, brindaron una conferencia de prensa para exponer cómo continuarán trabajando sobre el tema a partir de que el Senado rechazó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo la semana pasada.
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Liliana Giannatasio, histórica referente local de la campaña, expresó que a pesar del revés legislativo la capacidad para continuar trabajando permanece intacta y remarcó que se dieron muchos avances en la sociedad desde que el proyecto se presentó por séptima vez el último 8 de marzo y consiguió ser tratado en el Congreso, obteniendo media sanción en Diputados.
“Quedaron demostrados los argumentos que sostenemos desde la campaña, que fueran vistos como asuntos de políticas públicas y de salud. Hemos avanzado notablemente en lo que significa la despenalización social del aborto y si no salió hoy, la ley va a salir mañana, pero hay que salir de la clandestinidad porque lleva a más muertes”, puntualizó.
Las mujeres contaron que son muchas las instituciones, agrupaciones y feministas nucleadas en la campaña que trabajan sobre este tema y se ocuparán de monitorear la legislación existente para garantizar su aplicación. El trabajo está enfocado en dos leyes fundamentales: la de Educación Sexual Integral y el Protocolo de Aborto Legal por Causales.
“Vamos a hacer un diagnóstico de situación e insistir sobre dos leyes que ya existen. Por un lado la de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Deberían estar atendiendo en los hospitales públicos todas las situaciones previstas en el fallo FAL e incluidas en el protocolo de Nación. Sabemos que eso no sucede en todas partes”, agregó Giannatasio.
“Seguiremos luchando y monitoreando la implementación de los protocolos. En Tandil se oficializó recién este año el protocolo de la Provincia, tenemos a los profesionales en el Hospital Santamarina y hay un compromiso político de garantizarlo. Lo que pasaba era que el servicio de tocoginecología es absolutamente objetor de conciencia, pero hemos logrado que el Municipio adhiera y lo lleve adelante”, explicó Gisela Giamberardino, otra de las integrantes del movimiento.
Además, las mujeres compartieron extractos del documento que la campaña a nivel nacional redactó para definir un plan de lucha concreto frente al panorama que se presenta tras el rechazo del proyecto de ley.
El protocolo sobre Interrupción Legal del Embarazo
El Protocolo de Nación, al que la Provincia no adhirió en 2016, indica que “la legislación reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación (art. 86, Código Penal)” y añade que “este derecho incluye a todas las personas con capacidad para llevar adelante una gestación sin discriminación que se encuentren en alguna de esas situaciones”.
Desde la campaña advirtieron que en la Provincia de Buenos Aires hay muchos municipios en los que las mujeres no pueden ir a plantear problemas que podrían estar cubiertos por el Protocolo de Atención Integral de Aborto no Punible de la jurisdiscción, debido a que los servicios médicos son objetores de conciencia, aunque la legislación actual prescribe que todos los distritos deben adherirse al protocolo propio de la Provincia, que posibilita la interrupción por causales (violación o riesgo de vida).
La importancia de la educación sexual
Otro de los pilares en los que se basa el trabajo de la campaña es la Ley de Educación Sexual Integral de implementación obligatoria en todas las escuelas. “Vamos a monitorear la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en Tandil. La mayoría de las personas reconoce la importancia de la educación pero el Estado ha desfinanciado y recortado programas vinculados a estas acciones. No hay datos sistematizados y es mucho trabajo empezar a ver en qué escuelas se aplica la ESI como dice la ley, y hay diferencias entre las públicas y las confesionales. Existen diferentes niveles de compromiso, porque no es dar dos charlas con médicos, eso no es lo que prescribe la ley, no hay calidad educativa en ese caso”, concluyeron.
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